El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) declaró la emergencia sanitaria nacional por influenza aviar en todo el territorio peruano por un periodo de 90 días calendario. La medida extraordinaria busca contener la propagación del virus H5N1 y proteger la producción avícola, un sector clave para el abastecimiento de alimentos en el país.

La decisión de la autoridad sanitaria, adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), responde al riesgo inminente que representa esta enfermedad altamente contagiosa para la seguridad alimentaria, considerando que el pollo y el huevo fresco concentran el 70 % de la proteína animal que consume la población.

Detección del brote en aves de corral

El origen de esta declaratoria oficial se sitúa en la provincia de Cañete, específicamente en el distrito de San Vicente de Cañete, en la región Lima. El Centro de Diagnóstico de Sanidad Animal confirmó el diagnóstico positivo de influenza aviar de alta patogenicidad subtipo H5N1 el pasado 6 de julio.

Ante esta situación, los especialistas del sector ordenaron la cuarentena inmediata del predio afectado, el sacrificio sanitario de la totalidad de las aves del recinto y el establecimiento de una zona perifocal de control. Las evaluaciones epidemiológicas constantes determinarán si el plazo de la alerta nacional se extiende más allá de los tres meses fijados inicialmente.

Restricciones y medidas de bioseguridad obligatorias

La normativa vigente durante esta emergencia prohíbe terminantemente la movilización de aves domésticas vivas y sus productos sin la certificación sanitaria oficial del Senasa. Asimismo, quedan suspendidas las ferias agropecuarias, exposiciones y eventos gallísticos en las zonas declaradas bajo vigilancia.

Los productores y propietarios de establecimientos avícolas deben reforzar de manera obligatoria las medidas de bioseguridad en sus accesos, implementar sistemas de desinfección y reportar con urgencia cualquier sospecha de enfermedad. El incumplimiento de estas directrices sanitarias facultará a la entidad a solicitar el apoyo de la fuerza pública para aplicar las sanciones correspondientes.

Los resultados de los Censos Nacionales 2025 revelaron cambios significativos. El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán Flores, advirtió sobre un menor crecimiento poblacional en Perú, acompañado de un acelerado proceso de envejecimiento. Este fenómeno forma parte de la nueva etapa de transición demográfica del país.

El informe expuso que la población nacional alcanzó los 34,2 millones de habitantes durante el año 2025. De esta cifra, un total de 32,7 millones de personas fueron censadas efectivamente en el territorio. El organismo destacó que la dinámica poblacional mostró una madurez evidente, con cambios en los patrones migratorios y una mayor esperanza de vida.

Desafíos de la urbanización nacional

La población urbana ascendió a 26,4 millones de habitantes, lo que confirmó el predominio de las ciudades sobre las zonas rurales. Actualmente, existen 92 ciudades con al menos 20 mil habitantes, donde la costa concentró el 74,4 % de los residentes. La selva peruana elevó su participación urbana hasta el 18,1 % del total.

Lima Metropolitana y el Callao lideraron la lista con cerca de 11 millones de residentes, seguidas por Arequipa con 1,2 millones de habitantes. Trujillo y Chiclayo completaron los principales polos de desarrollo económico y comercial. Ante estas cifras, especialistas de ONU Habitat señalaron la necesidad urgente de mejorar la planificación y gestión del suelo.

Esta tendencia de un menor crecimiento poblacional en Perú demanda políticas públicas focalizadas para reducir las brechas territoriales existentes. El jefe del INEI enfatizó que la información obtenida permitirá fortalecer la focalización de las intervenciones del Estado para reducir la pobreza en las áreas urbanas del país.

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” mantiene el estado de alerta ante la persistencia de condiciones climáticas que incrementan el riesgo de precipitaciones intensas e inundaciones. Por ello, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto Supremo 097-2026-PCM, que declaró el estado de emergencia en 796 distritos por peligro inminente ante la temporada de lluvias.

Frente a este escenario, la Contraloría General de la República activó el operativo de control simultáneo denominado Descolmatación y Limpieza de Ríos y Quebradas. El contralor general, César Aguilar, orientó esta estrategia hacia la generación de valor público y rentabilidad social, con el fin de asegurar que la gestión de riesgos proteja de manera efectiva a los ciudadanos.

Fiscalización de recursos y puntos críticos

Los equipos de control gubernamental iniciaron la verificación de la gestión del financiamiento y la ejecución de las obras físicas en todo el territorio nacional. Los inspectores evalúan la descolmatación de ríos basándose en las Fichas Técnicas Referenciales elaboradas por la Autoridad Nacional del Agua, las cuales determinaron los puntos críticos de peligro alto y muy alto.

El operativo fiscalizará la ejecución de un total de 2016 intervenciones identificadas entre los periodos 2025 y 2026. Este plan preventivo cuenta con un presupuesto global financiado que asciende a S/ 6 709 064 585. La meta de estas acciones es salvaguardar a más de un millón de habitantes, viviendas, centros de salud e infraestructura vial.

Control preventivo en la región Moquegua

En el ámbito local, los auditores vigilarán los trabajos correspondientes a la región Moquegua, donde se programaron inspecciones específicas en las cuencas vulnerables. El control gubernamental en esta zona vigilará que las autoridades locales ejecuten los presupuestos asignados dentro de los plazos establecidos por la emergencia climática.

Específicamente, se supervisará la ejecución de 10 puntos críticos en Moquegua, de los cuales ocho presentan nivel de peligro alto y dos ostentan peligro muy alto. Los recursos económicos asignados para estas obras preventivas suman S/ 26 354 867, con el propósito directo de proteger terrenos de cultivo, carreteras y la infraestructura de servicios esenciales.