Moquegua
Verifican condiciones sanitarias de alimentos escolares en colegios de Moquegua

La Dirección Regional de Salud Moquegua informó en una nota de prensa que se viene realizando vigilancia sanitaria a los alimentos distribuidos en instituciones educativas, como parte de las acciones preventivas para garantizar condiciones seguras de almacenamiento, manipulación y consumo en beneficio de los escolares.
Una de las intervenciones más recientes fue la inspección inopinada al Consorcio Granix E.I.R.L., proveedor del Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria Wasi Mikuna. Según lo constatado, el local cuenta con instalaciones limpias, buena ventilación, abastecimiento de agua potable clorada, control de plagas y zonas diferenciadas para la producción, almacenamiento y manejo de residuos.
Además, se supervisaron centros educativos como la I.E. Manuel C. de la Torre, donde se observó el correcto almacenamiento de productos; la I.E. Simón Bolívar, en proceso de coordinar la entrega de alimentos a los padres de familia; y la I.E. Almirante Miguel Grau, donde se verificó la preparación de alimentos y se brindaron recomendaciones sobre higiene y manipulación.
Estas acciones forman parte de los lineamientos establecidos a nivel nacional para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs), y asegurar que el suministro alimentario llegue en condiciones óptimas desde su origen hasta el consumo final.
El cumplimiento de las normas sanitarias recae en los proveedores del programa Wasi Mikuna y en las instituciones educativas, quienes deben asegurar condiciones adecuadas en toda la cadena: almacenamiento, preparación y entrega.
Moquegua
Regidora denuncia presunto uso de vivero municipal de Torata con fines políticos
Una fiscalizadora halló propaganda electoral dentro de instalaciones estatales y denunció coacción contra obreros.

La regidora de la Municipalidad Distrital de Torata, Arla Noelia Flor Cruz, denunció penalmente el presunto uso de vivero municipal de Torata con fines políticos. La fiscalizadora constató el hallazgo de diversos materiales logísticos de campaña electoral pertenecientes a la agrupación Progresemos, partido donde milita el alcalde de la jurisdicción, Elvis Córdova Nina.
El operativo de control ocurrió la tarde del martes 7 de julio de 2026 en Moquegua. La autoridad edil acudió a las instalaciones estatales tras recibir alertas de los propios servidores de la comuna, quienes informaron sobre la confección clandestina de elementos de propaganda.
Hallazgo de propaganda y coacción laboral
Durante la inspección física en el recinto del Estado, la regidora halló pintura verde y amarilla, cañas cortadas, retazos de tela, cordeles, ganchos y plantillas de cartón grabadas con el símbolo de la citada organización política. Al momento de ingresar, diversas unidades vehiculares abandonaron el lugar transportando el material electoral.
Asimismo, la denunciante sostuvo que alrededor de 10 trabajadores municipales sufrieron coacción para participar en estas labores proselitistas bajo amenaza laboral. Ante esta situación, Flor Cruz solicitó la intervención inmediata del Ministerio Público para determinar el desvío ilícito de infraestructura, bienes y personal público.
Pronunciamiento oficial de la comuna de Torata
Ante la gravedad de las imputaciones difundidas en los medios de comunicación, la Municipalidad Distrital de Torata emitió un comunicado oficial el 8 de julio de 2026. La Gerencia Municipal dispuso el inicio de las acciones administrativas correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales aplicables.
La entidad estatal reafirmó su compromiso con la neutralidad institucional, la transparencia en la gestión pública y el estricto respeto a la ley. Finalmente, la administración municipal aseguró que brindará todas las facilidades y el apoyo necesario al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú para asegurar una investigación objetiva, transparente e imparcial.
Moquegua
Contraloría advierte retraso en toma de muestras de análisis de calidad del agua en Moquegua
La EPS Moquegua envió las pruebas con 45 días de retraso, lo que afectó la vigilancia oportuna de la calidad del agua.

La Contraloría General de la República alertó sobre un preocupante retraso operativo en la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) Moquegua. Este desfase puso en riesgo el cumplimiento del Reglamento de la Calidad del Agua para el Consumo Humano y afectó de manera directa la seguridad del servicio que reciben 43 954 usuarios de la localidad.
El Informe de Orientación de Oficio n.° 007-2026-OCI/4553-SOO detalló que la entidad recolectó y derivó las muestras para el control obligatorio del primer trimestre con una tardanza de hasta 45 días. Esta acción vulneró su propio cronograma de actividades de control y frecuencia de muestreo mínimo estipulado para la región.
Incumplimiento del cronograma de monitoreo
El servicio de control simultáneo determinó que la toma de las 36 muestras obligatorias debió ejecutarse estrictamente en febrero de 2026 a través de un laboratorio acreditado por el Instituto Nacional de Calidad. Estas evaluaciones tenían como objetivo medir 19 parámetros específicos en las redes de distribución y en las fuentes de captación locales.
Entre los puntos de abastecimiento incluidos en el plan se encuentran el embalse Pasto Grande, el río Tumilaca, las plantas de tratamiento de agua potable de Chen Chen y Yunguyo, además de las Galerías Filtrantes de Ollería y El Totoral. Sin embargo, el personal de la empresa prestadora recién ejecutó las actividades de campo los días 13, 14 y 15 de abril de 2026.
Riesgos en la vigilancia de los límites permitidos
Las pruebas postergadas debían analizar la presencia de coliformes totales, bacterias heterotróficas, coliformes termotolerantes, turbidez, pH, conductividad, aluminio, arsénico, hierro total y manganeso. El retraso de un mes y medio generó un desfase que impidió la detección inmediata de cualquier alteración fisicoquímica, inorgánica, microbiológica o parasitológica en el recurso hídrico.
Las normas vigentes de la Dirección General de Salud Ambiental y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento exigen un control permanente para asegurar que la población no consuma agua que exceda los Límites Máximos Permisibles. El órgano de control ya notificó el documento a la Gerencia General de la EPS Moquegua para que implemente las acciones correctivas urgentes.
Moquegua
Dictan nueve meses de prisión preventiva para chofer de vehículo de carga pesada en Moquegua
Un conductor que manejaba en estado de ebriedad ingresó al penal tras provocar un accidente que dejó tres personas fallecidas.

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mariscal Nieto logró que se dicte prisión preventiva para un conductor que causó una tragedia en las vías de la región. El investigado ingresó al establecimiento penitenciario mientras continúan las investigaciones por el fatídico hecho.
El pedido de prisión preventiva lo formuló el Tercer Despacho de la mencionada fiscalía corporativa. La medida coercitiva recae sobre Alex Juli Callata, quien manejaba un camión de gran tonelaje que colisionó contra una unidad de transporte público. El hecho dejó como saldo 03 personas fallecidas y más de una decena de pasajeros heridos.
Detalles del accidente en la Panamericana Sur
El trágico suceso aconteció el pasado 29 de junio en la carretera Panamericana Sur. El imputado conducía el vehículo de carga pesada con dirección a la ciudad de Arequipa. Durante el trayecto, el conductor invadió el carril contrario de forma intempestiva e impactó frontalmente contra un vehículo de pasajeros tipo «van» que se desplazaba en sentido opuesto.
Los exámenes de dosaje etílico confirmaron que el chofer operaba la unidad en estado de ebriedad. El resultado arrojó 0.84 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite permitido por la legislación peruana para conductores de transporte de carga y pasajeros.
Sustentación fiscal y peligro de fuga
La fiscal adjunta provincial, Adela Espinoza Barrera, estuvo a cargo de sustentar los elementos de convicción ante el Juzgado de Investigación Preparatoria. La representante del Ministerio Público detalló que, debido a la gravedad de los delitos cometidos, la posible pena a imponerse al procesado podría alcanzar los 20 años de pena privativa de la libertad.
La fiscalía argumentó que el detenido carece de arraigo laboral, domiciliario y familiar en la zona, lo que genera un evidente peligro de fuga y de obstaculización de la justicia. Ante los riesgos procesales y la necesidad de actuar las diligencias pendientes, el Poder Judicial declaró fundado el requerimiento por un plazo de 9 meses de prisión preventiva. Al concluir este periodo, el investigado afrontará la etapa de acusación fiscal y el posterior juicio oral.
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