Ricardo Jampier Acuña Quispe, de 20 años y único sobreviviente que se entregó tras el operativo militar en Huancavelica, cambió radicalmente su versión sobre los hechos ocurridos el pasado 25 de abril. El joven denunció que efectivos del Ejército lo obligaron, bajo amenaza de muerte, a firmar una confesión falsa donde admitía transportar armamento y sustancias ilícitas para justificar el ataque que dejó un saldo de cinco personas fallecidas.

En su nuevo testimonio, Acuña Quispe afirmó que los uniformados no estaban identificados y vestían ropa civil con capuchas, lo que generó pánico entre los ocho ocupantes del vehículo. «No pensábamos que eran militares; el conductor habría pensado que eran rateros», explicó el sobreviviente, justificando así el intento de fuga de la camioneta ante lo que creyeron era un asalto. Durante la intervención, la patrulla militar realizó aproximadamente 60 disparos contra el vehículo civil.

La defensa de las víctimas resaltó que, tras las diligencias en la escena, las autoridades no hallaron armas ni droga, lo que contradice la hipótesis inicial de un enfrentamiento con narcotraficantes. El abogado de los deudos calificó la primera declaración de Acuña como un «invento del Ejército» para encubrir una intervención arbitraria e ilegal. Por su parte, los familiares sostienen que los fallecidos eran jóvenes que retornaban de un evento deportivo.

Pese a que el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, informó que uno de los fallecidos era un ciudadano colombiano con antecedentes por tráfico de armas, las inconsistencias en el operativo mantienen la presión sobre la Fiscalía. El caso dio un giro crítico al revelarse que el joven sobreviviente solo se entregó cuando vio llegar a una patrulla debidamente uniformada, sintiéndose seguro tras haber permanecido oculto por temor a los atacantes iniciales.

Efectivos militares dispararon contra civiles que viajaron en una camioneta por el sector Puente Mellizo, ubicado en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja (Huancavelica). El ataque sucedió a las 4:30 de la madrugada del sábado 25 de abril y dejó un saldo de cinco personas fallecidas. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) afirmó que la patrulla actuó en legítima defensa frente a un grupo armado vinculado al narcotráfico.

Testimonios revelaron conexión previa con el traslado de drogas

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tayacaja inició una investigación por homicidio calificado contra ocho militares, entre ellos dos oficiales y seis suboficiales. Durante las diligencias, el sobreviviente Ricardo Acuña Quispe entregó su declaración y contradijo la versión de la institución armada. El testigo confesó que transportó 13 kilos de droga en una mochila desde el distrito de Vizcatán y que cobró 1,300 soles por el encargo.

Acuña Quispe relató que un grupo de 50 hombres colaboró en el traslado de narcóticos a través del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). El declarante aclaró que la droga permaneció en otro vehículo y no en la camioneta que recibió 60 impactos de bala. Además, explicó que el conductor, Nilson Montenegro Valencia, aceleró el automóvil por temor, pues confundió a los uniformados con asaltantes de carreteras.

Abogado de los familiares rechazó las acusaciones del Ejército

Las autoridades identificaron a las víctimas mortales como Ever Romero Sivipaucar (37), Jaime Bendezú Paraguay (28), William Nuñez Soto (19), Christian Vilcatoma Águila (18) y el ciudadano colombiano Nilson Montenegro Valencia. El abogado de los deudos, Anthony Crespo, negó que los fallecidos trabajaron como mochileros del narcotráfico. El defensor legal aseguró que los fiscales no hallaron armamento ni drogas dentro del automóvil acribillado.

Crespo subrayó que los exámenes toxicológicos aplicados a los sobrevivientes arrojaron resultados negativos para clorhidrato de cocaína. El representante legal acusó al Ejército de difundir excusas irreales para justificar la muerte de personas inocentes. Los miembros de la patrulla militar permanecieron bajo detención hasta la tarde del lunes 27 de abril para facilitar las investigaciones de ley correspondientes.

Un estudio reciente publicado en la revista Marine Biology reveló que las ballenas jorobadas utilizan el litoral peruano para alimentarse de anchoveta. Esta investigación cambió la narrativa tradicional que sostuvo que estos cetáceos solo ayunaron durante su migración reproductiva hacia aguas cálidas. El equipo liderado por el investigador Miguel Ángel Llapapasca analizó registros de casi dos décadas, entre los años 2000 y 2019, además de datos de ciencia ciudadana recolectados hasta 2025.

Áreas estratégicas de reproducción y alimentación en el litoral

El informe identificó tres regiones clave para la supervivencia de la especie en el país. La zona norte, que abarcó Piura y Tumbes, funcionó como el espacio principal de reproducción y crianza durante invierno y primavera. Por otro lado, el sector centro-norte, desde Illescas hasta Paracas, sirvió como un corredor fundamental donde las madres protegieron a sus crías cerca de la orilla para evitar depredadores. Finalmente, en la zona centro-sur, situada entre Lima y Tacna, los científicos confirmaron el consumo de anchoveta durante las estaciones de verano y otoño.

Riesgos por actividad humana y efectos del cambio climático

La superposición de estas áreas de alimentación con el tráfico marítimo y la pesca industrial incrementó los peligros de enmallamientos y colisiones. Llapapasca advirtió que los varamientos ocurrieron con mayor frecuencia en la zona norte-centro durante los meses de migración. Asimismo, los especialistas sugirieron que este comportamiento surgió como una respuesta al cambio climático o al aumento poblacional de los ejemplares. El científico peruano Aldo S. Pacheco destacó que este hallazgo agregó una nueva complejidad al entendimiento del ecosistema marino nacional, pues identificó zonas clave donde las ballenas jorobadas en Perú no solo transitaron, sino que también recuperaron energía.