La Contraloría General de la República advirtió al Ministerio del Interior (Mininter) sobre el almacenamiento prolongado de prendas destinadas a la Policía Nacional del Perú (PNP) en el almacén del Núcleo Ejecutor de Compras (NEC) Textil Confecciones, ubicado en Lurín.

Según el Informe de Orientación de Oficio n.° 012-2026-OCI/0282-SOO, evaluado entre el 26 de mayo y el 1 de junio de 2026, algunas prendas permanecen almacenadas hasta por 10 meses, bajo condiciones que podrían afectar su vida útil.

Prendas almacenadas por largos periodos

Durante la inspección realizada el 14 de mayo, se identificaron diversos artículos con prolongado tiempo de almacenamiento:

• Chompas tipo Jorge Chávez: hasta 10 meses.
• Calcetines deportivos: entre 8 y 9 meses.
• Buzos de fatiga: entre 6 y 7 meses.
• Blusas y camisas: entre 2 y 3 meses.

Esta situación genera riesgo de deterioro prematuro antes de su entrega a las unidades policiales.

Retrasos en distribución y responsabilidades

La comisión de control solicitó explicaciones al Programa Nacional Compras MYPErú, al Mininter y a la PNP sobre la demora en la distribución.

Desde la PNP se indicó que la responsabilidad recae en el NEC Textil Confecciones, mientras que esta entidad señaló que la demora responde a procesos técnicos, certificaciones y gestiones para contratar el servicio logístico.

Aunque el Mininter autorizó la distribución, el cronograma presentado aún es tentativo, debido a que el servicio logístico sigue en fase de indagación de mercado.

Observaciones en almacenamiento y control

La Contraloría también detectó condiciones inseguras en el almacén, como la ausencia de extintores.

Además, se identificó que en el 11% de las cajas inspeccionadas no coincidía el contenido con el etiquetado. También se observaron superficies empolvadas y cajas sin identificación adecuada.

Estas deficiencias afectan el control y conservación de los bienes destinados al personal policial.

Recomendaciones al Ministerio del Interior

La Contraloría recomendó comunicar los hallazgos al titular del Mininter para que adopte medidas correctivas que garanticen la adecuada distribución de la indumentaria a las unidades ejecutoras de la PNP.

El informe completo se encuentra disponible en el portal institucional para consulta pública.

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, afirmó que existe un supuesto “fraude en desarrollo” en la segunda vuelta electoral y advirtió que no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori si no se resuelve su pedido de nulidad.

Durante una conferencia de prensa, el postulante cuestionó decisiones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) respecto al tratamiento de votos emitidos en el extranjero.

Cuestionamientos al voto en el exterior

Sánchez presentó una solicitud para anular los votos de 119 oficinas consulares, argumentando irregularidades en el proceso electoral fuera del país.

Según indicó, la eliminación del escaneo y digitalización obligatoria de actas —medida adoptada tras problemas logísticos en la primera vuelta— habría afectado la cadena de custodia.

El candidato sostuvo que estos cambios podrían permitir una presunta manipulación de votos, aunque no presentó pruebas que respalden sus afirmaciones.

Anuncio de movilizaciones y rechazo a resultados

El líder de Juntos por el Perú anunció movilizaciones a nivel nacional como medida de protesta frente a lo que considera irregularidades en el proceso.

Asimismo, reiteró que su agrupación no reconocerá los resultados si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no atiende su demanda conforme a la normativa electoral.

Respuestas del Ejecutivo y Fuerza Popular

El canciller Carlos Pareja rechazó las acusaciones y señaló que la Cancillería solo cumplió funciones logísticas en el proceso electoral en el extranjero.

Por su parte, Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, calificó la denuncia como un “acto desesperado” y afirmó que no se presentaron pruebas que sustenten la nulidad solicitada.

El debate se produce en un contexto de alta tensión política tras la segunda vuelta electoral, mientras las autoridades electorales continúan con el proceso de evaluación y proclamación de resultados.

Al menos 3.875 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron investigados por casos de violencia contra la mujer y personas vulnerables entre 2018 y 2025, en una institución que cuenta con unos 135.000 agentes.

Del total, el 94% corresponde a suboficiales, aunque también se registraron oficiales implicados. Solo en 2025, entre enero y octubre, se reportaron 1.636 denuncias, de las cuales apenas 196 derivaron en detenciones.

Bajo nivel de sanción en casos de violencia

Pese a la gravedad de los hechos, solo el 31% de los procesos contra policías por violencia de género concluyó con sanción. El restante 69% fue archivado por absoluciones, retiro de denuncias o caducidad.

En Lima, se registraron 451 policías implicados, pero únicamente 42 fueron detenidos, lo que refleja limitaciones en la respuesta institucional.

Según el Ministerio Público, en el mismo periodo se emitieron 13.023 sentencias por violencia contra la mujer en el país, lo que evidencia una brecha frente a los casos que involucran a agentes policiales.

Casos en zonas sensibles como el VRAEM

La Defensoría del Pueblo reportó que en 2025 al menos 19 policías fueron imputados por violencia en el VRAEM, una zona marcada por el narcotráfico.

A pesar de las denuncias, varios efectivos continuaron en funciones o fueron reasignados a unidades como el Frente Policial Vraem o dependencias en Lima e Ica.

Casos emblemáticos bajo investigación

Entre los casos más graves figura el del suboficial José Villafán Arteaga, quien confesó el asesinato de su colega Marleni Rucana Silvestre, de 27 años, ocurrido en Áncash. El agente cumple prisión preventiva.

Otro proceso relevante es el del presunto feminicidio de Lesly Vicente Félix, ocurrido en 2020 en Huánuco, donde un policía figura como principal investigado.

Asimismo, el Ministerio Público investiga al suboficial Felipe Gutiérrez Arzapalo por el presunto feminicidio de su pareja Lisandra Gonzales García, en Lima.

Cuestionamientos a la institución policial

Especialistas y organizaciones como Familias Unidas por Justicia advirtieron problemas estructurales dentro de la PNP, como falta de protocolos eficaces y una cultura institucional que dificultaría la denuncia.

También se señaló que la continuidad en funciones de policías denunciados genera riesgos, especialmente al tratarse de personal armado.

Desde la institución policial se informó que se realizan procesos de capacitación y sensibilización para prevenir y atender casos de violencia de género.