El Gobierno Regional de Moquegua inició el proyecto de rehabilitación de infraestructura hídrica con una inversión superior a los 10 millones de soles. Esta obra permitió garantizar el recurso para los distritos de Chojata y Lloque tras una prolongada espera por parte de los agricultores locales. Los trabajos técnicos contemplaron un plazo de ejecución de 210 días para reactivar la represa Chirimayuni y asegurar el suministro constante de agua.

La intervención integral incluyó la reparación del sistema hidráulico y la rehabilitación de válvulas estratégicas en la estructura. Asimismo, el proyecto consideró la construcción de nuevas bocatomas y la adquisición de equipamiento especializado para el monitoreo constante. Estas acciones técnicas permitieron el riego de 860 hectáreas agrícolas, lo que impulsó la capacidad productiva de las comunidades situadas en las zonas altoandinas de la región.

Desarrollo y productividad para el sector agrario

El fortalecimiento de la infraestructura favoreció directamente a los pobladores de Pachas, San Miguel Coroise, Lucco, Chojata y Lloque. Con la puesta en marcha de estas mejoras, la región aumentó su frontera agrícola y consolidó un modelo de gestión eficiente. El proyecto representó un avance fundamental para la seguridad hídrica y el crecimiento económico de las familias que dependen de la actividad agraria en estas localidades.

La Policía Nacional del Perú capturó en flagrancia a dos suboficiales de inteligencia en Moquegua por el presunto delito de concusión en agravio de un menor de 17 años. Los efectivos Jefferson Cruz León, de 28 años, y Jhulino Yucra Mamani, de 29 años, afrontaron la intervención tras una denuncia valiente de la víctima y sus familiares. El Ministerio Público, bajo la dirección del fiscal Víctor Arturo Muñoz Leiva, coordinó las acciones inmediatas para asegurar la detención.

El incidente ocurrió el pasado 15 de diciembre en el sector denominado “El Gallinero”. Los agentes interceptaron al adolescente mientras realizaba la venta de chips de telefonía móvil e iniciaron un proceso de intimidación. Los policías exigieron un pago ilícito de 300 soles y un teléfono celular bajo la amenaza de involucrar al joven en delitos inexistentes o realizar el «sembrado» de sustancias prohibidas en su contra.

El agraviado fingió aceptar las condiciones de los efectivos para ganar tiempo y comunicó el hecho a sus parientes. Las conversaciones de WhatsApp y los registros de llamadas telefónicas constituyeron evidencias determinantes que facilitaron la actuación de las unidades especializadas. La institución policial reaccionó de forma efectiva y capturó a sus propios integrantes para garantizar la transparencia y el respeto a la legalidad en la región.

La Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional (DIRCOCOR) tomó la custodia de los implicados para iniciar las diligencias de ley. Los detenidos permanecieron bajo investigación por afectar gravemente la administración pública y la imagen institucional. Este operativo reafirmó el compromiso de las autoridades locales por erradicar actos de corrupción y proteger los derechos de los ciudadanos vulnerables.

La Contraloría General de la República alertó que las intervenciones del OEFA resultaron insuficientes para asegurar el cierre de la unidad minera en Carumas. Este organismo técnico identificó una grave afectación en los ecosistemas de los ríos Titire y Coralaque, a pesar de las 112 acciones de supervisión que se ejecutaron entre 2020 y 2025. La falta de cumplimiento normativo mantuvo en riesgo constante la biodiversidad y la salud de las poblaciones locales.

Durante los operativos de control, los auditores constataron una coloración amarilla intensa en el cauce del río Titire. Los análisis de laboratorio de marzo de 2025 confirmaron niveles de acidez extrema y concentraciones de metales pesados, como arsénico, aluminio y cadmio, que superaron los Estándares de Calidad Ambiental (ECA). Estas condiciones críticas se repitieron de manera sistemática desde hace cinco años sin que las medidas adoptadas por el ente fiscalizador revirtieran el daño hídrico.

Deficiencias en fiscalización y sanciones ambientales

El informe de control reveló una preocupante falta de celeridad en la capacidad sancionadora de la entidad ambiental. En febrero de 2025 se detectaron descargas de agua ácida con un pH de 2.18 hacia la quebrada Margaritani. Por este hecho, la autoridad impuso una multa de 100 UIT, equivalente a S/ 535,000; sin embargo, la empresa incumplió el tratamiento de efluentes y el organismo tardó 52 días en tramitar una nueva sanción tras notificarse la reincidencia.

Inoperatividad en estaciones de monitoreo de aire

La supervisión también detectó vacíos en la vigilancia de la calidad del aire en la provincia de Ilo. Varias estaciones de monitoreo dejaron de registrar gases tóxicos por periodos superiores a un mes, situación que limitó la fiscalización en zonas de influencia minera y pesquera. Asimismo, en Alto Tala (Torata), la Contraloría halló equipos de alta tecnología apagados o sin uso, lo que impidió la recolección de datos meteorológicos esenciales para la prevención.

La unidad minera responsable inició sus operaciones el 4 de marzo de 2005 para la producción de barras de oro y plata. Aunque se encuentra en etapa de postcierre, la Dirección General de Minería declaró el incumplimiento de su plan de cierre desde 2019. Ante estos hallazgos, la Contraloría notificó al presidente del Consejo Directivo del OEFA para que adopte acciones correctivas que detengan el impacto ambiental negativo en la región Moquegua.