Múltiples gremios y sindicatos de trabajadores estatales de Perú se han declarado en alerta máxima y movilización nacional ante lo que consideran un grave atropello a sus derechos laborales. El detonante es el recientemente ingresado Proyecto de Ley N.° 14799/2025-PE (Ley de Créditos Suplementarios 2026), presentado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgente. Según denuncian las organizaciones, el documento oculta disposiciones que buscan frenar el cumplimiento inmediato de la Ley N.° 32563, conocida como la ley de «CAS con Derechos».

El origen del conflicto: ¿Qué se está vulnerando?

En marzo de 2026, tras años de lucha sindical, se promulgó la Ley N.° 32563, la cual reconoció formalmente el derecho de los trabajadores bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) a percibir:

• Gratificaciones plenas (equivalentes a un sueldo íntegro en julio y diciembre).
• Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) calculada sobre el 100% de su remuneración al finalizar el vínculo laboral.

Sin embargo, el nuevo proyecto de créditos suplementarios del Ejecutivo incluye la Décima Disposición Complementaria Final y la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria. Estas cláusulas pretenden cambiar las reglas de juego e imponer una implementación progresiva de 5 años, lo que dilataría el pago total del 100% de las gratificaciones y CTS recién hasta el año 2030, comenzando este 2026 con un porcentaje mínimo de apenas el 10%.

Sindicatos alzan su voz de protesta

Diversos sindicatos de sectores clave del Estado han manifestado un rechazo rotundo a lo que denominan un «contrabando legislativo»:

• SITRACAS-UGEL 03 y SISUNAFIL: Denuncian que el Ejecutivo pretende recortar conquistas laborales históricas saltándose los canales regulares de debate, como la Comisión de Trabajo del Congreso. Han enviado oficios formales exigiendo a los parlamentarios votar en contra de estas disposiciones específicas.
• SITCAS/CGR (Contraloría) y FETRACAS-728 (SUNARP): Sostienen que las entidades del Estado sí cuentan con los presupuestos institucionales suficientes, por lo que tildan la progresividad de «inexcusable». Asimismo, rechazan la inclusión de los 70 años como causal obligatoria de extinción del contrato CAS y los límites impuestos a la negociación colectiva descentralizada.
• MINJUSCAS (Ministerio de Justicia): Han hecho un llamado urgente a sus afiliados a mantenerse vigilantes y unidos en las calles, advirtiendo que los derechos no son «beneficios o migajas» que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pueda racionar a su antojo.

Movilización y exigencias inmediatas

Bajo el lema “¡Si hay presupuesto, no hay excusas!”, los trabajadores organizados exigen el cumplimiento íntegro y oportuno de la ley original. Para frenar esta iniciativa gubernamental, el Frente Nacional CAS con Derechos ha convocado a una Movilización Nacional este martes 16 de junio de 2026 a las 9:00 AM, teniendo como punto de encuentro el Parque Universitario de Lima, desde donde marcharán rumbo a la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República.

Los trabajadores exigen a la Representación Nacional el archivo definitivo de cualquier medida que busque aplazar, prorrogar o recortar los derechos ya adquiridos de más de 370 mil familias del sector público.

El Poder Ejecutivo ejecuta un total de 281 intervenciones en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), iniciativa que cuenta con una asignación presupuestal superior a los 331 millones de soles para el año 2026. Esta medida buscó afianzar la presencia efectiva del Estado y reducir las brechas de desigualdad socioeconómica en esta zona del país.

La información se difundió durante la XII Sesión Ordinaria Descentralizada de la Comisión Multisectorial Permanente VRAEM Productivo, un encuentro liderado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, en el distrito de Unión Asháninka, ubicado en la provincia de La Convención, Cusco. El jefe del gabinete ministerial destacó que este grupo de trabajo funcionó como una herramienta estratégica para articular acciones directas en sectores clave como agricultura, conectividad vial, desarrollo productivo y acceso a servicios básicos.

Respecto a la distribución del presupuesto, el alto comisionado para el desarrollo en el VRAEM, Raúl Hoyos de Vinatea, detalló que 141 millones de soles se destinaron de forma exclusiva al impulso productivo, abarcando proyectos vinculados al desarrollo agrario y turístico. El objetivo de este financiamiento apuntó a transformar la zona de emergencia en un polo de crecimiento económico sostenible. Asimismo, el premier Arroyo remarcó la importancia de optimizar las vías de comunicación para asegurar el traslado eficiente de la producción local y evitar pérdidas económicas para las familias agricultoras.

La sesión ministerial congregó a los titulares de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza, y de Trabajo y Promoción del Empleo, Freddy Solano. También asistieron los viceministros de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Luis Contreras; Salud Pública, Henry Rebaza; Transportes, Juan Haro; y Producción, Juan Carlos Requejo, junto al presidente ejecutivo de Devida, Hugo Begazo, y el alcalde distrital de Unión Asháninka, Sedth Montoya.

En el transcurso de la actividad, el viceministro Requejo y el alcalde Montoya oficializaron un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes) y la municipalidad distrital, con el propósito de expandir el sector pesquero y acuícola local. Adicionalmente, las autoridades entregaron certificaciones de competencias laborales a 40 productores del VRAEM, un reconocimiento respaldado por Devida que validó las capacidades técnicas en los rubros de cacao, café, apicultura, acuicultura y panificación. La agenda concluyó con una visita a la feria interinstitucional en la plaza principal del distrito, donde participaron más de veinte entidades públicas.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) procesa 245 solicitudes de actualización y observaciones a los padrones electorales preliminares. Un total de 90 municipalidades provinciales de todo el país remitieron estos pedidos dentro del plazo legal que venció el 29 de mayo. El procedimiento se ejecuta en el marco de las Elecciones de Autoridades de Municipalidades de Centros Poblados 2026, fijadas para el próximo 1 de noviembre.

Las regiones de Puno, Cajamarca, Áncash, Junín, La Libertad, San Martín, Lima y Piura registraron el mayor volumen de requerimientos. A nivel de gobiernos provinciales, las comunas de Puno con 31 peticiones y Cajamarca con 24 concentraron la mayor cantidad de solicitudes de revisión. La institución electoral remitirá los padrones definitivos el próximo 21 de junio, luego de culminar la evaluación técnica de cada observación.

Este proceso adquiere una relevancia histórica debido a que, por primera vez, el Reniec asumió la responsabilidad de elaborar los padrones electorales para estos comicios. La tarea cumple con la Ley N.° 28440, norma que regula la elección de un alcalde y cinco regidores en estas jurisdicciones. Para esta convocatoria, un total de 3 241 744 ciudadanos se encuentran habilitados para sufragar.

Alcance del proceso electoral

Los electores están distribuidos en 3212 padrones electorales. Cada documento corresponde a una municipalidad de centro poblado formalmente creada por los municipios provinciales, bajo el amparo de la Ley Orgánica de Municipalidades. Aunque en el Perú existen más de 90 mil centros poblados, solo las 3212 jurisdicciones formalizadas participarán en la jornada democrática. El Reniec aclaró que la participación electoral se restringe estrictamente a las zonas constituidas mediante las normas correspondientes.

La legislación vigente determina que el alcalde provincial coordina la ejecución de las elecciones con el alcalde distrital respectivo. Esta labor se ciñe al cronograma electoral y a las directivas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con la fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La organización directa del sufragio recae sobre un Comité Electoral integrado por cinco pobladores locales, elegidos mediante un sorteo público que cuenta con la presencia de delegados municipales.