El futbolista Jersson Vásquez, lateral del club CD Moquegua, denunció públicamente la recepción de mensajes de extorsión este domingo 12 de octubre, durante la semifinal de ida de la Liga 2. Los criminales exigieron al exjugador de Universitario y a otros miembros del plantel que alteraran el resultado del partido contra Unión Comercio, en el que el equipo moqueguano busca un cupo para la máxima categoría del fútbol peruano.

La denuncia cobró fuerza cuando Vásquez compartió en su cuenta de Instagram la captura de un mensaje de WhatsApp con una amenaza directa. El texto exigía al jugador dejarse ganar, provocarse una expulsión o fingir una lesión para no afectar los intereses económicos de los delincuentes. La amenaza escaló con una advertencia explícita contra su familia: «Piensa en ti, en tu familia, que si pierdo mi plata, no me va a importar perder un poco más para darte donde más te duele«.

El club formalizó la denuncia

El arquero del equipo, Renzo Figueroa, también reportó la recepción de intimidaciones similares que ponían en riesgo la seguridad de sus familiares si no cumplía con las demandas. A pesar de la presión, CD Moquegua ganó el encuentro por 2-1, una victoria que quedó empañada por la gravedad de los hechos.

En respuesta, el Club Deportivo Moquegua emitió un comunicado oficial en el que rechazó enérgicamente cualquier acto delictivo que atente contra la integridad y tranquilidad del plantel. La institución confirmó que los mensajes buscaban desestabilizar al equipo en un momento crucial de la temporada. Además, el club informó que ya presentó la denuncia formal ante las autoridades competentes y colabora de forma activa en la investigación para identificar a los responsables y garantizar la protección de sus jugadores.

La Contraloría General de la República reveló irregularidades en la contratación de servicios para la supervisión de tres mantenimientos viales de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) del Gobierno Regional de Moquegua. Los contratos, que equivalen a S/ 774.950, se adjudicaron con un presunto favorecimiento a empresas.

El Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 043-2025-2-5347-AC detalló que el Comité Especial de Selección otorgó una bonificación del 5% a los consorcios ganadores, a pesar de que no la solicitaron en sus ofertas. Además, en dos procesos, el comité no realizó el sorteo que correspondía a pesar de que hubo un empate en el puntaje, y en su lugar, otorgó la buena pro de forma irregular.

Los contratos se firmaron, incluso, a pesar de que los consorcios ganadores no acreditaron la experiencia mínima requerida en la especialidad. Por estos hechos, se identificó presunta responsabilidad penal en dos funcionarios: la presidenta y el segundo miembro del comité.

Deficiencias en la gestión y recomendaciones

El informe también señaló deficiencias en los instrumentos de gestión de la entidad, como la existencia de áreas en la DRTC de Moquegua que no están contempladas en su Reglamento de Organización y Funciones (ROF).

Además, se advirtió que la entidad elaboró los expedientes técnicos solo con base en normas generales, lo que podría afectar su calidad. Los Términos de Referencia se elaboraron sin una normativa interna específica, lo que generó inconsistencias en los plazos y otros requisitos.

La Contraloría recomendó a la titular del Gobierno Regional de Moquegua que tome las acciones correctivas correspondientes y que implemente los instrumentos de gestión necesarios. También recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción que inicie las acciones penales contra los funcionarios con presunta responsabilidad.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua consiguió sentencias para dos proveedores de la Municipalidad Distrital de Ubinas. Los fiscales Walker Fredy Ríos Calizaya y Sergio Flores Vargas lograron la condena de las acusadas por el delito de peculado por apropiación.

Los hechos se remontan a 2011, cuando la municipalidad ejecutaba la obra “Construcción del Polideportivo”. Durante la ejecución, se realizaron contrataciones que la fiscalía consideró simuladas.

Casos de las sentenciadas

• Ann Yesenia Santos Carrera: La sentenciaron a tres años y seis meses de pena privativa de la libertad, suspendida por un año. La encontraron culpable como cómplice. Se le acusa de haber cobrado un cheque de S/ 10.800 por el servicio de mano de obra calificada para un muro de contención, a pesar de que nunca presentó una cotización ni realizó el trabajo.
• Rocío Vila Salas Pérez: La sentenciaron a tres años y seis meses, suspendida por un año. Se le encontró responsable de peculado por apropiación en el mismo proyecto, por cobrar un cheque de S/ 9.240 en 2013, como representante de una empresa que debía realizar la asesoría técnica para la compra e instalación de pasto. La fiscalía determinó que la asesoría nunca se brindó.

Ambas sentencias conllevan inhabilitación por el mismo periodo de la pena suspendida y se dictaron en agravio del Estado y de la Municipalidad de Ubinas.