El Poder Judicial declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público y dictó nueve meses de prisión preventiva para cuatro sujetos por transportar cocaína en Moquegua. Los investigados terminaron internados en el penal de Samegua mientras continúan las investigaciones por el delito de tráfico ilícito de drogas agravado.

La medida recayó sobre César Felipe Tello Iguchi, Jhon Erik Coello Zapata, John Christian Ninapaytan Tello y Demetrio Sedano Clemente. El pedido lo formuló el Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Penal de Mariscal Nieto.

Intervención policial y hallazgo del cargamento

La intervención policial ocurrió el pasado 24 de agosto en la carretera Binacional Desaguadero. Las autoridades interceptaron a los imputados cuando viajaban a bordo de dos vehículos, una camioneta y una minivan.

En el interior de la minivan, los agentes hallaron 331.865 kilogramos de clorhidrato de cocaína. El cargamento estaba distribuido en paquetes tipo ladrillo y permanecía camuflado en diferentes compartimientos de la unidad.

Estrategia de vigilancia y elementos de prueba

Durante la audiencia, el fiscal adjunto provincial Jose Luis Ortiz Vargas sostuvo que los detenidos mantuvieron una actuación coordinada. Mientras una unidad trasladaba el alcaloide, el segundo vehículo cumplía la función de vigilancia durante todo el recorrido.

El Ministerio Público sustentó la investigación preparatoria en elementos obtenidos de equipos celulares, registros de desplazamiento, imágenes de hospedajes, declaraciones y pericias. Estos indicios permitieron acreditar la presunta comisión del delito.

Proceso judicial en el penal de Samegua

El mandato judicial establece nueve meses de prisión preventiva para cuatro sujetos por transportar cocaína en Moquegua. La disposición busca asegurar la permanencia de los imputados mientras las autoridades desarrollan las diligencias correspondientes.

Las investigaciones posteriores determinarán con precisión la participación de cada uno de los procesados. Asimismo, las autoridades buscan identificar si existen otros implicados en esta red de tráfico ilícito de drogas.

Un total de 10 mil 985 canes distribuidos en las tres provincias de la región Moquegua aún no reciben su vacuna antirrábica. El Área de Zoonosis de la Dirección Regional de Salud de Moquegua advirtió que miles de mascotas continúan expuestas a contraer y transmitir esta enfermedad letal.

Frente a esta situación, las autoridades de salud instaron a los propietarios a cumplir con la inmunización oportuna de sus animales de compañía para proteger a la población ante un eventual brote.

Bajo avance de la campaña regional de vacunación

La meta establecida para la campaña Van Can 2026 asciende a 23 mil 880 perros protegidos en todo el ámbito regional. No obstante, los reportes oficiales señalan que solo se logró coberturar el 54 % de la población canina proyectada.

El plazo para alcanzar la cobertura total vence al cierre del presente mes de setiembre. Por ello, las brigadas de salud aplicaron diversas modalidades de atención, entre las que destacan el establecimiento de puntos fijos de atención y el desplazamiento del personal casa por casa.

Estrategias para completar la inmunización canina

Para optimizar el uso de las dosis y acelerar el proceso, la Diresa Moquegua exhortó a la ciudadanía a practicar una tenencia responsable. La institución solicitó la organización de los vecinos con sus respectivos establecimientos de salud locales.

Las juntas vecinales deben coordinar la agrupación de un mínimo de diez mascotas por cada punto de vacunación. Esta medida facilita el desplazamiento del personal técnico y evita la pérdida o desperdicio del insumo vacunal durante las jornadas comunitarias.

La Contraloría General de la República advirtió a Provías Nacional que catorce terrenos adquiridos por el Estado continúan ocupados por sus antiguos propietarios. Esta situación se registra entre los kilómetros 48 y 110 de la carretera, un factor crítico que podría retrasar el reinicio de la vía Moquegua Omate Arequipa y generar costos adicionales durante la ejecución del proyecto.

El informe de control detalló que, pese al pago de las compensaciones económicas, la permanencia de los ocupantes vulnera los plazos del Decreto Legislativo N.º 1192. La normativa exige la desocupación en un periodo de 10 a 30 días hábiles. Además, los auditores constataron la construcción de dos viviendas nuevas en áreas del kilómetro 108 que ya estaban formalmente liberadas e inscritas a favor del Estado.

Deficiencias en el estudio de señalización y seguridad

La obra contempla la pavimentación de 118.5 kilómetros entre las provincias de Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro. Actualmente, la empresa HOB Consultores S.A. elabora el Estudio Definitivo de la infraestructura vial por un monto de S/ 7 888 000.

El órgano fiscalizador detectó que el estudio de señalización aprobado omitió proyectar señales preventivas en zonas con alto riesgo geológico. Específicamente, los sectores ubicados entre los kilómetros 40 y 59 presentan peligro de caída de rocas y derrumbes, donde solo se contemplaron mallas de contención sin instalar las señales verticales correspondientes para alertar a los conductores.

Omisiones presupuestales en el tratamiento de materiales

Un tercer hallazgo reveló que el Informe Técnico Sustentatorio omitió el área y el presupuesto necesarios para operar una planta de lavado de agregado fino en la Cantera Río Tambo. Este tratamiento resulta indispensable para cumplir los estándares exigidos en la preparación de mezcla asfáltica y concreto.

El Órgano de Control Institucional notificó estas situaciones adversas a la Dirección Ejecutiva de Provías Nacional. La entidad gubernamental deberá adoptar medidas preventivas y correctivas inmediatas para evitar paralizaciones futuras en la licitación del tramo vial.