Perú
Contraloría detecta grave negligencia en atención a menores víctimas de violencia sexual en Amazonas y San Martín
La Contraloría General de la República evidenció serias omisiones en los Centros de Emergencia Mujer (CEM) de las regiones de Amazonas y San Martín. Una auditoría al programa «Warmi Ñan» concluyó que estas sedes no prestaron la atención integral necesaria a menores de edad víctimas de violencia sexual y determinó la presunta responsabilidad administrativa de 23 servidores públicos.
Los CEM son servicios públicos gratuitos y especializados que ofrecen soporte integral con psicólogos, trabajadores sociales y abogados para la protección, recuperación y acceso a la justicia de las personas afectadas por violencia.
El Informe de Auditoría N° 011-2025-2-3901-AC, que abarcó el período del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024, identificó las fallas en los CEM Chachapoyas y Condorcanqui (Amazonas), y en los CEM Bellavista, Comisaría Juanjui, Lamas, Moyobamba y Tarapoto (San Martín).
La auditoría registró un total de 35 casos de menores, con edades entre cinco y 16 años, que no recibieron la atención oportuna. El CEM Condorcanqui concentró la mayor cantidad con 25 de los casos.
La comisión de control constató múltiples deficiencias críticas:
- Planificación: Ausencia de Planes de Atención Integral en 18 casos y de planes de seguridad en 16.
- Derivaciones: Falta de derivación para terapia psicológica o acceso al Kit de Emergencia en 19 casos.
- Acción legal: Omisión de la derivación a juzgados o DEMUNA en seis casos y falta de presentación de denuncias.
- Soporte legal: Falta de acompañamiento psicojurídico en 9 casos y de personería legal ante fiscalías y juzgados en 20 casos.
- Seguimiento: Inexistencia de seguimiento operativo, administrativo y de evaluación periódica en casi la totalidad de los 35 casos.
Estas omisiones afectaron directamente la finalidad del programa Warmi Ñan y pusieron en riesgo el desarrollo y bienestar de las niñas y adolescentes, a quienes se les limitó el acceso efectivo a servicios de salud y justicia.
Por estos hechos, la Contraloría determinó la presunta responsabilidad administrativa de 23 funcionarios, 16 de los cuales todavía laboran en el programa. El informe recomendó a la Directora Ejecutiva de Warmi Ñan tomar las acciones necesarias para el deslinde de responsabilidades.
Perú
Contraloría detecta alimentos sin distribuir y deficiencias en obras públicas en Mazán
El contralor general, César Aguilar, encabezó un operativo de control multisectorial en el distrito de Mazán, región Loreto, junto a un equipo de más de 20 auditores para supervisar el uso de los recursos públicos. Durante la inspección técnica, se identificó que cerca de 2.000 latas de leche y 600 kilos de mezclas alimenticias del Programa de Vaso de Leche no han sido entregados desde diciembre pasado, afectando directamente a más de 600 niños y adultos mayores en situación de pobreza.
La institución advirtió que estos insumos, almacenados por el gobierno local, corren el riesgo de deteriorarse debido a las altas temperaturas y las inadecuadas condiciones del depósito. Aunque la autoridad local atribuyó la demora a dificultades en el acceso fluvial, el contralor enfatizó que esta situación pudo ser prevista y anunció el inicio de acciones legales para determinar las responsabilidades administrativas o penales correspondientes por la falta de distribución a 36 comités del distrito.
En el ámbito de infraestructura, la comisión de control inspeccionó la institución educativa inicial N° 334 Arriba Perú, obra que cuenta con una inversión superior a los 6 millones de soles. En el lugar, los especialistas evidenciaron pisos dañados por la humedad, presencia de polillas en la carpintería y mobiliario inadecuado, factores que ponen en riesgo el inicio del año escolar. Asimismo, se supervisó el mejoramiento de la calle San Juan Bautista, valorizado en 600.000 soles, donde se advirtieron retrasos que impedirán cumplir el plazo de ejecución de 120 días.
Aguilar ratificó que la labor de la Contraloría es estrictamente técnica y busca el «destrabe» de proyectos mediante el acompañamiento preventivo para lograr la rentabilidad social. Pese a las limitaciones presupuestarias, el titular del organismo aseguró que se reforzarán las supervisiones en todo el país, especialmente en el marco de los procesos electorales de 2026, para garantizar que los bienes del Estado no se utilicen con fines particulares o políticos.
Moquegua
Senamhi advierte fuertes lluvias y descargas eléctricas en la sierra de Tacna y Moquegua
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que, entre el miércoles 21 y el viernes 23 de enero de 2026, continuarán registrándose precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en las zonas altas de Tacna y Moquegua. El aviso meteorológico alerta que estos fenómenos estarán acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento, lo que incrementa el riesgo en las zonas andinas durante las próximas 72 horas.
Los pronósticos técnicos estiman acumulados de lluvia de entre 5 y 15 mm/día en los sectores altoandino e interandino, con valores superiores en puntos localizados. Además de las precipitaciones líquidas, el organismo especializado no descartó la caída de granizo en zonas situadas por encima de los 3.500 m s. n. m. y nevadas en localidades que superen los 4.500 metros de altitud, fenómenos que suelen afectar la ganadería y el tránsito en las rutas altoandinas.
La visibilidad en las carreteras también resultó comprometida debido a la probable ocurrencia de niebla y neblina. Asimismo, el Senamhi anticipó que se presentarán lluvias por trasvase hacia los distritos de la costa y la sierra baja, lo que extendería el área de influencia del evento meteorológico más allá de las cumbres.
En la región Moquegua, las provincias con mayor probabilidad de afectación son Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro. Por su parte, en Tacna, el aviso incluye a las provincias de Candarave, Jorge Basadre, Tarata y Tacna. Las autoridades recomendaron a la población tomar precauciones ante el posible incremento del caudal de quebradas y la ocurrencia de deslizamientos debido a la saturación de los suelos por las lluvias acumuladas.
Perú
Exoneración del impuesto predial 2026: requisitos y montos para mayores de 60 años
El año 2026 inició con la actualización del valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) a S/5.500, cifra que redefinió los beneficios tributarios en todo el país. Esta medida impactó directamente en la exoneración del impuesto predial 2026 para los adultos mayores de 60 años, quienes accedieron a deducciones significativas en el pago de sus obligaciones municipales según el valor de sus viviendas.
Escala impositiva y límites de beneficio en 2026
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima estableció que los propietarios de 60 años o más, sean pensionistas o no, gozaron de una deducción de 50 UIT de la base imponible de su predio. Esto significó que los inmuebles con un autovalúo de hasta S/275.000 quedaron exentos del pago del tributo. En los casos donde el valor de la propiedad superó dicho umbral, la municipalidad calculó el impuesto únicamente sobre el monto excedente.
La estructura de tasas para este periodo fiscal mantuvo un carácter progresivo basado en el valor del autovalúo. Los contribuyentes pagaron el 0,2% por los primeros S/82.500 del valor del inmueble. Para el tramo comprendido entre las 15 y 60 UIT (hasta S/330.000) se aplicó una tasa del 0,6%, mientras que los predios que sobrepasaron ese límite tributaron con el 1%.
Requisitos para solicitar la exoneración municipal
El cumplimiento de los criterios de elegibilidad resultó indispensable para obtener este beneficio fiscal. El solicitante acreditó la condición de propietario único del predio, o en copropiedad con su cónyuge, y el uso del inmueble como vivienda principal. Se permitió el uso parcial de la casa para actividades comerciales o profesionales siempre que contó con la debida licencia municipal. Además, el ingreso bruto mensual del beneficiario no superó la UIT vigente de S/5.500.
Las autoridades municipales recordaron que el trámite se realizó de manera directa ante la municipalidad distrital correspondiente a la ubicación del inmueble. El proceso de fiscalización verificó que la información declarada coincidió con la realidad del bien, pues el registro de datos falsos o la falta de actualización en la titularidad derivó en multas e intereses moratorios que afectaron el historial del contribuyente.
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