La Fiscalía Superior Penal y la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ilo consiguieron que se ratifique, en segunda instancia, la máxima sanción de cadena perpetua contra los ciudadanos extranjeros Josgregor Augusto Peñuela Gómez, de 28 años, y Darwin Edinson Serven Correa, de 44 años. Asimismo, el tribunal confirmó la condena de 35 años de cárcel para Yeferson Steven Castillo Olivero, de 19 años, tras demostrarse su responsabilidad en graves delitos que vulneraron la integridad de múltiples víctimas.

Los sentenciados enfrentaron cargos por trata de personas, explotación sexual en agravio de niñas y adolescentes, tráfico ilícito de drogas, y tráfico ilegal de armas y municiones. La investigación fiscal determinó que el grupo criminal operaba una red de captación y traslado que movilizó a cuatro mujeres venezolanas, entre ellas dos menores de 13 y 17 años. El trayecto incluyó pasos por Colombia, Ecuador y Chile, antes de establecerse de forma definitiva en la provincia de Ilo.

Una vez en territorio peruano, las víctimas sufrieron explotación bajo la modalidad de prostitución y servicios de dama de compañía en diversos locales nocturnos. Los captadores también utilizaban anuncios en plataformas digitales para ofrecer estos servicios ilícitos. Este caso contó con el soporte especializado de la Unidad de Asistencia Inmediata a Víctimas y Testigos (UAIVT) y la Unidad de Medicina Legal I Ilo, cuyos profesionales médicos, psicólogos y antropólogos brindaron los peritajes necesarios bajo estricta reserva de identidad.

Esta resolución judicial marcó un precedente significativo, al ser la segunda sentencia de esta naturaleza lograda en el año por el Ministerio Público en la región. Ante el incremento de casos similares, las autoridades resaltaron la necesidad de implementar una Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas en el Distrito Fiscal de Moquegua para fortalecer la persecución penal contra estas organizaciones criminales transnacionales.

Personal policial de la Área de Investigación Criminal (AREINCRI) de la PNP Ilo detuvo en flagrancia a un hombre implicado en el presunto delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual en grado de tentativa. La intervención ocurrió en agravio de una menor de edad de iniciales S.A.S.E., de 13 años.

El operativo se ejecutó a las 21:20 horas del martes 12 de mayo, en un inmueble de la manzana 2, ubicado en la antigua Asociación 28 de Julio, en el sector Boca de Madera. Los agentes policiales acudieron al lugar de forma inmediata tras recibir la alerta sobre la presunta comisión del hecho delictivo.

Durante la incursión, las fuerzas del orden intervinieron a Luis Fausto Nina Larico, de 24 años, quien se encontraba en la vivienda junto a la adolescente. Según el reporte oficial, ambos consumían bebidas alcohólicas y el sujeto realizaba presuntas proposiciones sexuales a la víctima.

En las diligencias, los efectivos incautaron un teléfono celular de propiedad del investigado. Este dispositivo móvil ingresó a las cadenas de custodia y será sometido a las pericias correspondientes para el esclarecimiento del caso.

Las autoridades trasladaron al detenido a la dependencia policial y lo pusieron a disposición del Ministerio Público para el inicio de las investigaciones de ley. La Policía Nacional del Perú reafirmó su compromiso con la protección de la niñez y la adolescencia.

La compañía minera Buenaventura confirmó el fallecimiento de un trabajador en su Unidad San Gabriel, ubicada en el distrito de Ichuña, Moquegua. El accidente ocurrió la mañana del lunes 11 de mayo de 2026 mientras el colaborador realizaba labores en superficie. Según reportes preliminares de autoridades locales, la víctima fue identificada como Edgar Cabana, natural del centro poblado de Oyo Oyo, quien se habría desempeñado en el área de la planta chancadora.

Este trágico suceso marca la segunda pérdida de una vida humana en el proyecto en un periodo de apenas cinco días. El pasado jueves 7 de mayo, el trabajador Joe Redi Jáuregui Quispe también falleció en la zona de operaciones tras un derrumbe. Ante la gravedad de la situación y la creciente preocupación de la comunidad y los trabajadores por las condiciones de seguridad, la empresa anunció la suspensión total de actividades en la unidad hasta garantizar que las instalaciones sean seguras para todo el personal.

A través de un comunicado oficial firmado por su gerente general, Leandro García, la minera expresó sus condolencias a los familiares y compañeros de la víctima, asegurando que se encuentran brindando el apoyo necesario. Asimismo, la compañía ha declarado una alerta máxima en todas sus unidades de producción a nivel nacional para reforzar los protocolos de seguridad, bajo el liderazgo presencial de la Alta Dirección.

Actualmente, las causas exactas del accidente se encuentran bajo investigación por parte de las autoridades competentes y el equipo técnico de la empresa. La paralización de las labores en San Gabriel busca priorizar la integridad física de los colaboradores y realizar una revisión exhaustiva de los procesos operativos en este proyecto minero de la provincia de General Sánchez Cerro.