La Contraloría General de la República alertó que tres colegios de la provincia de Ilo iniciaron el año escolar 2026 sin mecanismos adecuados para prevenir la violencia y el acoso escolar.

De acuerdo con el Informe de Visita de Control n.° 010-2026-OCI/4019-SVC, se detectó que estas instituciones conformaron fuera de plazo los Comités de Gestión del Bienestar, responsables de garantizar un clima escolar seguro.

Demoras en conformación de comités escolares

La inspección, realizada entre el 3 y 9 de junio de 2026 en cinco colegios, evidenció que tres de ellos formalizaron sus comités semanas después del inicio del año escolar, cuyo plazo vencía el 27 de marzo.

Los casos identificados fueron:

• La I.E. Jorge Basadre Grohmann, con retraso de 3 días.
• La I.E. Américo Garibaldi Ghersi, con demora de 19 días.
• La I.E. Daniel Becerra Ocampo, con un retraso de 31 días, formalizando recién el 27 de abril.

Estas demoras afectaron la operatividad de los mecanismos de prevención y atención de violencia escolar.

Impacto en reporte de casos de violencia escolar

La falta oportuna de estos comités retrasó la habilitación de responsables para registrar incidencias en el portal SíseVe, herramienta del Ministerio de Educación.

Esto implicó que posibles casos de violencia o bullying no fueran reportados a tiempo, lo que impidió activar protocolos de atención psicológica y legal en favor de los estudiantes.

Asimismo, se postergó el uso adecuado del Libro de Registro de Incidencias en los centros educativos afectados.

Acciones correctivas solicitadas por Contraloría

El informe fue notificado al titular de la UGEL Ilo, con el objetivo de que adopte medidas preventivas y correctivas que garanticen la continuidad y eficacia de los procesos de convivencia escolar.

La Contraloría advirtió que estos incumplimientos comprometen la protección de niños, niñas y adolescentes frente a situaciones de violencia en el entorno educativo.

El Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva contra Fredy Callata Laura (37), investigado por el presunto delito de violación sexual en agravio de una joven en la provincia de Ilo.

La medida se logró gracias a un trabajo conjunto entre el Ministerio Público y el Área de Investigación Criminal (AREINCRI Ilo) de la Policía Nacional del Perú, tras la detención en flagrancia del imputado.

Hechos ocurrieron en zona de playa Pozo de Lisas

Según la investigación preliminar, el hecho ocurrió el 9 de junio de 2026, cuando el acusado trasladó a la víctima desde el sector de SENATI, en la Pampa Inalámbrica, hasta un descampado en la playa Pozo de Lisas.

En ese lugar, el sujeto habría abusado sexualmente de la joven, aprovechando su estado de vulnerabilidad tras consumir bebidas alcohólicas.

Posteriormente, la víctima convenció al agresor de trasladarla a un hospedaje, donde solicitó ayuda a terceros para alertar a sus familiares y presentar la denuncia ante la comisaría.

Intervención policial y sustento fiscal

La rápida intervención permitió la captura del investigado, tras el despliegue de agentes especializados de AREINCRI Ilo.

La fiscal provincial Raquel Crisosto Farfán sustentó ante el juzgado los elementos de convicción, logrando que se dicte la medida coercitiva.

Entre las pruebas presentadas se incluyeron el acta de comunicación e informe policial, la recepción de la denuncia verbal y las actas de inspección técnico-policial.

Delito en flagrancia permitió medida coercitiva

El Ministerio Público argumentó que el delito se cometió en flagrancia, lo que facilitó la imposición de la prisión preventiva.

El caso continuará en etapa de investigación mientras el imputado permanece recluido conforme a la disposición judicial.

La Contraloría General de la República alertó sobre problemas en la organización institucional y asignación de recursos del servicio de la Defensoría Municipal de la Niña, Niño y Adolescente (DEMUNA) en la provincia de General Sánchez Cerro, en Moquegua.

Según el Informe de Visita de Control n.° 012-2026-OCI/0444-SVC, que evaluó el periodo del 18 al 22 de mayo de 2026, la entidad presenta deficiencias en sus herramientas de planificación interna que comprometen el funcionamiento de esta oficina especializada.

Falencias en presupuesto y equipamiento de DEMUNA

La Contraloría identificó que la municipalidad no adecuó su Presupuesto Analítico de Personal (PAP) para asegurar las remuneraciones del personal encargado de la DEMUNA.

Asimismo, no garantizó recursos logísticos e informáticos esenciales como infraestructura adecuada, viáticos, equipos de cómputo y mobiliario, lo que limita el desarrollo de sus funciones.

Estas deficiencias agravan la falta de recursos y plazas en Demuna de Moquegua, reduciendo su capacidad operativa.

Incumplimiento de funciones según normativa vigente

El informe también evidenció que la entidad no consideró las funciones de la DEMUNA conforme al artículo 45° de la Ley n.º 27337, Código del Niño, Niña y Adolescente, modificado por el Decreto Legislativo n.° 1377.

Esta omisión vulnera disposiciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entidad rectora en la protección de la niñez.

Riesgo en atención de casos de violencia y conciliaciones

Las fallas detectadas afectan la atención de servicios clave como conciliaciones extrajudiciales por alimentos, tenencia y régimen de visitas.

También limitan la respuesta inmediata ante casos de violencia familiar y desprotección infantil, lo que incrementa la vulnerabilidad de los menores en la provincia.

El informe fue notificado a la Municipalidad Provincial de General Sánchez Cerro, que deberá implementar medidas correctivas. El documento completo se encuentra disponible en el portal oficial de la Contraloría para acceso ciudadano.