La Contraloría General de la República detectó demoras y vencimientos de plazos en diversas obras públicas de Ilo. Esta situación afecta a los sectores de salud, educación, transporte y deporte. Las intervenciones forman parte del Operativo Nacional de Control Territorial Multisectorial 2026 y auditan inversiones por un monto total de S/ 316 936 613.

El vocero de la institución, Edmundo Guardia Yzaguirre, lamentó que la totalidad de los proyectos inspeccionados incumplan los cronogramas oficiales. El funcionario precisó que las ampliaciones de plazo ocasionaron que los presupuestos originales se dupliquen y cuadrupliquen. Asimismo, enfatizó el compromiso de la entidad para asegurar el beneficio social de estas construcciones.

Principales proyectos con retrasos

Durante el despliegue, los inspectores visitaron el Instituto Luis E. Valcárcel, valorizado en S/ 131 502 479, y el Centro de Salud de Pampa Inalámbrica, con un costo de S/ 53 719 811. También revisaron el Malecón Superior Luis E. Valcárcel, con S/ 74 019 401 invertidos, y la Villa Olímpica, de S/ 44 868 123. En el distrito de El Algarrobal, evaluaron las avenidas 4 y 6, cuyos montos ascienden a S/ 5 840 958 y S/ 6 985 839, respectivamente.

Auditorías y deficiencias en salud

La entidad fiscalizadora acreditó una comisión especial en la Municipalidad Distrital de El Algarrobal e inició una Auditoría de Cumplimiento a un proyecto vial. Además, el operativo contempló acciones en la Entidad Prestadora de Servicios Ilo, la revisión de asistencia docente en la Unidad de Gestión Educativa Local Ilo y la supervisión de la Zona Especial de Desarrollo Ilo.

En el área de salud, el personal constató graves deficiencias en el servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital de Ilo. Los auditores reportaron la sustracción de un ecógrafo portátil y la inoperatividad de equipos esenciales como el tomógrafo y el mamógrafo. Finalmente, advirtieron que los certificados de calidad de estos aparatos vencieron en noviembre de 2025.

La desaparición de dos pescadores en el sector de Quinistaquillas culminó en tragedia este miércoles tras confirmarse el fallecimiento de ambos jóvenes en las aguas del río Tambo. El cuerpo de la segunda víctima, identificado como Diego Valdez Rodrigues, apareció a 2 kilómetros de distancia del puente Chorro, luego de intensas jornadas de búsqueda por parte de rescatistas y pobladores locales. Este hallazgo se sumó al de Wulmer Choque Choque, confirmando que ninguno de los dos hombres sobrevivió al incidente ocurrido en la cuenca.

El rescate del segundo cuerpo desató una ola de indignación entre los familiares y vecinos debido a la demora de las autoridades judiciales. Según denunciaron los presentes, transcurrieron más de 120 minutos desde el avistamiento del cadáver sin que el representante del Ministerio Público se hiciera presente en la zona. Esta situación impidió el levantamiento inmediato de los restos y retrasó los protocolos legales, generando un clima de tensión y reclamos por la falta de celeridad en la atención de emergencias en esta provincia de Moquegua.

Ante la pérdida de los 2 pescadores, la comunidad de Quinistaquillas se organizó para apoyar a las familias afectadas, quienes enfrentan serias dificultades económicas para costear los servicios funerarios. Los deudos de Choque Choque habilitaron la línea 958454205 para recibir donaciones solidarias, mientras los allegados de Valdez Rodrigues exigieron mayor respeto por parte de las instituciones del Estado. El trágico suceso puso de manifiesto la vulnerabilidad de quienes laboran en las riberas del río Tambo y la carencia de una respuesta estatal oportuna ante desastres de esta naturaleza.

Un total de 90 instituciones educativas de la región Moquegua suspendieron las actividades presenciales para adoptar la modalidad virtual de manera temporal. Esta medida respondió a la designación de estos planteles como centros de votación para los próximos comicios nacionales. Los locales escolares quedaron a disposición de las autoridades electorales desde el viernes 10 hasta el lunes 13 de abril.

Distribución de colegios y centros de votación

El director regional de Educación, Guido Rospigliosi, informó que la disposición cumplió con las facilidades exigidas por el Ministerio de Educación para el desarrollo del proceso democrático. Los centros educativos seleccionados incluyeron planteles públicos y privados de educación básica, especial y superior, repartidos en las tres provincias del departamento.

La logística de distribución contempló 43 colegios en Mariscal Nieto, 25 en Ilo y 22 en General Sánchez Cerro. Los directores de cada plantel coordinaron la entrega de los ambientes a la ONPE y establecieron los canales de comunicación con los padres de familia para organizar el calendario académico durante estos cuatro días de transición.

Estrategia de aprendizaje y flexibilidad virtual

La autoridad educativa aclaró que la modalidad a distancia no requirió que el estudiante permaneciera conectado durante toda la jornada escolar. Los docentes aplicaron estrategias pedagógicas flexibles para mantener el avance de los sílabos sin necesidad de una conexión permanente a internet. Esta medida buscó mitigar las dificultades de conectividad que enfrentaron algunas familias de la zona.

Rospigliosi precisó que la normativa vigente prohibió la recuperación de clases en días posteriores, por lo que la virtualidad garantizó el cumplimiento de las horas lectivas programadas. Aunque reconoció que el cambio generó inconvenientes organizativos en hogares con niños pequeños, subrayó que el préstamo de los locales constituyó una obligación legal ineludible para asegurar el derecho al sufragio en la región.