El candidato de Juntos por el Perú (JPP), Roberto Sánchez, consolidó su posición en el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Al 97.123 % de actas contabilizadas, el aspirante presidencial suma 1’965,378 votos válidos (12.049 %), superando por una diferencia de 29,322 sufragios a Rafael López Aliaga, quien alcanza 1’936,056 votos (11.869 %). Estos resultados parciales sitúan a Sánchez en la ruta hacia la segunda vuelta electoral programada para el próximo 7 de junio.

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, encabeza el escrutinio nacional con 2’791,616 votos, cifra que representa el 17.114 % del total procesado. Hasta el momento, la autoridad electoral contabilizó 92,766 actas, mientras que 2,669 documentos permanecen en los jurados electorales especiales debido a observaciones técnicas o impugnaciones que requieren una revisión legal para su integración definitiva al cómputo general.

Ante el avance del conteo, Sánchez manifestó su convicción de disputar el balotaje y exhortó a las autoridades electorales a mantener la celeridad en el procesamiento de las actas restantes. El candidato remarcó la importancia de respetar la voluntad popular expresada en las urnas y subrayó la responsabilidad de los organismos del sistema electoral para concluir el proceso con transparencia.

En el ámbito programático, el representante de Juntos por el Perú descartó la salida del país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Durante una reunión con la prensa extranjera, Sánchez afirmó que su gestión no denunciará el Pacto de San José ni impulsará la pena de muerte para combatir la inseguridad ciudadana. Por el contrario, propuso fortalecer la reforma del sistema de justicia y planteó la cadena perpetua como una alternativa frente a la criminalidad organizada.

Ricardo Jampier Acuña Quispe, de 20 años y único sobreviviente que se entregó tras el operativo militar en Huancavelica, cambió radicalmente su versión sobre los hechos ocurridos el pasado 25 de abril. El joven denunció que efectivos del Ejército lo obligaron, bajo amenaza de muerte, a firmar una confesión falsa donde admitía transportar armamento y sustancias ilícitas para justificar el ataque que dejó un saldo de cinco personas fallecidas.

En su nuevo testimonio, Acuña Quispe afirmó que los uniformados no estaban identificados y vestían ropa civil con capuchas, lo que generó pánico entre los ocho ocupantes del vehículo. «No pensábamos que eran militares; el conductor habría pensado que eran rateros», explicó el sobreviviente, justificando así el intento de fuga de la camioneta ante lo que creyeron era un asalto. Durante la intervención, la patrulla militar realizó aproximadamente 60 disparos contra el vehículo civil.

La defensa de las víctimas resaltó que, tras las diligencias en la escena, las autoridades no hallaron armas ni droga, lo que contradice la hipótesis inicial de un enfrentamiento con narcotraficantes. El abogado de los deudos calificó la primera declaración de Acuña como un «invento del Ejército» para encubrir una intervención arbitraria e ilegal. Por su parte, los familiares sostienen que los fallecidos eran jóvenes que retornaban de un evento deportivo.

Pese a que el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, informó que uno de los fallecidos era un ciudadano colombiano con antecedentes por tráfico de armas, las inconsistencias en el operativo mantienen la presión sobre la Fiscalía. El caso dio un giro crítico al revelarse que el joven sobreviviente solo se entregó cuando vio llegar a una patrulla debidamente uniformada, sintiéndose seguro tras haber permanecido oculto por temor a los atacantes iniciales.

Efectivos militares dispararon contra civiles que viajaron en una camioneta por el sector Puente Mellizo, ubicado en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja (Huancavelica). El ataque sucedió a las 4:30 de la madrugada del sábado 25 de abril y dejó un saldo de cinco personas fallecidas. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) afirmó que la patrulla actuó en legítima defensa frente a un grupo armado vinculado al narcotráfico.

Testimonios revelaron conexión previa con el traslado de drogas

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tayacaja inició una investigación por homicidio calificado contra ocho militares, entre ellos dos oficiales y seis suboficiales. Durante las diligencias, el sobreviviente Ricardo Acuña Quispe entregó su declaración y contradijo la versión de la institución armada. El testigo confesó que transportó 13 kilos de droga en una mochila desde el distrito de Vizcatán y que cobró 1,300 soles por el encargo.

Acuña Quispe relató que un grupo de 50 hombres colaboró en el traslado de narcóticos a través del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). El declarante aclaró que la droga permaneció en otro vehículo y no en la camioneta que recibió 60 impactos de bala. Además, explicó que el conductor, Nilson Montenegro Valencia, aceleró el automóvil por temor, pues confundió a los uniformados con asaltantes de carreteras.

Abogado de los familiares rechazó las acusaciones del Ejército

Las autoridades identificaron a las víctimas mortales como Ever Romero Sivipaucar (37), Jaime Bendezú Paraguay (28), William Nuñez Soto (19), Christian Vilcatoma Águila (18) y el ciudadano colombiano Nilson Montenegro Valencia. El abogado de los deudos, Anthony Crespo, negó que los fallecidos trabajaron como mochileros del narcotráfico. El defensor legal aseguró que los fiscales no hallaron armamento ni drogas dentro del automóvil acribillado.

Crespo subrayó que los exámenes toxicológicos aplicados a los sobrevivientes arrojaron resultados negativos para clorhidrato de cocaína. El representante legal acusó al Ejército de difundir excusas irreales para justificar la muerte de personas inocentes. Los miembros de la patrulla militar permanecieron bajo detención hasta la tarde del lunes 27 de abril para facilitar las investigaciones de ley correspondientes.