Tras la destitución de la presidencia, el Fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, anunció que su despacho solicitará el impedimento de salida del país contra la exmandataria Dina Boluarte. La medida busca asegurar su presencia en el territorio nacional para que responda ante la justicia por las múltiples carpetas fiscales que tiene abiertas por presuntos delitos cometidos durante su gestión y en cargos anteriores.

La situación judicial de Boluarte es compleja, ya que acumula al menos siete investigaciones fiscales activas y un total de 34 denuncias presentadas en su contra. Con su salida del cargo, pierde la inmunidad presidencial que mantenía en suspenso algunas de las pesquisas más graves.

Las principales investigaciones que enfrenta

Entre los casos más relevantes destacan las investigaciones por las muertes ocurridas durante las protestas sociales de 2022 y 2023, donde se le imputa presunta responsabilidad por homicidio calificado. Asimismo, enfrenta el caso «Rolexgate» por presunto enriquecimiento ilícito y cohecho, relacionado con la posesión no declarada de relojes de lujo.

Otras pesquisas incluyen el presunto encubrimiento de su hermano Nicanor Boluarte, el abandono del cargo para realizarse intervenciones estéticas y presuntos actos de corrupción de su etapa como ministra. Aunque el Tribunal Constitucional había suspendido temporalmente algunas de estas investigaciones, se espera que se reactiven tras su vacancia.

En una decisión histórica y unánime, el Pleno del Congreso de la República aprobó la vacancia de la presidenta Dina Boluarte por la causal de permanente incapacidad moral. Con 122 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el parlamento declaró la destitución de la jefa de Estado en los primeros minutos de este viernes.

La votación final se registró a las 00:07 horas, momento en el cual el presidente del Congreso, José Jerí, anunció el resultado que deja fuera del cargo a Boluarte. La resolución aprobada declara la vacancia de la presidencia y activa el proceso de sucesión constitucional establecido por ley. El Congreso dispuso que la decisión se comunique de inmediato al Presidente del Consejo de Ministros.

Esta determinación se produjo como el punto culminante de un proceso acelerado que incluyó la admisión y debate de cuatro mociones de vacancia presentadas por diversas bancadas parlamentarias durante la noche del jueves. La votación unánime del pleno ratificó la causal de incapacidad moral permanente como el argumento para la salida de la mandataria.

Los parlamentarios Patricia Chirinos y Elías Varas solicitaron a más de cuarenta representaciones diplomáticas en Lima que rechacen cualquier solicitud de protección por parte de la jefa de Estado, Dina Boluarte. La medida busca impedir que la mandataria eluda a la justicia ante una posible renuncia o la aprobación de una vacancia en el Congreso de la República.

Mediante oficios formales, los legisladores advirtieron a las misiones diplomáticas sobre supuestas gestiones del equipo legal de Boluarte para conseguir asilo en diversas sedes, con mención específica a las de Ecuador y Brasil. En los documentos, pidieron a los embajadores que actúen con “institucionalidad y prudencia”, con base en los principios de soberanía y no injerencia en los asuntos internos del Perú. Los escritos subrayan que la presidenta enfrenta múltiples expedientes fiscales por presuntos delitos cometidos durante su gestión.

Chirinos, legisladora de Renovación Popular, reiteró en sus cartas a Brasil y Ecuador que “el asilo político no puede ser utilizado como mecanismo para evadir la responsabilidad penal”. Por ello, exhortó a no aceptar ningún pedido de la presidenta, ya que debe rendir cuentas ante la justicia peruana.

Por su parte, el congresista Varas remitió un único oficio a más de 40 misiones, incluidas las de Estados Unidos, Alemania, España, Chile y China. En el texto, alertó sobre la “grave crisis política y de legitimidad gubernamental” que atraviesa el país y solicitó expresamente que se abstengan de otorgar refugio diplomático a Boluarte, pues podría interpretarse como una interferencia en los procesos constitucionales peruanos.