La Contraloría General de la República reveló irregularidades en la contratación de servicios para la supervisión de tres mantenimientos viales de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) del Gobierno Regional de Moquegua. Los contratos, que equivalen a S/ 774.950, se adjudicaron con un presunto favorecimiento a empresas.

El Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 043-2025-2-5347-AC detalló que el Comité Especial de Selección otorgó una bonificación del 5% a los consorcios ganadores, a pesar de que no la solicitaron en sus ofertas. Además, en dos procesos, el comité no realizó el sorteo que correspondía a pesar de que hubo un empate en el puntaje, y en su lugar, otorgó la buena pro de forma irregular.

Los contratos se firmaron, incluso, a pesar de que los consorcios ganadores no acreditaron la experiencia mínima requerida en la especialidad. Por estos hechos, se identificó presunta responsabilidad penal en dos funcionarios: la presidenta y el segundo miembro del comité.

Deficiencias en la gestión y recomendaciones

El informe también señaló deficiencias en los instrumentos de gestión de la entidad, como la existencia de áreas en la DRTC de Moquegua que no están contempladas en su Reglamento de Organización y Funciones (ROF).

Además, se advirtió que la entidad elaboró los expedientes técnicos solo con base en normas generales, lo que podría afectar su calidad. Los Términos de Referencia se elaboraron sin una normativa interna específica, lo que generó inconsistencias en los plazos y otros requisitos.

La Contraloría recomendó a la titular del Gobierno Regional de Moquegua que tome las acciones correctivas correspondientes y que implemente los instrumentos de gestión necesarios. También recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción que inicie las acciones penales contra los funcionarios con presunta responsabilidad.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua consiguió sentencias para dos proveedores de la Municipalidad Distrital de Ubinas. Los fiscales Walker Fredy Ríos Calizaya y Sergio Flores Vargas lograron la condena de las acusadas por el delito de peculado por apropiación.

Los hechos se remontan a 2011, cuando la municipalidad ejecutaba la obra “Construcción del Polideportivo”. Durante la ejecución, se realizaron contrataciones que la fiscalía consideró simuladas.

Casos de las sentenciadas

• Ann Yesenia Santos Carrera: La sentenciaron a tres años y seis meses de pena privativa de la libertad, suspendida por un año. La encontraron culpable como cómplice. Se le acusa de haber cobrado un cheque de S/ 10.800 por el servicio de mano de obra calificada para un muro de contención, a pesar de que nunca presentó una cotización ni realizó el trabajo.
• Rocío Vila Salas Pérez: La sentenciaron a tres años y seis meses, suspendida por un año. Se le encontró responsable de peculado por apropiación en el mismo proyecto, por cobrar un cheque de S/ 9.240 en 2013, como representante de una empresa que debía realizar la asesoría técnica para la compra e instalación de pasto. La fiscalía determinó que la asesoría nunca se brindó.

Ambas sentencias conllevan inhabilitación por el mismo periodo de la pena suspendida y se dictaron en agravio del Estado y de la Municipalidad de Ubinas.

Decenas de pobladores del distrito de Ichuña protagonizaron un plantón en los exteriores de la Corte Superior de Justicia de Moquegua. La medida busca presionar a los magistrados de la Sala Mixta de Mariscal Nieto para que revoquen una sentencia de primera instancia y anulen un controversial informe técnico sobre límites que cede parte de su territorio a la región Puno.

Los manifestantes exigen que se declare la nulidad del Informe 045-2017-PCM/SDOT, el cual define el límite interdepartamental y, según denuncian, anexa los poblados de Tolapalca, Titire y Aruntaya a la jurisdicción puneña. “Venimos a exigir que se respete la sentencia del año 2019 y que no nos despojen de nuestro territorio; si no anulan este informe, podríamos perder comunidades enteras”, declaró el alcalde distrital de Ichuña, Prof. Jesús Natividad Ventura Bautista.

El recorrido del conflicto limítrofe

El proceso de demarcación territorial entre Moquegua y Puno, que inició en octubre de 2009, se encuentra estancado por una presunta falta de neutralidad y la prevalencia de intereses políticos sobre criterios técnicos. El punto crítico llegó el 18 de abril de 2017, cuando la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial comunicó a ambos gobiernos regionales el resultado del informe que ahora se encuentra en disputa.

En respuesta, la Municipalidad Distrital de Ichuña, a través de su procurador Carlos Alberto Patiño Agüero, interpuso una acción de amparo para anular dicho documento. Sin embargo, el 30 de abril de 2025, el juez mixto de General Sánchez Cerro declaró infundada la demanda. El argumento del juez fue que Moquegua no asistió a las convocatorias y que la delimitación interregional es competencia de los gobiernos regionales y no de los municipios.

Posteriormente, el 19 de mayo de 2025, la procuraduría pública regional de Moquegua, a cargo del Abog. Juani Howard Zegarra Coaila, presentó un recurso de apelación. Con el plantón, la población de Ichuña busca que la Sala Mixta de Mariscal Nieto revierta la decisión inicial y declare fundada en todos sus extremos la demanda de nulidad.