La Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP) informó que los tres montañistas peruanos perdidos en el nevado Huascarán fueron ubicados este sábado 18 de julio en dos grietas de más de 100 metros de profundidad. Sin embargo, el presidente del gremio, Beto Pinto Toledo, denunció que actualmente no hay rescatistas en la montaña debido a graves fallas de coordinación con las autoridades aéreas.

Los profesionales andinos Alejandro Manuel Ugarte Jordán, Freddy Saúl Mendoza Lizana y Artidoro Salas Gaytán permanecen sin dar señales de vida desde el pasado martes 14 de julio. La última comunicación ocurrió cuando el grupo reportó haber perdido la ruta de descenso a causa de una fuerte tormenta climática en la provincia de Yungay.

Localización técnica en zona de alto riesgo

El equipo de voluntarios de la AGMP logró establecer la ubicación mediante una triangulación de datos que situó a las víctimas a 6.400 metros de altitud. Los especialistas utilizaron un dron especializado para cuadricular el terreno y analizaron las coordenadas satelitales del reloj Garmin de Ugarte, las cuales se detuvieron en el sector conocido como La Garganta.

El informe técnico identificó dos puntos críticos específicos: una gran hendidura superficial y una segunda grieta con pendiente tubular de acceso complejo. Los guías indicaron que la zona presenta condiciones extremas por avalanchas constantes y vientos severos, lo que reduce la visibilidad y dificulta las labores de aproximación en la cordillera Blanca.

Denuncia por fallas en el operativo policial

El rescate voluntario se interrumpió luego de que un helicóptero de la Policía Nacional del Perú (PNP) no recogiera a las brigadas en el punto de encuentro acordado. Nueve socorristas, cargados con equipos técnicos de alta montaña, caminaron hacia las nuevas coordenadas señaladas por los pilotos, pero la aeronave se retiró del lugar sin brindar la asistencia respectiva.

Pinto Toledo criticó severamente la falta de un comando de incidentes formal y una base de operaciones equipada por parte del Ministerio del Interior. Ante el desgaste físico de los equipos humanitarios, la jefatura de la AGMP advirtió que el apoyo gratuito civil ha llegado a su límite operativo por la falta de garantías logísticas institucionales.

Implementación de rescate privado en fases

Ante la suspensión del despliegue oficial, los familiares de las víctimas decidieron contratar a un equipo de rescatistas privados para reanudar las acciones en Huaraz. El nuevo plan de contingencia contempla una primera etapa de confirmación visual en las grietas señaladas, seguida de una evaluación de riesgos para determinar la viabilidad de la extracción.

Los expertos estiman que esta fase inicial de reconocimiento tomará al menos dos días de trabajo de campo continuo. La comunidad de montaña recordó que este sector registra antecedentes históricos de desapariciones complejas, calificando la geografía actual como un escenario de peligro extremo para los rescatistas privados y civiles en la región Áncash.

El Poder Ejecutivo promulgó la Ley N° 32732, la cual autoriza un crédito suplementario de 4 160 millones de soles destinados a la inversión pública y al fortalecimiento de los servicios del Estado. Dentro de sus disposiciones complementarias finales, la norma establece de manera obligatoria el pago de una gratificación mínima de 300 soles para trabajadores CAS durante los periodos de Fiestas Patrias y Navidad.

El Ministerio de Economía y Finanzas regulará la implementación de este piso económico a través de un decreto supremo. La ley asegura el abono proporcional del beneficio en caso de que el empleado cese en sus funciones antes de la fecha de pago programada, siempre que registre al menos un mes de labor ininterrumpida dentro de la institución pública.

Nuevos derechos y beneficios sociales en el régimen laboral

La nueva legislación introduce modificaciones sustanciales para el personal sujeto al Decreto Legislativo 1057. Entre los cambios destaca el perfeccionamiento del derecho a vacaciones remuneradas de 30 días naturales, garantizando un pago proporcional por los meses y días trabajados para aquellos que terminen su vínculo laboral antes de cumplir el año de servicio continuo.

Asimismo, las disposiciones complementarias incorporan el derecho a la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) al 100%, la cual se calculará de forma exacta por cada año de servicios prestados. Para el presente año fiscal, el financiamiento de estos conceptos en el Gobierno Nacional y los gobiernos regionales provendrá del fondo del crédito suplementario, mientras que los gobiernos locales asumirán el gasto con sus recursos internos.

Límites de edad y estabilidad contra la temporalidad

La normativa fija los 70 años como la edad máxima para la extinción definitiva de los contratos en esta modalidad del Estado, permitiendo al servidor continuar en sus funciones operativas únicamente hasta el 31 de diciembre del año en que alcance dicho tope etario. Esta causal se suma a las causales previas de fallecimiento, renuncia voluntaria y vencimiento de los plazos establecidos.

Por otra parte, los contratos CAS temporales suscritos bajo el marco legal vigente contarán con un límite máximo acumulado de 5 años. Si las instituciones del sector público superan este periodo de renovación, la relación contractual se considerará desnaturalizada y se convertirá automáticamente en un contrato de duración indeterminada. La Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) emitirá los lineamientos técnicos para el cumplimiento de esta directiva de estabilidad.

Distribución de los fondos económicos presupuestales

Más allá del ámbito laboral, el crédito suplementario distribuye recursos económicos para el cierre de brechas sociales. El pliego nacional recibirá 1 425 millones de soles para los sectores de salud, defensa y educación, cifra que incluye 211 millones de soles para otorgar bonificaciones extraordinarias a docentes y auxiliares de educación básica.

En el ámbito de la descentralización, el dispositivo legal asigna 379 millones de soles a los gobiernos regionales y 881 millones de soles a los gobiernos locales para proyectos de infraestructura vial, agua y saneamiento. Adicionalmente, se autorizó a los gobiernos subnacionales el uso de recursos determinados provenientes del canon y regalías por un valor superior a los 5 400 millones de soles para financiar nuevas obras públicas.

Un fuerte sismo en Junín de magnitud 5.1 provocó la muerte de seis personas, dejó 21 heridos y afectó a más de 300 damnificados en la zona centro del Perú. El movimiento telúrico se registró la noche del sábado y tuvo como epicentro la provincia de Chupaca, afectando principalmente al sector de Pumpunya, en el distrito de Chongos Bajo.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que brigadas de rescate, personal de salud y miembros de la Policía Nacional del Perú se desplazaron a la zona del desastre. Las cuadrillas trabajan activamente en la remoción de escombros ante la alerta de pobladores que reportaron personas atrapadas tras el colapso de sus viviendas.

Evaluación de daños y atención a damnificados

El titular del Indeci, Luis Vásquez, confirmó que las familias damnificadas pernoctaron en áreas públicas debido al temor por las réplicas y la destrucción de sus hogares. El Gobierno Regional de Junín coordinó la entrega inmediata de carpas y frazadas para proteger a las víctimas de las bajas temperaturas y heladas que golpean la sierra central.

El reporte oficial detalló que tres centros de salud y diversas instituciones educativas presentan daños considerables en sus estructuras. Por su parte, la Dirección Regional de Salud movilizó ambulancias del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) para estabilizar y trasladar a los heridos hacia los hospitales de Huancayo.

Colapso de servicios y respuesta del Estado

La empresa Electrocentro reportó la interrupción del servicio eléctrico en los distritos de Sapallanga, Chilca, Chongos Bajo, Cullhuas, Acostambo, Pazos y Huaribamba. En contraste, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones constató que la Red Vial Nacional y los servicios de telecomunicaciones operan con normalidad en la región afectada.

Compañías de la División Rápida del Ejército y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios permanecen en el lugar para levantar datos precisos sobre las pérdidas materiales. Las autoridades locales instaron a la población a mantener la calma, identificar las zonas seguras de sus viviendas y comunicarse mediante mensajes de texto para evitar saturar las líneas telefónicas.