A menos de un año para el final de su gestión, la presidenta Dina Boluarte nombró a tres nuevos ministros en los despachos de Justicia, Mujer y Desarrollo e Inclusión Social. El anuncio marca el regreso del polémico Juan José Santivañez, quien asumió la cartera de Justicia en reemplazo de Juan Alcántara.

En el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Fanny Esther Montellanos fue designada en lugar de Leslie Urteaga. Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables quedó a cargo de Ana Peña Cardoza. La noticia de los cambios sorprendió, pues no hubo denuncias mediáticas previas contra los ministros salientes.

El regreso de Juan José Santivañez

El nombramiento de Santivañez causó polémica, ya que el Congreso de la República lo censuró en marzo de este año por “manifiesta incapacidad” para afrontar la inseguridad ciudadana. La moción, que respaldó la bancada de Fuerza Popular, recibió 78 votos a favor. El vocero de ese grupo parlamentario, Arturo Alegría, señaló que el exministro instauró “múltiples estados de emergencia sin el uso de inteligencia y estrategias”.

Pese a la censura, Santivañez se mantuvo en el Poder Ejecutivo. Fue designado como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, desde donde mantenía reuniones con ministros.

Los otros nombramientos

Ana Peña Cardoza es el único rostro nuevo en el gabinete. Ella se desempeñó como jefa institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, lideró el Gabinete de Asesores del Ministerio de Cultura y fue directora en el Indecopi.

Por su parte, Fanny Esther Montellanos es la única de los tres ministros salientes que no se alejará del Poder Ejecutivo. Ella estuvo al frente del Ministerio de la Mujer. Su vínculo con el Midis es de larga data, ya que fue directora de los programas Wawa Wasi y Cuna Más, además de viceministra de Políticas y Evaluación Social.

El expresidente Martín Vizcarra emitió un mensaje en sus redes sociales luego de ser trasladado desde el penal de Barbadillo al Establecimiento Penitenciario Ancón II, también conocido como Piedras Gordas. En su publicación, afirmó: «Resistiré desde el lugar al que me manden, pero no me van a doblegar.«

Vizcarra le pidió a su defensa legal no presentar más acciones legales en respuesta a la decisión, que calificó de «injusta y arbitraria». Sin embargo, aseguró que seguirá luchando por la «recuperación de la democracia» y la unión de los peruanos contra lo que considera un «pacto mafioso».

El exmandatario cumple una prisión preventiva de cinco meses mientras se llevan a cabo las investigaciones por el caso Hospital de Moquegua y el proyecto agrícola Lomas de Ilo.

Resistiré desde el lugar al que me manden, pero no me van a doblegar, no me van a doblegar.

He pedido a mi equipo de defensa legal que ya no presente las acciones legales preparadas por esta injusta y arbitraria decisión. Sin embargo, seguiré luchando por la recuperación de la…

— Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) August 23, 2025

Reacciones sobre el traslado

El secretario general de su partido, Perú Primero, Cesar Figueredo, calificó el traslado como un «hecho abusivo» que pone en «peligro su vida». Figueredo agregó que entidades como la Corte IDH y Amnistía Internacional fueron informadas sobre el supuesto abuso contra el expresidente.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) declaró la nulidad de la clasificación penitenciaria que ubicaba a Martín Vizcarra en el penal de Barbadillo. El organismo detectó irregularidades en el proceso y señaló que no se cumplió con la normativa que regula el destino de los exmandatarios.

Esta decisión significa que la situación carcelaria del expresidente queda en revisión. El INPE conformará una nueva Junta de Clasificación para analizar el perfil y los antecedentes del exmandatario. La posibilidad de que sea trasladado al penal de Lurigancho es una de las opciones que se manejan, un lugar conocido por su hacinamiento.

Según un documento oficial, la Junta Técnica de Clasificación del Establecimiento Transitorio de Lima otorgó a Vizcarra el puntaje para ser ubicado en Barbadillo, cuando la normativa señala que, por la puntuación obtenida, «lo correcto (…) debería ser ubicado al EP Lurigancho».

Razones y situación legal

La ley peruana reserva el penal de Barbadillo para los expresidentes elegidos por voto popular. Vizcarra, quien accedió a la presidencia tras una vacancia, no cumple con esa condición.

El documento también resalta que existe un vacío legal sobre el destino de Vizcarra, y considera que, para garantizar su seguridad, se debería recluirlo en un establecimiento penitenciario que cumpla con los estándares adecuados.

La nueva Junta de Clasificación evaluará en las próximas horas los factores de riesgo, la naturaleza de la investigación, los antecedentes judiciales y la condición de figura pública de Vizcarra para tomar una decisión final sobre su lugar de reclusión.