La Contraloría General de la República alertó que el consorcio a cargo del proyecto Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco (AICC) propuso una ampliación de la fecha de culminación de las obras por dos años adicionales, trasladando el término de diciembre de 2026 a diciembre de 2028. Según el Informe de Hito de Control n.° 5815-2026-CG/MPROY-SCC, esta modificación carece de justificación técnica y representa un desfase de 712 días respecto al cronograma contractual vigente, lo que genera incertidumbre sobre el costo final de la inversión, actualmente valorizada en S/ 3 067 602 848.

Durante las inspecciones realizadas entre el 6 y el 21 de abril de 2026, la comisión de control constató un retraso injustificado del 27 % en infraestructuras críticas como el Terminal de Pasajeros y el cerco perimétrico. El contratista decidió suspender unilateralmente los trabajos en estas áreas sin previa instrucción del ingeniero supervisor, manteniendo únicamente labores en la estructura metálica del techo. Esta acción contraviene el contrato de Estado a Estado suscrito con la República de Corea, el cual exige informes justificativos y métodos de aceleración cuando el ritmo de ejecución es insuficiente para cumplir los plazos previstos.

A la crisis operativa se suma un déficit presupuestal de S/ 65 358 641 por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Aunque la entidad programó gastos por S/ 477 422 367 para el presente año fiscal, solo cuenta con una asignación de S/ 412 063 726. Esta falta de liquidez pone en riesgo la continuidad física de la obra y la capacidad del Estado para cumplir con las contraprestaciones oportunas y los nuevos compromisos financieros necesarios para el desarrollo del proyecto aeroportuario.

Asimismo, la Contraloría advirtió un conflicto social latente debido a que el contratista adeuda US$ 895 562 a proveedores locales de las comunidades campesinas de Ayllopongo, Racchi Ayllu y Yanacona. La Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) indicó que este incumplimiento de pagos es una situación recurrente que afecta directamente a los pobladores del área de influencia. Los resultados del informe fueron notificados al Viceministerio de Transportes para que se adopten medidas correctivas inmediatas que garanticen la viabilidad de esta obra estratégica para el desarrollo socioeconómico y turístico de la región Cusco.

El Poder Ejecutivo aprobó el Decreto de Urgencia N° 003-2026, una norma que establece mecanismos urgentes para enfrentar la crisis energética y garantizar el suministro de combustible en todo el país. Esta disposición contempla un esquema de financiamiento de hasta 2000 millones de dólares, recursos que provendrán exclusivamente de la banca privada internacional para asegurar la operatividad de la empresa estatal Petroperú.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, aclaró que esta medida no representa un rescate financiero con fondos estatales. Por primera vez en la historia reciente de la empresa, el capital no se obtendrá del Tesoro Público, lo que significa que no se utilizarán impuestos de los ciudadanos para esta operación. Para gestionar estos fondos, se creó un vehículo de propósito especial y un fideicomiso controlado por ProInversión, diseñado para proteger el nuevo flujo de caja de las deudas previas de la institución.

La normativa establece que los recursos tendrán un uso restringido exclusivamente para la compra de crudo y el mantenimiento de la cadena de suministro. El Ministerio de Energía y Minas (Minem) brindará una garantía no financiera como respaldo estratégico para generar confianza en los mercados internacionales, sin que esto implique la salida de dinero público. Este modelo busca evitar desabastecimientos en regiones críticas como Loreto, Madre de Dios y Ucayali, donde Petroperú concentra hasta el 85 % del mercado.

El premier Arroyo reafirmó que, aunque Petroperú mantendrá su condición de empresa estatal, el Gobierno de transición implementará reformas estructurales para lograr una gestión sostenible. La norma, que lleva la firma del presidente José María Balcazar, complementa lo dispuesto en el decreto de urgencia 010-2025 y acelera el proceso de reorganización patrimonial de la petrolera para evitar una crisis de energía a nivel nacional.

La pobreza monetaria en Perú afectó al 25,7% de la población durante el 2025, una cifra que evidenció una caída de 1,9 puntos porcentuales frente al 27,6% del año 2024. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló que 567.000 ciudadanos salieron de esta condición, aunque 8 millones 823.000 peruanos continuaron en situación de vulnerabilidad económica.

A pesar del descenso reciente, el indicador no recuperó los niveles previos a la crisis sanitaria del año 2019, cuando se ubicó en 20,2%. El análisis por ámbito geográfico demostró que la pobreza urbana disminuyó al 23,4%, mientras que la zona rural redujo sus cifras al 35,5%.

Costo de vida y pobreza extrema

El INEI detalló que la canasta básica de consumo costó S/462 mensuales por persona. Un hogar de cuatro integrantes necesitó al menos S/1.848 mensuales para cubrir sus gastos esenciales de alimentación, transporte, vivienda, salud y educación.

La pobreza monetaria extrema también registró un descenso y afectó al 4,7% de la población nacional. Unos 258.000 ciudadanos superaron este umbral, pero 1 millón 614.000 personas no lograron adquirir la canasta alimentaria de S/260 mensuales. El sector rural redujo su tasa al 11,4%, pero Lima Metropolitana experimentó un incremento hasta el 3,6%.

Rezago regional y crecimiento económico

Carolina Trivelli, exministra de Desarrollo e Inclusión Social, lamentó la situación del país en el contexto latinoamericano. La especialista indicó que Perú resultó la nación más alejada de recuperar sus cifras del año 2019, por detrás de Honduras, Argentina y Colombia.

Javier Herrera, director del Instituto Francés de Investigación de Desarrollo, observó que la economía peruana acumuló un crecimiento del 10,8% en el Producto Bruto Interno (PBI) desde 2019, pero la pobreza permaneció 5,5 puntos porcentuales por encima de su nivel prepandemia. El investigador propuso impulsar políticas redistributivas y fomentar el empleo adecuado. El informe institucional precisó que el 30% de los jefes de hogar en la informalidad enfrentaron la pobreza.

Inseguridad alimentaria y panorama electoral

Javier Portocarrero, director ejecutivo del Consorcio Investigación Económica y Social (CIES), solicitó incluir la lucha contra la pobreza como eje central en las propuestas de la segunda vuelta presidencial.

El estancamiento económico también agravó la crisis alimentaria nacional. El Instituto de Estudios Peruanos (IEP) reportó que el 40% de los adultos careció de alimentos en su hogar durante los últimos tres meses. Además, el análisis territorial confirmó que 16 de las 25 regiones peruanas registraron niveles de pobreza superiores a la prepandemia, con alzas críticas en Tumbes, Ayacucho y Huancavelica. Las estadísticas contabilizaron 2 millones 892.000 nuevos pobres urbanos frente al 2019, de los cuales 1 millón 677.000 residieron en Lima Metropolitana y el Callao.