Revelan irregularidades por más de S/ 625 mil en construcción de parque temático de San Antonio

La Contraloría ha destapado irregularidades tanto en el proceso de selección como en la ejecución de la obra conocida como «Creación del parque recreacional de la Asociación de Vivienda López Albújar», más conocido como el parque temático del distrito de San Antonio. Dichas irregularidades han generado un perjuicio económico total de S/ 625 mil en contra de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto (MPMN).

El informe de Auditoría de Cumplimiento N° 054-2023-2-0446, que evaluó las acciones de la entidad en el periodo comprendido entre el 8 de noviembre de 2019 y el 10 de octubre de 2021, señala la presunta responsabilidad civil, penal y administrativa de ocho exservidores y exfuncionarios municipales.

Entre las observaciones destacadas se encuentra la construcción de la losa deportiva multidisciplinaria del parque temático, la cual se llevó a cabo sin cumplir las especificaciones técnicas adecuadas. Además, se evidenció un diseño deficiente en la ejecución del drenaje y la colocación de geomembrana, lo que provocó asentamientos, grietas y fisuras en su estructura, así como la pérdida de áreas verdes.

Asimismo, se detectaron irregularidades en la adquisición e instalación de la estructura metálica liviana en la losa deportiva. Funcionarios de la entidad otorgaron la buena pro a un postor que no cumplió con los requisitos de calificación, concediéndole además una ampliación de plazo y evitando la aplicación de penalidades por retraso.

Los implicados en estos hechos ocuparon diversos cargos, como Gerente de Asesoría Legal, Subgerente de Logística y Servicios Generales, Inspectores de Obra, Residente de Obra, así como el titular y dos miembros de la Comisión de Selección permanente.

Ante esta situación, el informe ha sido comunicado al alcalde provincial de la MPMN para que inicie el deslinde de responsabilidades administrativas correspondientes. Además, se ha recomendado a la Procuraduría Anticorrupción emprender las acciones legales de índole penal pertinentes, y a la Procuraduría Anticorrupción el inicio de acciones civiles para recuperar el dinero perdido.

Aquí se puede leer el informe.