La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mariscal Nieto logró que se dicte prisión preventiva para un conductor que causó una tragedia en las vías de la región. El investigado ingresó al establecimiento penitenciario mientras continúan las investigaciones por el fatídico hecho.

El pedido de prisión preventiva lo formuló el Tercer Despacho de la mencionada fiscalía corporativa. La medida coercitiva recae sobre Alex Juli Callata, quien manejaba un camión de gran tonelaje que colisionó contra una unidad de transporte público. El hecho dejó como saldo 03 personas fallecidas y más de una decena de pasajeros heridos.

Detalles del accidente en la Panamericana Sur

El trágico suceso aconteció el pasado 29 de junio en la carretera Panamericana Sur. El imputado conducía el vehículo de carga pesada con dirección a la ciudad de Arequipa. Durante el trayecto, el conductor invadió el carril contrario de forma intempestiva e impactó frontalmente contra un vehículo de pasajeros tipo «van» que se desplazaba en sentido opuesto.

Los exámenes de dosaje etílico confirmaron que el chofer operaba la unidad en estado de ebriedad. El resultado arrojó 0.84 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite permitido por la legislación peruana para conductores de transporte de carga y pasajeros.

Sustentación fiscal y peligro de fuga

La fiscal adjunta provincial, Adela Espinoza Barrera, estuvo a cargo de sustentar los elementos de convicción ante el Juzgado de Investigación Preparatoria. La representante del Ministerio Público detalló que, debido a la gravedad de los delitos cometidos, la posible pena a imponerse al procesado podría alcanzar los 20 años de pena privativa de la libertad.

La fiscalía argumentó que el detenido carece de arraigo laboral, domiciliario y familiar en la zona, lo que genera un evidente peligro de fuga y de obstaculización de la justicia. Ante los riesgos procesales y la necesidad de actuar las diligencias pendientes, el Poder Judicial declaró fundado el requerimiento por un plazo de 9 meses de prisión preventiva. Al concluir este periodo, el investigado afrontará la etapa de acusación fiscal y el posterior juicio oral.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua ejecutó este miércoles un operativo simultáneo de allanamiento, registro domiciliario e incautación de documentos en seis puntos de las regiones de Moquegua y Lima. La medida se dictó en el marco de una investigación por el delito de cohecho pasivo en el ejercicio de la función policial.

El requerimiento fiscal lo presentó la fiscal provincial Miriam Velasco Valencia, del Cuarto Despacho de la fiscalía especializada, tras denunciarse que detienen a policías en Moquegua por el presunto cobro de un soborno. La acción penal contó con el apoyo de la Dirección contra la Corrupción (DIRCOCOR) y la Defensa Pública.

Intervención policial y presunto chantaje

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de abril en las inmediaciones de la calle Piura con Mariano Lino Urquieta. Dos efectivos a bordo de un patrullero intervinieron a un conductor, a quien acusaron falsamente de manejar bajo los efectos del alcohol. Los agentes le solicitaron un pago de 600 soles a cambio de no ponerlo a disposición de la justicia.

De acuerdo con la denuncia del agraviado, los policías lo agredieron físicamente y lo trasladaron hacia una zona de trocha en el distrito de San Antonio. Ante la presión de los custodios, la víctima contactó a su conviviente para reunir el dinero exigido. El pago se efectuó mediante una entrega de 300 soles en efectivo y una transferencia de otros 300 soles a través del aplicativo digital Yape, dirigida a la cuenta de una tercera persona.

Allanamiento simultáneo y detenciones

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Mariscal Nieto declaró fundado el pedido del Ministerio Público para el descerraje y allanamiento de las propiedades vinculadas. Las diligencias se desarrollaron en inmuebles de la avenida Balta, Chen Chen, Cuajone y en la base del área de Emergencia 105 en Moquegua, además de dos viviendas en Lima correspondientes a la titular de la cuenta receptora.

La orden judicial determinó la detención preliminar por 7 días de los suboficiales Renato Joel Prado Escalante y Javier Maldonado Colque Ccama, ambos miembros del servicio de Emergencia 105. Asimismo, las autoridades capturaron a la mujer identificada con las iniciales S.F.M., de 36 años, sindicada como la receptora del dinero ilícito. El operativo concluyó con la incautación de celulares, equipos de cómputo y memorias de almacenamiento.

La Contraloría General de la República (CGR) identificó un perjuicio económico de S/ 104,772 en el proyecto del Sistema Integral de Gestión de Residuos Sólidos de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. El daño se originó por la aprobación, trámite y pago de un adicional de obra para adquirir sistemas de elevación hidráulica de contenedores de basura, que resultaron inviables.

Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 012-2026-2-0446-AC, que evaluó el periodo comprendido entre el 6 de julio de 2018 y el 30 de octubre de 2023, la entidad aprobó el Expediente de Prestación Adicional de Obra N° 06 para instalar brazos mecánicos «alza contenedores» en dos camiones compactadores nuevos.

Sobrecarga dañó permanentemente los vehículos

Los técnicos y servidores municipales omitieron evaluar que las unidades, por su capacidad y diseño, no soportaban el peso de la estructura hidráulica. Al instalarse, los sistemas generaron una sobrecarga crítica que comprometió gravemente la estabilidad de los camiones.

Esta falla deformó de manera permanente los muelles y ballestas parabólicas de la suspensión, y redujo la altura de los vehículos hasta el punto de chocar contra el pavimento y los rompemuelles de las vías urbanas de Moquegua.

Equipos abandonados y trabajo manual

A pocos meses de su puesta en marcha, las unidades presentaron severos desperfectos mecánicos e hidráulicos, lo que obligó a desmontar los sistemas ante la inviabilidad operativa y los riesgos para la seguridad laboral.

Durante las inspecciones, la comisión auditora constató que los brazos mecánicos permanecen en el taller municipal, tirados en el suelo, desprotegidos y en avanzado estado de deterioro. Como consecuencia, el personal de limpieza pública debe realizar el vaciado y levantamiento de contenedores de forma manual.

Cinco exservidores enfrentan responsabilidad civil

La CGR determinó la presunta responsabilidad civil de cinco exservidores de las subgerencias de Estudios de Inversión, Inspección de Obra y de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras. Estos funcionarios emitieron opiniones favorables y tramitaron los adicionales sin sustento técnico, vulnerando la Ley de Contrataciones del Estado.

El informe fue notificado a la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República para que inicie las acciones civiles correspondientes. Asimismo, se recomendó al titular de la municipalidad implementar las recomendaciones técnicas y actualizar las directivas de control interno de la entidad.