La Contraloría General de la República determinó presunta responsabilidad penal y administrativa en 10 funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), incluyendo a su exjefe, debido a graves irregularidades detectadas durante la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026. El informe reveló que diversas acciones indebidas provocaron demoras críticas y la afectación del derecho al sufragio de 55 261 electores en Lima Metropolitana.

Según el Informe de Control Específico n.° 8536-2026-CG/JUSPE-SCE, funcionarios de la institución favorecieron al postor encargado del servicio de transporte de material electoral. Para lograrlo, manipularon los términos de referencia omitiendo la cuantificación real de vehículos necesarios y aplicaron criterios técnicos arbitrarios para asignar un puntaje mayor al proveedor ganador. Esta adjudicación, realizada por un monto de S/ 6 368 332.75, se concretó a pesar de que la oferta resultó superior en precio y que el servicio fue cubierto en un 92% por vehículos de terceros, contraviniendo los requerimientos iniciales.

La crisis operativa alcanzó niveles críticos cuando funcionarios de las áreas de informática y gestión electoral permitieron el traslado inoportuno de equipos informáticos, sin planificar adecuadamente la cobertura de la demanda. El 11 de abril, una reprogramación improvisada de 43 rutas, con tiempos de entrega técnicamente inviables, derivó en la no instalación de 187 mesas de sufragio. Además, las autoridades aprobaron prestaciones adicionales injustificadas por S/ 650 205.94, que incluyeron un incremento del 900% en los precios unitarios de ciertos servicios de transporte respecto al contrato original.

Ante estos hallazgos, la Contraloría recomendó al titular de la ONPE iniciar el deslinde de responsabilidades contra los servidores comprometidos. Asimismo, instó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios a formalizar las acciones penales correspondientes, y solicitó a la Junta Nacional de Justicia intervenir para determinar las sanciones pertinentes por este perjuicio a la transparencia del proceso electoral.

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó los resultados correspondientes a las Elecciones Generales 2026. La máxima entidad electoral confirmó el inicio del balotaje presidencial tras certificar que ninguna de las organizaciones políticas participantes alcanzó la mayoría absoluta de los sufragios requerida por la normativa vigente.

La audiencia pública de proclamación se desarrolló en la sede institucional ubicada en el distrito limeño de Jesús María. El acto contó con la dirección del presidente del organismo electoral, Roberto Burneo Bermejo, quien suscribió el acta de cómputo al 100 % de los votos válidos junto a los demás integrantes del tribunal. La ceremonia congregó a diversas autoridades nacionales, representantes partidarios y misiones de observación internacional, entre las que destacó la jefatura de la Unión Europea liderada por Alexander Gray, además del Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.

La resolución definitiva determinó que la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, consolidó su pase a la siguiente etapa al registrar 2.877.678 votos válidos, cifra que equivale al 17,192 % de las preferencias. Por su parte, el postulante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, aseguró la segunda posición oficial de la contienda con un total de 2.015.114 votos válidos, alcanzando el 12,039 % del respaldo ciudadano.

El dictamen del JNE ratificó la irreversibilidad matemática frente al tercer lugar ocupado por Rafael López Aliaga, representante de Renovación Popular, quien acumuló 1.993.905 votos. Ante los cuestionamientos presentados por dicha agrupación política mediante reclamos contra la legalidad del proceso, las autoridades del sistema electoral recordaron la rigurosidad y transparencia del escrutinio general. El procedimiento de fiscalización incluyó la transmisión pública de más de 2.300 audiencias y la evaluación minuciosa de unas 68.000 actas observadas que resolvieron los jurados especiales.

El cronograma electoral establece que la segunda vuelta se desarrollará el próximo domingo 7 de junio de 2026. Ambas fórmulas presidenciales iniciarán formalmente la campaña final con miras a asumir la conducción del gobierno peruano para el periodo constitucional de cinco años fijado hasta el 2031.

La Contraloría General de la República realizó un operativo de control inopinado al proceso de adquisición y distribución de materiales educativos para instituciones públicas de zonas vulnerables. Durante la intervención, el organismo identificó graves retrasos en la entrega de prendas y útiles que comprometen el servicio educativo y ponen en riesgo más de S/ 234 millones de recursos públicos invertidos.

El contralor general, César Aguilar Surichaqui, encabezó esta inspección ejecutada por el Órgano de Control Institucional del Ministerio de la Producción. El programa original contempló la compra de 1 074 461 paquetes educativos para estudiantes de primaria y secundaria de 18 336 colegios ubicados en los quintiles 1 y 2 de pobreza en 20 departamentos del país.

Para concretar esta iniciativa, el Gobierno autorizó una transferencia superior a los S/ 290 millones a favor de la referida cartera ministerial. Los bienes se adquirieron a través del Programa Nacional Compras a MYPErú e incluyen polos, buzos, cuadernos y mochilas.

Miles de kits escolares sin distribuir en almacenes

El informe de control concurrente precisó que, al cierre del primer bimestre académico, permanecían 448 875 kits escolares sin distribuir en los depósitos textiles de Lurín. Esta situación afecta directamente a 7282 colegios estatales de Cajamarca, Loreto, Amazonas, San Martín y Ucayali.

“Lo más preocupante de esta situación es que los principales perjudicados son miles de niños y adolescentes de las zonas más vulnerables del país. Hablamos de estudiantes que esperaban estos materiales para asistir a clases en condiciones adecuadas”, afirmó Aguilar Surichaqui.

Déficit presupuestal en el transporte logístico

La entidad supervisora aclaró que las micro y pequeñas empresas proveedoras cumplieron con entregar el total de los productos fabricados. El problema principal se originó por una insuficiencia de fondos para la contratación del servicio de traslado terrestre y fluvial. El presupuesto asignado para el reparto nacional fue de S/ 16 millones, pero el costo real del servicio alcanzó más de S/ 33 millones.

Esta paralización logística genera un serio perjuicio social y aumenta el riesgo de deserción escolar, especialmente en zonas de clima frío o lluvioso donde los buzos escolares representan una necesidad básica. Cajamarca y Loreto concentran más del 80 % de los paquetes pendientes de entrega debido a sus complejas condiciones geográficas.

Finalmente, el contralor general detalló que el órgano de control emitió tres informes sucesivos previos para alertar sobre este deterioro logístico. La Contraloría otorgó un plazo prudencial a la entidad responsable para que subsane las deficiencias y advirtió que el incumplimiento derivará en acciones legales para determinar las responsabilidades correspondientes.