Perú
Gobierno propone incrementar en 50 % la asignación económica del Servicio Militar Acuartelado

El Poder Ejecutivo aprobó un proyecto de ley que dispone el incremento del 50 % en la asignación económica para el personal del Servicio Militar Acuartelado. Esta medida, ratificada en sesión del Consejo de Ministros, buscó reconocer el compromiso y la disciplina de más de 45 mil jóvenes que integran las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Defensa, persigue mejorar las condiciones de vida de los reclutas y fortalecer las capacidades operativas de las instituciones castrenses. Según el proyecto, el reajuste entrará en vigencia a partir de junio de 2026, representando el primer incremento significativo en esta subvención desde el año 2012.
Impacto en la defensa y el bienestar social
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, calificó la propuesta como un hecho histórico que corrigió una deuda pendiente de más de una década. El premier afirmó que la asignación no percibió actualizaciones a pesar del impacto inflacionario, por lo que esta decisión devolvió dignidad a los ciudadanos que sirven a la patria, muchos de ellos provenientes de sectores vulnerables.
Además del beneficio económico directo, la norma pretendió optimizar los procesos de captación de nuevos contingentes y asegurar la permanencia del personal especializado. El Gobierno del presidente José María Balcázar destacó que la medida fortaleció el rol de los jóvenes en la defensa nacional, el apoyo al orden interno y la atención de emergencias climáticas o sociales.
El documento oficial será remitido al Congreso de la República para su debate y eventual aprobación. Con esta propuesta, el Estado reafirmó su intención de consolidar el servicio militar como una política de gestión pública que prioriza la equidad y el reconocimiento concreto a la vocación de servicio en el Perú.
Perú
El control preventivo contribuyó a la reactivación de obras públicas por S/ 3900 millones
La Contraloría emitió 210 informes que impulsaron proyectos en 18 regiones, beneficiando a casi cinco millones de peruanos.

El control preventivo contribuyó a la reactivación de obras públicas paralizadas en 18 regiones del país por un valor de S/ 3900 millones. El contralor general, César Aguilar Surichaqui, presentó los avances de su gestión ante la Comisión en Asuntos de Gestión del Estado y Contraloría del Congreso de la República.
Hasta el 30 de junio de 2026, la Contraloría General de la República emitió 210 informes de control preventivo que permitieron destrabar 94 proyectos estratégicos. La culminación de estas infraestructuras beneficiará de manera directa a 4.9 millones de peruanos.
Regiones y proyectos beneficiados por las intervenciones
Arequipa lidera la lista nacional con 24 infraestructura reactivadas, seguida por Cusco con nueve, Áncash con ocho, Lima con siete y Puno con seis. Las acciones de supervisión comenzaron formalmente el 11 de julio de 2025 para asegurar la continuidad de los servicios estatales.
Entre las obras de mayor envergadura destacan el establecimiento de salud Maritza Campos Díaz (S/ 337.4 millones) y el Hospital Camaná (S/ 197.5 millones) en Arequipa. Asimismo, figuran el colegio Santa Rosa de Viterbo en Áncash (S/ 112.9 millones) y el local escolar Juan Mejía Baca en Lambayeque (S/ 11.4 millones).
Resultados del control gubernamental y perjuicio económico
Entre enero y agosto de 2026, la institución emitió 25 236 informes de control a nivel nacional. La fiscalización posterior permitió identificar presuntas responsabilidades administrativas, civiles y penales en 2344 funcionarios públicos involucrados en actos irregulares.
Las auditorías de cumplimiento y los servicios específicos evidenciaron un perjuicio económico de S/ 722 millones contra el Estado. Esta cifra se suma a los S/ 763 millones en pérdidas detectados durante el año 2025 tras la ejecución de más de 44 mil servicios de inspección.
Operativos en seguridad, penales y Fenómeno El Niño
El máximo organismo de control ejecutó intervenciones focalizadas en la Policía Nacional del Perú, supervisando 485 comisarías básicas e identificando 2582 situaciones adversas. En Lima y Callao, la fiscalización a 27 municipalidades alertó sobre 729 cámaras de videovigilancia inoperativas y patrulleros inmovilizados.
Actualmente, la Contraloría despliega operativos en 52 establecimientos penitenciarios del país y realiza el seguimiento al proceso de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. En materia del Fenómeno El Niño, el organismo emitió 2924 informes de supervisión, concentrando el mayor volumen de intervenciones en las regiones de Lima, Áncash, Puno, La Libertad y Junín.
Perú
El Gobierno impulsa 14 medidas para desarticular al crimen organizado
El Ejecutivo presentó un paquete normativo para combatir la delincuencia y recuperar el principio de autoridad en el país.

El Ejecutivo incluyó un paquete de iniciativas en materia de seguridad ciudadana, orden interno, control migratorio y reforma penitenciaria. El paquete normativo contempla que el Gobierno impulsa 14 medidas para desarticular al crimen organizado dentro del proyecto de ley de delegación de facultades legislativas presentado ante el Congreso de la República.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, ratificó el compromiso de la gestión de la presidenta Keiko Fujimori en la lucha contra la delincuencia. El premier señaló que combatirán el delito con decisión, inteligencia, estrategia y sanción para poner orden en las calles.
Eliminación de la reducción de penas y control de bandas
Una de las primeras acciones será eliminar la denominada «puerta giratoria». La medida busca impedir que los delincuentes peligrosos accedan a beneficios como la reducción de condenas o penas menores mediante el recurso de terminación anticipada.
Entre las propuestas destaca la clasificación y registro oficial de las bandas delictivas como «grupos hostiles». Esta denominación permitira que las Fuerzas Armadas intervengan en apoyo de la Policía Nacional para lograr la detención y neutralización de estas estructuras delictivas.
Bloqueo de celulares y fortalecimiento del sistema de inteligencia
El proyecto plantea el rastreo, localización, geolocalización, baja de líneas y bloqueo de dispositivos móviles empleados en extorsiones y otros ilícitos. La fiscalización priorizará las llamadas ejecutadas desde los centros penitenciarios y juveniles del país.
Asimismo, la propuesta abarca el estricto control migratorio, la fiscalización del uso civil de armas de fuego y la intervención temporal de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los penales. Finalmente, se contempla la reforma del sistema penitenciario y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Inteligencia y la Dirección Nacional de Inteligencia.
Perú
Contraloría de Perú reúne a autoridades latinoamericanas para abordar control público
El seminario internacional organizado por la Contraloría General de la República reunió a expertos para debatir sobre la prevención y el control público en América Latina.

La Contraloría General de la República del Perú realizó este viernes 11 de septiembre en Lima el Seminario Internacional “Prevenir para Generar Valor”. Este espacio reunió a contralores, autoridades parlamentarias y representantes de organismos internacionales para intercambiar experiencias y buenas prácticas orientadas a fortalecer la gobernanza pública y promover la generación de valor para la ciudadanía.
El encuentro se desarrolló en el distrito de San Isidro, en formato híbrido, y contó con la participación de más de 60 profesionales y funcionarios internacionales. Los asistentes integran las Entidades Fiscalizadoras Superiores de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, además de representantes del PARLATINO y parlamentos nacionales.
Desarrollo y paneles del seminario
La actividad se realizó en el marco de la Presidencia de la Comisión de Parlamentos y Entidades Fiscalizadoras Superiores de la OLACEFS, a cargo de la entidad peruana. Su objetivo principal consistió en continuar promoviendo el relacionamiento y la cooperación entre las entidades fiscalizadoras y los parlamentos de la región.
Durante la jornada, el contralor general y presidente de la CPE, César Aguilar Surichaqui, ofreció la conferencia magistral titulada “La rentabilidad social del control público: una nueva visión para las Entidades Fiscalizadoras Superiores”. El programa contempló tres paneles internacionales dedicados a la gestión de riesgos en megaproyectos, la fiscalización ante desastres naturales como el Fenómeno del Niño, y el control territorial en zonas vulnerables y fronterizas.
Desafíos para el control público regional
El seminario permitió fortalecer el intercambio de conocimientos entre las Entidades Fiscalizadoras Superiores y los parlamentos. Asimismo, generó espacios de diálogo sobre los desafíos que enfrenta el control público para contribuir a una gestión más preventiva y orientada a resultados en beneficio de la ciudadanía de la región latinoamericana.

















