El Ministerio Público solicitó una pena de 10 años y 8 meses de prisión para el suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú, Luis Magallanes, por el homicidio del cantante de música urbana Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, conocido artísticamente como ‘Trvko’. La víctima falleció tras recibir un impacto de bala el pasado 15 de octubre en el centro de Lima, en el marco de una movilización social contra el gobierno.

El requerimiento fiscal acusa al agente de realizar el disparo mortal en las inmediaciones de la Plaza Francia, donde se encontraba infiltrado y encubierto entre los manifestantes. La tesis del órgano persecutor se sustenta en peritajes forenses, el protocolo de necropsia y diversos registros audiovisuales, elementos que evidenciaron un uso desproporcionado e ilegal de la fuerza estatal durante la jornada de protesta.

Ante este pedido, el Décimo Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima programó la audiencia de control de acusación para el próximo jueves 30 de julio a las 14:30 horas. En dicha sesión técnica se definirá la validez del requerimiento de la Fiscalía Común, una vía que el estudio jurídico de la familia de la víctima cuestionó por considerar que el caso debió ser derivado a la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos.

Los acontecimientos ocurrieron en las postrimerías de una de las manifestaciones más multitudinarias del último periodo, la cual dejó un saldo total de más de 100 heridos y diez personas detenidas, según datos de la Defensoría del Pueblo. Las evidencias fílmicas obligaron a la institución policial a reconocer que el proyectil provino del arma de Magallanes, lo que derivó en la separación definitiva del procesado de las filas policiales.

La muerte de Ruiz Sanz, de 32 años, causó una honda consternación dentro de la comunidad cultural y motivó vigilias pacíficas en diversos sectores. La movilización general continuaba las demandas sociales ciudadanas enfocadas en la lucha contra la corrupción y la exigencia de medidas eficientes ante el incremento de la inseguridad y el crimen organizado en el país.

La Contraloría General de la República alertó que el consorcio a cargo del proyecto Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco (AICC) propuso una ampliación de la fecha de culminación de las obras por dos años adicionales, trasladando el término de diciembre de 2026 a diciembre de 2028. Según el Informe de Hito de Control n.° 5815-2026-CG/MPROY-SCC, esta modificación carece de justificación técnica y representa un desfase de 712 días respecto al cronograma contractual vigente, lo que genera incertidumbre sobre el costo final de la inversión, actualmente valorizada en S/ 3 067 602 848.

Durante las inspecciones realizadas entre el 6 y el 21 de abril de 2026, la comisión de control constató un retraso injustificado del 27 % en infraestructuras críticas como el Terminal de Pasajeros y el cerco perimétrico. El contratista decidió suspender unilateralmente los trabajos en estas áreas sin previa instrucción del ingeniero supervisor, manteniendo únicamente labores en la estructura metálica del techo. Esta acción contraviene el contrato de Estado a Estado suscrito con la República de Corea, el cual exige informes justificativos y métodos de aceleración cuando el ritmo de ejecución es insuficiente para cumplir los plazos previstos.

A la crisis operativa se suma un déficit presupuestal de S/ 65 358 641 por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Aunque la entidad programó gastos por S/ 477 422 367 para el presente año fiscal, solo cuenta con una asignación de S/ 412 063 726. Esta falta de liquidez pone en riesgo la continuidad física de la obra y la capacidad del Estado para cumplir con las contraprestaciones oportunas y los nuevos compromisos financieros necesarios para el desarrollo del proyecto aeroportuario.

Asimismo, la Contraloría advirtió un conflicto social latente debido a que el contratista adeuda US$ 895 562 a proveedores locales de las comunidades campesinas de Ayllopongo, Racchi Ayllu y Yanacona. La Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) indicó que este incumplimiento de pagos es una situación recurrente que afecta directamente a los pobladores del área de influencia. Los resultados del informe fueron notificados al Viceministerio de Transportes para que se adopten medidas correctivas inmediatas que garanticen la viabilidad de esta obra estratégica para el desarrollo socioeconómico y turístico de la región Cusco.

El Poder Ejecutivo aprobó el Decreto de Urgencia N° 003-2026, una norma que establece mecanismos urgentes para enfrentar la crisis energética y garantizar el suministro de combustible en todo el país. Esta disposición contempla un esquema de financiamiento de hasta 2000 millones de dólares, recursos que provendrán exclusivamente de la banca privada internacional para asegurar la operatividad de la empresa estatal Petroperú.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, aclaró que esta medida no representa un rescate financiero con fondos estatales. Por primera vez en la historia reciente de la empresa, el capital no se obtendrá del Tesoro Público, lo que significa que no se utilizarán impuestos de los ciudadanos para esta operación. Para gestionar estos fondos, se creó un vehículo de propósito especial y un fideicomiso controlado por ProInversión, diseñado para proteger el nuevo flujo de caja de las deudas previas de la institución.

La normativa establece que los recursos tendrán un uso restringido exclusivamente para la compra de crudo y el mantenimiento de la cadena de suministro. El Ministerio de Energía y Minas (Minem) brindará una garantía no financiera como respaldo estratégico para generar confianza en los mercados internacionales, sin que esto implique la salida de dinero público. Este modelo busca evitar desabastecimientos en regiones críticas como Loreto, Madre de Dios y Ucayali, donde Petroperú concentra hasta el 85 % del mercado.

El premier Arroyo reafirmó que, aunque Petroperú mantendrá su condición de empresa estatal, el Gobierno de transición implementará reformas estructurales para lograr una gestión sostenible. La norma, que lleva la firma del presidente José María Balcazar, complementa lo dispuesto en el decreto de urgencia 010-2025 y acelera el proceso de reorganización patrimonial de la petrolera para evitar una crisis de energía a nivel nacional.