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Perú

Gobierno establece medidas extraordinarias para mitigar crisis energética y asegurar abastecimiento nacional de hidrocarburos

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El Poder Ejecutivo aprobó el Decreto de Urgencia N° 003-2026, una norma que establece mecanismos urgentes para enfrentar la crisis energética y garantizar el suministro de combustible en todo el país. Esta disposición contempla un esquema de financiamiento de hasta 2000 millones de dólares, recursos que provendrán exclusivamente de la banca privada internacional para asegurar la operatividad de la empresa estatal Petroperú.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, aclaró que esta medida no representa un rescate financiero con fondos estatales. Por primera vez en la historia reciente de la empresa, el capital no se obtendrá del Tesoro Público, lo que significa que no se utilizarán impuestos de los ciudadanos para esta operación. Para gestionar estos fondos, se creó un vehículo de propósito especial y un fideicomiso controlado por ProInversión, diseñado para proteger el nuevo flujo de caja de las deudas previas de la institución.

La normativa establece que los recursos tendrán un uso restringido exclusivamente para la compra de crudo y el mantenimiento de la cadena de suministro. El Ministerio de Energía y Minas (Minem) brindará una garantía no financiera como respaldo estratégico para generar confianza en los mercados internacionales, sin que esto implique la salida de dinero público. Este modelo busca evitar desabastecimientos en regiones críticas como Loreto, Madre de Dios y Ucayali, donde Petroperú concentra hasta el 85 % del mercado.

El premier Arroyo reafirmó que, aunque Petroperú mantendrá su condición de empresa estatal, el Gobierno de transición implementará reformas estructurales para lograr una gestión sostenible. La norma, que lleva la firma del presidente José María Balcazar, complementa lo dispuesto en el decreto de urgencia 010-2025 y acelera el proceso de reorganización patrimonial de la petrolera para evitar una crisis de energía a nivel nacional.

Perú

El control preventivo contribuyó a la reactivación de obras públicas por S/ 3900 millones

La Contraloría emitió 210 informes que impulsaron proyectos en 18 regiones, beneficiando a casi cinco millones de peruanos.

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El control preventivo contribuyó a la reactivación de obras públicas paralizadas en 18 regiones del país por un valor de S/ 3900 millones. El contralor general, César Aguilar Surichaqui, presentó los avances de su gestión ante la Comisión en Asuntos de Gestión del Estado y Contraloría del Congreso de la República.

Hasta el 30 de junio de 2026, la Contraloría General de la República emitió 210 informes de control preventivo que permitieron destrabar 94 proyectos estratégicos. La culminación de estas infraestructuras beneficiará de manera directa a 4.9 millones de peruanos.

Regiones y proyectos beneficiados por las intervenciones

Arequipa lidera la lista nacional con 24 infraestructura reactivadas, seguida por Cusco con nueve, Áncash con ocho, Lima con siete y Puno con seis. Las acciones de supervisión comenzaron formalmente el 11 de julio de 2025 para asegurar la continuidad de los servicios estatales.

Entre las obras de mayor envergadura destacan el establecimiento de salud Maritza Campos Díaz (S/ 337.4 millones) y el Hospital Camaná (S/ 197.5 millones) en Arequipa. Asimismo, figuran el colegio Santa Rosa de Viterbo en Áncash (S/ 112.9 millones) y el local escolar Juan Mejía Baca en Lambayeque (S/ 11.4 millones).

Resultados del control gubernamental y perjuicio económico

Entre enero y agosto de 2026, la institución emitió 25 236 informes de control a nivel nacional. La fiscalización posterior permitió identificar presuntas responsabilidades administrativas, civiles y penales en 2344 funcionarios públicos involucrados en actos irregulares.

Las auditorías de cumplimiento y los servicios específicos evidenciaron un perjuicio económico de S/ 722 millones contra el Estado. Esta cifra se suma a los S/ 763 millones en pérdidas detectados durante el año 2025 tras la ejecución de más de 44 mil servicios de inspección.

Operativos en seguridad, penales y Fenómeno El Niño

El máximo organismo de control ejecutó intervenciones focalizadas en la Policía Nacional del Perú, supervisando 485 comisarías básicas e identificando 2582 situaciones adversas. En Lima y Callao, la fiscalización a 27 municipalidades alertó sobre 729 cámaras de videovigilancia inoperativas y patrulleros inmovilizados.

Actualmente, la Contraloría despliega operativos en 52 establecimientos penitenciarios del país y realiza el seguimiento al proceso de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. En materia del Fenómeno El Niño, el organismo emitió 2924 informes de supervisión, concentrando el mayor volumen de intervenciones en las regiones de Lima, Áncash, Puno, La Libertad y Junín.

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El Gobierno impulsa 14 medidas para desarticular al crimen organizado

El Ejecutivo presentó un paquete normativo para combatir la delincuencia y recuperar el principio de autoridad en el país.

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El Ejecutivo incluyó un paquete de iniciativas en materia de seguridad ciudadana, orden interno, control migratorio y reforma penitenciaria. El paquete normativo contempla que el Gobierno impulsa 14 medidas para desarticular al crimen organizado dentro del proyecto de ley de delegación de facultades legislativas presentado ante el Congreso de la República.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, ratificó el compromiso de la gestión de la presidenta Keiko Fujimori en la lucha contra la delincuencia. El premier señaló que combatirán el delito con decisión, inteligencia, estrategia y sanción para poner orden en las calles.

Eliminación de la reducción de penas y control de bandas

Una de las primeras acciones será eliminar la denominada «puerta giratoria». La medida busca impedir que los delincuentes peligrosos accedan a beneficios como la reducción de condenas o penas menores mediante el recurso de terminación anticipada.

Entre las propuestas destaca la clasificación y registro oficial de las bandas delictivas como «grupos hostiles». Esta denominación permitira que las Fuerzas Armadas intervengan en apoyo de la Policía Nacional para lograr la detención y neutralización de estas estructuras delictivas.

Bloqueo de celulares y fortalecimiento del sistema de inteligencia

El proyecto plantea el rastreo, localización, geolocalización, baja de líneas y bloqueo de dispositivos móviles empleados en extorsiones y otros ilícitos. La fiscalización priorizará las llamadas ejecutadas desde los centros penitenciarios y juveniles del país.

Asimismo, la propuesta abarca el estricto control migratorio, la fiscalización del uso civil de armas de fuego y la intervención temporal de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los penales. Finalmente, se contempla la reforma del sistema penitenciario y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Inteligencia y la Dirección Nacional de Inteligencia.

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Contraloría de Perú reúne a autoridades latinoamericanas para abordar control público

El seminario internacional organizado por la Contraloría General de la República reunió a expertos para debatir sobre la prevención y el control público en América Latina.

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La Contraloría General de la República del Perú realizó este viernes 11 de septiembre en Lima el Seminario Internacional “Prevenir para Generar Valor”. Este espacio reunió a contralores, autoridades parlamentarias y representantes de organismos internacionales para intercambiar experiencias y buenas prácticas orientadas a fortalecer la gobernanza pública y promover la generación de valor para la ciudadanía.

El encuentro se desarrolló en el distrito de San Isidro, en formato híbrido, y contó con la participación de más de 60 profesionales y funcionarios internacionales. Los asistentes integran las Entidades Fiscalizadoras Superiores de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, además de representantes del PARLATINO y parlamentos nacionales.

Desarrollo y paneles del seminario

La actividad se realizó en el marco de la Presidencia de la Comisión de Parlamentos y Entidades Fiscalizadoras Superiores de la OLACEFS, a cargo de la entidad peruana. Su objetivo principal consistió en continuar promoviendo el relacionamiento y la cooperación entre las entidades fiscalizadoras y los parlamentos de la región.

Durante la jornada, el contralor general y presidente de la CPE, César Aguilar Surichaqui, ofreció la conferencia magistral titulada “La rentabilidad social del control público: una nueva visión para las Entidades Fiscalizadoras Superiores”. El programa contempló tres paneles internacionales dedicados a la gestión de riesgos en megaproyectos, la fiscalización ante desastres naturales como el Fenómeno del Niño, y el control territorial en zonas vulnerables y fronterizas.

Desafíos para el control público regional

El seminario permitió fortalecer el intercambio de conocimientos entre las Entidades Fiscalizadoras Superiores y los parlamentos. Asimismo, generó espacios de diálogo sobre los desafíos que enfrenta el control público para contribuir a una gestión más preventiva y orientada a resultados en beneficio de la ciudadanía de la región latinoamericana.

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