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Perú

Violencia de género en la PNP: más de 3.800 policías investigados

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Al menos 3.875 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron investigados por casos de violencia contra la mujer y personas vulnerables entre 2018 y 2025, en una institución que cuenta con unos 135.000 agentes.

Del total, el 94% corresponde a suboficiales, aunque también se registraron oficiales implicados. Solo en 2025, entre enero y octubre, se reportaron 1.636 denuncias, de las cuales apenas 196 derivaron en detenciones.

Bajo nivel de sanción en casos de violencia

Pese a la gravedad de los hechos, solo el 31% de los procesos contra policías por violencia de género concluyó con sanción. El restante 69% fue archivado por absoluciones, retiro de denuncias o caducidad.

En Lima, se registraron 451 policías implicados, pero únicamente 42 fueron detenidos, lo que refleja limitaciones en la respuesta institucional.

Según el Ministerio Público, en el mismo periodo se emitieron 13.023 sentencias por violencia contra la mujer en el país, lo que evidencia una brecha frente a los casos que involucran a agentes policiales.

Casos en zonas sensibles como el VRAEM

La Defensoría del Pueblo reportó que en 2025 al menos 19 policías fueron imputados por violencia en el VRAEM, una zona marcada por el narcotráfico.

A pesar de las denuncias, varios efectivos continuaron en funciones o fueron reasignados a unidades como el Frente Policial Vraem o dependencias en Lima e Ica.

Casos emblemáticos bajo investigación

Entre los casos más graves figura el del suboficial José Villafán Arteaga, quien confesó el asesinato de su colega Marleni Rucana Silvestre, de 27 años, ocurrido en Áncash. El agente cumple prisión preventiva.

Otro proceso relevante es el del presunto feminicidio de Lesly Vicente Félix, ocurrido en 2020 en Huánuco, donde un policía figura como principal investigado.

Asimismo, el Ministerio Público investiga al suboficial Felipe Gutiérrez Arzapalo por el presunto feminicidio de su pareja Lisandra Gonzales García, en Lima.

Cuestionamientos a la institución policial

Especialistas y organizaciones como Familias Unidas por Justicia advirtieron problemas estructurales dentro de la PNP, como falta de protocolos eficaces y una cultura institucional que dificultaría la denuncia.

También se señaló que la continuidad en funciones de policías denunciados genera riesgos, especialmente al tratarse de personal armado.

Desde la institución policial se informó que se realizan procesos de capacitación y sensibilización para prevenir y atender casos de violencia de género.

Perú

El control preventivo contribuyó a la reactivación de obras públicas por S/ 3900 millones

La Contraloría emitió 210 informes que impulsaron proyectos en 18 regiones, beneficiando a casi cinco millones de peruanos.

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El control preventivo contribuyó a la reactivación de obras públicas paralizadas en 18 regiones del país por un valor de S/ 3900 millones. El contralor general, César Aguilar Surichaqui, presentó los avances de su gestión ante la Comisión en Asuntos de Gestión del Estado y Contraloría del Congreso de la República.

Hasta el 30 de junio de 2026, la Contraloría General de la República emitió 210 informes de control preventivo que permitieron destrabar 94 proyectos estratégicos. La culminación de estas infraestructuras beneficiará de manera directa a 4.9 millones de peruanos.

Regiones y proyectos beneficiados por las intervenciones

Arequipa lidera la lista nacional con 24 infraestructura reactivadas, seguida por Cusco con nueve, Áncash con ocho, Lima con siete y Puno con seis. Las acciones de supervisión comenzaron formalmente el 11 de julio de 2025 para asegurar la continuidad de los servicios estatales.

Entre las obras de mayor envergadura destacan el establecimiento de salud Maritza Campos Díaz (S/ 337.4 millones) y el Hospital Camaná (S/ 197.5 millones) en Arequipa. Asimismo, figuran el colegio Santa Rosa de Viterbo en Áncash (S/ 112.9 millones) y el local escolar Juan Mejía Baca en Lambayeque (S/ 11.4 millones).

Resultados del control gubernamental y perjuicio económico

Entre enero y agosto de 2026, la institución emitió 25 236 informes de control a nivel nacional. La fiscalización posterior permitió identificar presuntas responsabilidades administrativas, civiles y penales en 2344 funcionarios públicos involucrados en actos irregulares.

Las auditorías de cumplimiento y los servicios específicos evidenciaron un perjuicio económico de S/ 722 millones contra el Estado. Esta cifra se suma a los S/ 763 millones en pérdidas detectados durante el año 2025 tras la ejecución de más de 44 mil servicios de inspección.

Operativos en seguridad, penales y Fenómeno El Niño

El máximo organismo de control ejecutó intervenciones focalizadas en la Policía Nacional del Perú, supervisando 485 comisarías básicas e identificando 2582 situaciones adversas. En Lima y Callao, la fiscalización a 27 municipalidades alertó sobre 729 cámaras de videovigilancia inoperativas y patrulleros inmovilizados.

Actualmente, la Contraloría despliega operativos en 52 establecimientos penitenciarios del país y realiza el seguimiento al proceso de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. En materia del Fenómeno El Niño, el organismo emitió 2924 informes de supervisión, concentrando el mayor volumen de intervenciones en las regiones de Lima, Áncash, Puno, La Libertad y Junín.

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Perú

El Gobierno impulsa 14 medidas para desarticular al crimen organizado

El Ejecutivo presentó un paquete normativo para combatir la delincuencia y recuperar el principio de autoridad en el país.

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El Ejecutivo incluyó un paquete de iniciativas en materia de seguridad ciudadana, orden interno, control migratorio y reforma penitenciaria. El paquete normativo contempla que el Gobierno impulsa 14 medidas para desarticular al crimen organizado dentro del proyecto de ley de delegación de facultades legislativas presentado ante el Congreso de la República.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, ratificó el compromiso de la gestión de la presidenta Keiko Fujimori en la lucha contra la delincuencia. El premier señaló que combatirán el delito con decisión, inteligencia, estrategia y sanción para poner orden en las calles.

Eliminación de la reducción de penas y control de bandas

Una de las primeras acciones será eliminar la denominada «puerta giratoria». La medida busca impedir que los delincuentes peligrosos accedan a beneficios como la reducción de condenas o penas menores mediante el recurso de terminación anticipada.

Entre las propuestas destaca la clasificación y registro oficial de las bandas delictivas como «grupos hostiles». Esta denominación permitira que las Fuerzas Armadas intervengan en apoyo de la Policía Nacional para lograr la detención y neutralización de estas estructuras delictivas.

Bloqueo de celulares y fortalecimiento del sistema de inteligencia

El proyecto plantea el rastreo, localización, geolocalización, baja de líneas y bloqueo de dispositivos móviles empleados en extorsiones y otros ilícitos. La fiscalización priorizará las llamadas ejecutadas desde los centros penitenciarios y juveniles del país.

Asimismo, la propuesta abarca el estricto control migratorio, la fiscalización del uso civil de armas de fuego y la intervención temporal de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los penales. Finalmente, se contempla la reforma del sistema penitenciario y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Inteligencia y la Dirección Nacional de Inteligencia.

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Perú

Contraloría de Perú reúne a autoridades latinoamericanas para abordar control público

El seminario internacional organizado por la Contraloría General de la República reunió a expertos para debatir sobre la prevención y el control público en América Latina.

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La Contraloría General de la República del Perú realizó este viernes 11 de septiembre en Lima el Seminario Internacional “Prevenir para Generar Valor”. Este espacio reunió a contralores, autoridades parlamentarias y representantes de organismos internacionales para intercambiar experiencias y buenas prácticas orientadas a fortalecer la gobernanza pública y promover la generación de valor para la ciudadanía.

El encuentro se desarrolló en el distrito de San Isidro, en formato híbrido, y contó con la participación de más de 60 profesionales y funcionarios internacionales. Los asistentes integran las Entidades Fiscalizadoras Superiores de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, además de representantes del PARLATINO y parlamentos nacionales.

Desarrollo y paneles del seminario

La actividad se realizó en el marco de la Presidencia de la Comisión de Parlamentos y Entidades Fiscalizadoras Superiores de la OLACEFS, a cargo de la entidad peruana. Su objetivo principal consistió en continuar promoviendo el relacionamiento y la cooperación entre las entidades fiscalizadoras y los parlamentos de la región.

Durante la jornada, el contralor general y presidente de la CPE, César Aguilar Surichaqui, ofreció la conferencia magistral titulada “La rentabilidad social del control público: una nueva visión para las Entidades Fiscalizadoras Superiores”. El programa contempló tres paneles internacionales dedicados a la gestión de riesgos en megaproyectos, la fiscalización ante desastres naturales como el Fenómeno del Niño, y el control territorial en zonas vulnerables y fronterizas.

Desafíos para el control público regional

El seminario permitió fortalecer el intercambio de conocimientos entre las Entidades Fiscalizadoras Superiores y los parlamentos. Asimismo, generó espacios de diálogo sobre los desafíos que enfrenta el control público para contribuir a una gestión más preventiva y orientada a resultados en beneficio de la ciudadanía de la región latinoamericana.

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