El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que, desde el lunes 16 hasta el martes 17 de febrero de 2026, se presentarán lluvias de ligera a fuerte intensidad en la región costera. El evento meteorológico tendrá una duración de 47 horas y afectará principalmente la zona norte del país, donde se prevén los mayores acumulados de precipitación.

Para el lunes 16 de febrero, los pronósticos indican acumulados de lluvia entre 5 y 50 mm/día en la costa norte. En contraste, la zona central registrará valores menores, situados entre 0.2 y 3 mm/día, mientras que en la costa sur las estimaciones oscilarán entre los 0.5 y 2.5 mm/día. Las autoridades instaron a la población a tomar precauciones ante el posible incremento de la humedad y la saturación de suelos.

Además de las precipitaciones, el organismo técnico anticipó un incremento de la cobertura nubosa y de la sensación térmica durante la tarde, el atardecer y la noche. El fenómeno climático estará acompañado por ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 25 km/h, lo que podría afectar estructuras ligeras en diversas localidades del litoral.

El Poder Judicial sentenció que la vía vecinal 567 MTC CO, ubicada en el sector de Cuajone, es de propiedad del Estado y debe ser de libre acceso para la ciudadanía. Durante aproximadamente 50 años, esta infraestructura permaneció bajo el control exclusivo de la minera Southern Perú, empresa que restringía el paso a través de una garita de control. La situación cambió tras una serie de recursos de amparo presentados bajo el expediente N.° 795-2024, los cuales derivaron en una exhortación judicial emitida este año.

La existencia de esta ruta era inicialmente desconocida por la Municipalidad Distrital de Torata. Sin embargo, ante un segundo requerimiento de información del Poder Judicial impulsado por las acciones legales del abogado Jorge Paredes, la comuna reconoció la titularidad de la vía. Tras el fallo, Paredes señaló que el municipio ahora tiene la responsabilidad de establecer convenios para asegurar el mantenimiento de esta infraestructura vial, que conecta directamente con la ruta Moquegua – Cuajone.

Actualmente, el trayecto se encuentra en óptimas condiciones de conservación, contando con asfaltado, señalización vigente y servicios complementarios como el de un grifo cercano. El acceso libre permitirá a los transportistas y conductores particulares optar por esta alternativa vial sin las restricciones de seguridad privada que se impusieron durante décadas en la zona.

La Contraloría General de la República identificó un perjuicio económico de S/ 3 108 158 en contra del Estado peruano, debido a irregularidades en la aprobación de servidumbres mineras. La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) otorgó el uso de terrenos públicos en los distritos de Moquegua y Torata a favor de la empresa Minera Hampton Perú S.A.C., cobrando montos significativamente inferiores a su valor comercial real.

Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 007-2025-2-4413, el error principal radicó en una tasación que subvaluó el precio de la propiedad. Los auditores constataron que los servidores de la SBN validaron un cálculo donde se aplicó de forma duplicada el «factor de influencia» por la topografía del terreno. Esta duplicidad redujo el costo de manera indebida, permitiendo que el particular pagara mucho menos de lo estipulado en el Reglamento Nacional de Tasaciones.

El área afectada comprende un total de 51 303 847 metros cuadrados, subdivididos en cuatro parcelas para facilitar el desarrollo del proyecto cuprífero Los Calatos. La auditoría advirtió que, si las condiciones contractuales actuales persisten durante los 30 años de vigencia del acuerdo, el perjuicio económico proyectado para el país ascendería a S/ 18 278 100.

Por estos hechos, se determinó presunta responsabilidad civil y administrativa en tres servidores públicos. La Contraloría recomendó a su Procuraduría Pública iniciar las acciones legales necesarias para recuperar los fondos. Asimismo, instó a la SBN a renegociar convenios y actualizar sus controles internos para evitar que tasaciones erróneas afecten los recursos destinados al desarrollo nacional. El proyecto Los Calatos, operado por el grupo City Capital, representa una inversión estimada de US$ 700 millones.