Un reciente estudio de Bumeran reveló una preocupante realidad para la fuerza laboral en el país: siete de cada 10 trabajadores peruanos aseguran que sus ingresos no cubren sus necesidades más allá de las dos semanas. La investigación, titulada «¿Qué pasa con el salario?», detalló que el 72% de los empleados enfrenta dificultades para llegar a fin de mes, evidenciando una presión constante sobre la economía de los hogares.

Dentro del grupo afectado, el 30% destina la totalidad de su sueldo al pago de cuentas inmediatamente tras recibirlo, mientras que el 19% admite que el dinero solo alcanza para los primeros 14 días. La situación es aún más crítica para un 15% que no logra cubrir gastos ni siquiera por una semana, y un 8% que manifiesta agotar sus recursos en apenas siete días. En contraste, solo un 14% de los encuestados afirmó que sus ingresos son suficientes para llegar al final del periodo mensual.

El informe profundizó en los factores que presionan el presupuesto familiar. El 38% de los trabajadores identificó el alquiler como su gasto principal, seguido por la alimentación con un 26% y el pago de deudas con un 15%. Asimismo, el 83% de la población laboral reconoció mantener algún tipo de deuda, un incremento de tres puntos porcentuales en comparación con los registros de 2025. Este contexto limita severamente la capacidad de ahorro, pues el 84% de los empleados indicó que le resulta imposible guardar parte de sus ingresos mensuales.

A pesar del panorama desafiante, el estudio de Bumeran notó una leve mejoría en la percepción del poder adquisitivo. Actualmente, el 23% de las personas consideró que su economía mejoró en los últimos meses, lo que representa un avance de siete puntos porcentuales respecto al año previo. Diego Tala, representante de la entidad, subrayó que, si bien existe una percepción más optimista, la gran mayoría de los trabajadores peruanos todavía afronta retos significativos para alcanzar la estabilidad financiera necesaria en sus gastos cotidianos.

Un grupo de estudiantes interpuso una demanda de amparo ante la Corte Superior de Justicia de Lima contra el Poder Ejecutivo, exigiendo la anulación de la Resolución Jefatural N.° 033-2026-MINEDU/VMGI-PRONABEC. La medida legal busca frenar la reducción drástica de plazas en el programa nacional Beca 18, una decisión que, según los afectados, limita el acceso a la educación superior de miles de jóvenes en el país.

La representante estudiantil, Carolina Jayo Palomino, detalló que el Estado anunció inicialmente 20 000 becas integrales para el presente año; sin embargo, la cifra se redujo a solo 5 184 plazas, lo que representa un recorte de 14 816 cupos. Ante esta situación, la Asociación de Estudiantes y la organización IUS MATRIA QORI solicitaron el financiamiento total de las vacantes originalmente prometidas, argumentando que la medida vulnera el derecho fundamental a la educación.

El recorte afecta principalmente a sectores vulnerables, incluyendo a estudiantes en situación de pobreza, beneficiarios de Beca REPARED, jóvenes del VRAEM y Huallaga, así como integrantes de comunidades campesinas y nativas. Los demandantes denunciaron que, hasta la fecha, el Ministerio de Educación y los directivos de Pronabec no emitieron respuesta alguna ni comunicación oficial sobre el motivo de esta disminución presupuestal.

Los estudiantes informaron que el siguiente paso en su estrategia legal es la difusión nacional del caso para lograr visibilidad y ser escuchados por las autoridades competentes. La demanda busca específicamente la nulidad de la resolución jefatural que formalizó el recorte y la restitución inmediata de todas las oportunidades educativas suprimidas, las cuales constituyen la única posibilidad real de formación profesional para los sectores más desfavorecidos del territorio nacional.

La Contraloría General de la República determinó presunta responsabilidad penal y administrativa en 10 funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), incluyendo a su exjefe, debido a graves irregularidades detectadas durante la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026. El informe reveló que diversas acciones indebidas provocaron demoras críticas y la afectación del derecho al sufragio de 55 261 electores en Lima Metropolitana.

Según el Informe de Control Específico n.° 8536-2026-CG/JUSPE-SCE, funcionarios de la institución favorecieron al postor encargado del servicio de transporte de material electoral. Para lograrlo, manipularon los términos de referencia omitiendo la cuantificación real de vehículos necesarios y aplicaron criterios técnicos arbitrarios para asignar un puntaje mayor al proveedor ganador. Esta adjudicación, realizada por un monto de S/ 6 368 332.75, se concretó a pesar de que la oferta resultó superior en precio y que el servicio fue cubierto en un 92% por vehículos de terceros, contraviniendo los requerimientos iniciales.

La crisis operativa alcanzó niveles críticos cuando funcionarios de las áreas de informática y gestión electoral permitieron el traslado inoportuno de equipos informáticos, sin planificar adecuadamente la cobertura de la demanda. El 11 de abril, una reprogramación improvisada de 43 rutas, con tiempos de entrega técnicamente inviables, derivó en la no instalación de 187 mesas de sufragio. Además, las autoridades aprobaron prestaciones adicionales injustificadas por S/ 650 205.94, que incluyeron un incremento del 900% en los precios unitarios de ciertos servicios de transporte respecto al contrato original.

Ante estos hallazgos, la Contraloría recomendó al titular de la ONPE iniciar el deslinde de responsabilidades contra los servidores comprometidos. Asimismo, instó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios a formalizar las acciones penales correspondientes, y solicitó a la Junta Nacional de Justicia intervenir para determinar las sanciones pertinentes por este perjuicio a la transparencia del proceso electoral.