Regidores de Moquegua sin presupuesto para fiscalización en 2025, advierte Contraloría

La Contraloría General de la República alertó que doce municipalidades distritales en la región Moquegua no han garantizado el presupuesto mínimo exigido por ley para que los regidores puedan cumplir con su función fiscalizadora en el año 2025. Algunas de estas comunas no incluyeron los recursos en sus Presupuestos Institucionales de Apertura (PIA), mientras que otras asignaron montos inferiores a lo establecido en la normativa vigente.

Municipios sin presupuesto asignado

Los informes de orientación de oficio emitidos por la Contraloría detallan que las municipalidades distritales de Cuchumbaya, San Cristóbal, Samegua, Puquina, Lloque, Ichuña y Yunga no programaron la actividad de Supervisión y Control en el PIA 2025, por lo que no destinaron los fondos requeridos por la Ley N° 31812. De acuerdo con la normativa, estos municipios debieron asignar los siguientes montos:

• Cuchumbaya: S/ 8 886
• San Cristóbal: S/ 9 710
• Samegua: S/ 20 248
• Puquina: S/ 11 601
• Lloque: S/ 7 526
• Yunga: S/ 6 396
• Ichuña: S/ 25 860

Municipios con presupuesto insuficiente

Asimismo, la Contraloría identificó que las municipalidades de General Sánchez Cerro – Omate, La Capilla, Chojata, Quinistaquillas y Coalaque incluyeron montos menores al mínimo exigido por la ley:

• General Sánchez Cerro – Omate: asignó S/ 13 000, cuando debía ser S/ 68 807.
• La Capilla: incorporó S/ 3 000, en lugar de S/ 8 904.
• Chojata: destinó S/ 9 241, aunque correspondía S/ 13 942.
• Quinistaquillas: solo asignó S/ 1 000, cuando debió ser S/ 7 161.
• Coalaque: incorporó S/ 4 000, en vez de S/ 6 292.

Impacto en la fiscalización municipal

La falta o insuficiencia de estos recursos compromete la labor fiscalizadora de los concejos municipales, afectando su capacidad para supervisar la gestión del alcalde y de los funcionarios municipales. La Contraloría ha comunicado estos hallazgos a los titulares de las municipalidades involucradas, exhortándolos a adoptar medidas correctivas que permitan cumplir con la normativa vigente y garantizar la fiscalización de la gestión pública.