Un fuerte movimiento telúrico de magnitud 6.9 se registró la tarde del lunes 25 de mayo de 2026 en una zona cercana al norte de Chile, sintiéndose con fuerza en las regiones de Tacna, Moquegua y Arequipa. El fenómeno generó alarma en la población local de sectores urbanos y rurales, donde los ciudadanos reportaron la percepción del temblor durante varios segundos, especialmente en las infraestructuras de pisos superiores.

El Instituto Geofísico del Perú detalló que el evento ocurrió exactamente a las 16:52:44 horas. De acuerdo con el reporte técnico de la institución, el sismo presentó una profundidad de 129 kilómetros y el epicentro se localizó a 240 kilómetros al sur de Tacna. Debido a estas características, la Red Sísmica Nacional emitió una alerta de color amarillo e indicó que la intensidad percibida en la ciudad de Tacna alcanzó el nivel III.

Por su parte, la entidad ASIMET ubicó el epicentro en la región chilena de Antofagasta, en las cercanías de la ciudad de Calama. Pese a que el punto de origen se situó en territorio chileno, la proximidad geográfica causó que las ondas sísmicas alcanzaran las localidades del sur peruano. Tras el suceso, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó riesgos mayores en la costa y confirmó que el evento no generó peligro de tsunami en el litoral peruano, tomando como base el monitoreo del Servicio Geológico de Estados Unidos.

El territorio de Perú forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una región con forma de herradura que se extiende sobre 40 mil kilómetros y concentra el 75% de los volcanes del planeta. Esta zona geográfica alberga el 80% de los movimientos telúricos más potentes del mundo debido al proceso de fricción y colisión frontal entre la placa tectónica de Nazca y la placa Sudamericana, una interacción constante que acumula tensión y la descarga posteriormente en forma de terremotos.

La crisis sanitaria empeoró en los centros médicos públicos de La Paz debido a 16 días de bloqueos de carreteras promovidos por la Central Obrera Boliviana y la Federación de Campesinos Tupac Katari. Estas movilizaciones, que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz y un aumento salarial del 20%, provocaron un severo desabastecimiento de insumos básicos, lo que obligó a las autoridades a postergar cirugías y reducir las raciones alimenticias de los pacientes.

En el Hospital del Niño, el suministro de oxígeno medicinal se garantizó por un periodo de apenas 36 horas para 57 menores internados. Una situación similar enfrentan 29 bebés en la unidad de neonatología del Hospital de la Mujer, establecimiento que cuenta con reservas de este elemento para solo siete días y que disminuyó las porciones de comida ante la falta de carne y huevos. Asimismo, el Hospital del Tórax agotó sus reservas de carne de res, posee pollo para solo dos jornadas y registró una reducción del 80% en la atención de su consulta externa.

La Sociedad Boliviana de Cancerología reportó la interrupción de tratamientos de quimioterapia en La Paz, Oruro y Potosí. Ante la emergencia, médicos y personal de salud demandaron la apertura urgente de un corredor humanitario. Frente a este panorama, la Cruz Roja facilitó el traslado de dos camiones con cilindros de oxígeno y gestiona el ingreso de un camión cisterna desde la frontera con Perú, mientras el Poder Ejecutivo coordinó vuelos de abastecimiento con el apoyo de aviones de Argentina.

La llegada de manifestantes leales al expresidente Evo Morales a las inmediaciones de La Paz incrementó la tensión política en Bolivia, en un escenario marcado por 14 días de bloqueos indefinidos en las carreteras nacionales. Las organizaciones sociales procedentes del altiplano, integradas por sindicatos campesinos, agrupaciones indígenas y sectores obreros, iniciaron una movilización directa con el objetivo explícito de forzar la dimisión del actual mandatario, Rodrigo Paz.

La denominada “Marcha por la Vida para salvar Bolivia” partió desde la localidad de Caracollo y recorrió un trayecto de 188 kilómetros antes de aproximarse a la ciudad de El Alto. El dirigente sindical Juan Yupari confirmó que los movilizados planean ingresar a la plaza Murillo para concentrar las protestas en el centro político del país. La marcha civil movilizó a la Federación de Campesinos ‘Túpac Katari’, la Central Obrera Boliviana (COB), la Central Obrera Regional (COR) y el grupo de los ‘ponchos rojos’, mientras el Poder Ejecutivo acusó a Morales de promover las acciones con recursos económicos ilícitos.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó que los puntos de bloqueo activos en las rutas nacionales se redujeron de 22 a 15 durante el fin de semana. No obstante, las restricciones viales provocaron el desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en los centros hospitalarios de La Paz y El Alto. Ante el impacto comercial, la Cámara Nacional de Comercio estimó que las pérdidas económicas globales superaron los 500 millones de dólares, debido a que el Producto Interno Bruto (PIB) diario del país se redujo a la mitad por la paralización del transporte de carga.

Para mitigar la crisis humanitaria, el Gobierno ordenó un operativo con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que permitió habilitar un corredor de suministros. La intervención estatal dejó un saldo de 47 detenidos y al menos cinco heridos, tras lo cual las fuerzas de seguridad se replegaron para evitar nuevos enfrentamientos físicos. El viceministro de Ciencia y Tecnología, Fabián Espinoza Valencia, anunció la implementación de una plataforma digital para registrar denuncias por daños materiales, mientras el presidente Rodrigo Paz recibió el respaldo del Departamento de Estado de los Estados Unidos para restablecer el orden interno.