Un grupo de 70 agricultores del distrito de San Antonio inició el camino hacia la transformación agroindustrial de la pitahaya, con el objetivo de convertir este fruto en derivados procesados como néctar y productos deshidratados. La iniciativa, gestionada por la Subgerencia de Desarrollo Económico y Productivo, buscó mitigar las pérdidas económicas generadas por la sobreproducción y la volatilidad de los precios en el campo.

Actualmente, el proyecto trabaja con 28 productores y proyecta alcanzar a la totalidad de los registrados en el distrito, quienes gestionan 120 hectáreas de cultivo distribuidas en ocho asociaciones. Con esta estrategia, la municipalidad impulsó la formalización de los agricultores como Mypes, permitiéndoles gestionar sus propios derivados bajo estrictas normas de control de calidad y certificaciones sanitarias.

Rentabilidad y valor agregado en la producción

El procesamiento técnico de la fruta incrementó significativamente los márgenes de ganancia para el productor. Mientras el kilo de pitahaya de primera se cotizó en S/ 5.00 en chacra, el valor de 250 gramos de pitahaya deshidratada alcanzó los S/ 22.00. Por su parte, el néctar de 300 ml se proyectó con un precio de venta de S/ 3.50, diversificando así la oferta comercial en los mercados regionales y nacionales.

Como parte del fortalecimiento de capacidades, 30 productores participaron en una jornada de capacitación teórica en las instalaciones del CITEagroindustrial Moquegua, en Ilo. Durante el taller se abordaron temas fundamentales como la poscosecha, el control de plagas y las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). La etapa formativa incluyó una sesión práctica para procesar 100 kilos de fruta destinados exclusivamente a la elaboración de néctares y deshidratados.

Innovación y metas a corto plazo

El proyecto de «Mejoramiento de los servicios de la Subgerencia de Desarrollo Económico y Productivo» no solo se limitó a los derivados básicos, sino que también potenció emprendimientos locales de cerveza artesanal y licores de pitahaya. Estas acciones aseguraron que San Antonio deje de ser únicamente un proveedor de materia prima para convertirse en un referente de innovación agroindustrial.

La gestión municipal confirmó que los productos se darán a conocer próximamente en ferias locales y regionales. Con este modelo de negocio, se garantizó la sostenibilidad del sector agropecuario mediante el desarrollo del turismo y el impulso directo a las micro y pequeñas empresas de la región Moquegua.

Este lunes 16 de marzo, la región Moquegua comienza el año académico 2026. Según lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 501–2025 del MINEDU, miles de niños y adolescentes retornarán a las instituciones educativas públicas para comenzar el primer bloque de nueve semanas lectivas.

Cifras de retorno y distribución educativa

Para este periodo, se estima que más de 34,000 estudiantes de colegios públicos retomarán sus actividades académicas en toda la región. El sistema educativo regional se encuentra distribuido en sus tres provincias de la siguiente manera:

• Mariscal Nieto: Cuenta con la mayor concentración de planteles, superando los 150 locales escolares (incluyendo niveles inicial, primaria y secundaria).
• Ilo: Alberga aproximadamente 110 instituciones educativas públicas que recibirán a la población estudiantil costera.
• General Sánchez Cerro: Dispone de cerca de 140 centros educativos, atendiendo principalmente a las zonas rurales y altoandinas.

Declaraciones de las autoridades

El director regional de Educación, Guido Rospigliosi, confirmó la fecha del 16 de marzo, aunque subrayó que se mantiene un monitoreo constante del contexto nacional y las condiciones climatológicas para garantizar la seguridad de los menores.

«Realizaremos un seguimiento permanente para asegurar que el inicio de clases se desarrolle con normalidad y en condiciones adecuadas», afirmó Rospigliosi.

La ceremonia oficial de apertura en Mariscal Nieto tendrá lugar en la I.E. Señor de los Milagros. De forma simultánea, se realizarán actos en la I.E. Francisco Bolognesi (Ilo), la I.E. 43070 (Omate) y la I.E. San Ignacio de Loyola (Ichuña).

Seguridad y Transporte

Para garantizar un entorno seguro, el subgerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Mariscal Nieto, Juan Huata Parillo, anunció un plan de trabajo conjunto con la Policía Nacional del Perú (PNP). Debido a la limitación de personal de serenazgo, se ha coordinado que los agentes municipales custodien 10 colegios estratégicos, mientras que la PNP resguardará los planteles restantes durante las horas de ingreso y salida.

En cuanto al transporte, la Dirección Regional de Educación viene gestionando medidas para mitigar el impacto del incremento en los pasajes, buscando asegurar facilidades para que los escolares puedan trasladarse sin inconvenientes desde sus hogares hacia sus centros de estudio.

El biólogo Carlos Santos informó que el Gobierno central oficializó la prórroga de la declaratoria de emergencia por la contaminación hídrica del río Coralaque por un periodo adicional de 60 días. Esta medida, que tendrá vigencia hasta el 25 de abril, responde al peligro inminente que representa el drenaje ácido de pasivos mineros en la zona, situación que amenaza con intensificarse debido a la reducción del caudal tras finalizar la temporada de lluvias.

La disposición legal abarca los distritos de Chojata, Matalaque, Quinistaquillas, La Capilla, Carumas, Torata, Cuchumbaya y San Cristóbal–Calacoa. Según explicó el especialista, esta normativa permite activar mecanismos excepcionales para suprimir las trabas burocráticas y agilizar la ejecución de recursos económicos. No obstante, Santos advirtió que la problemática es de origen antrópico y que, pese a los estudios técnicos y recomendaciones de la Defensoría del Pueblo que confirman la presencia de metales pesados, aún faltan acciones concretas del Ministerio de Energía y Minas.

Ante la persistencia de los daños ambientales, se ha exhortado al Ejecutivo a evaluar una declaratoria de emergencia permanente y asegurar un fondo de restauración ambiental. El objetivo primordial es garantizar la protección de la salud de las poblaciones expuestas y convertir a la región en un modelo piloto de recuperación de cuencas. El biólogo enfatizó que, aunque la medida facilita la gestión, los funcionarios mantienen la responsabilidad administrativa y legal sobre la efectividad de las obras de mitigación.