A menos de un año para el final de su gestión, la presidenta Dina Boluarte nombró a tres nuevos ministros en los despachos de Justicia, Mujer y Desarrollo e Inclusión Social. El anuncio marca el regreso del polémico Juan José Santivañez, quien asumió la cartera de Justicia en reemplazo de Juan Alcántara.

En el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Fanny Esther Montellanos fue designada en lugar de Leslie Urteaga. Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables quedó a cargo de Ana Peña Cardoza. La noticia de los cambios sorprendió, pues no hubo denuncias mediáticas previas contra los ministros salientes.

El regreso de Juan José Santivañez

El nombramiento de Santivañez causó polémica, ya que el Congreso de la República lo censuró en marzo de este año por “manifiesta incapacidad” para afrontar la inseguridad ciudadana. La moción, que respaldó la bancada de Fuerza Popular, recibió 78 votos a favor. El vocero de ese grupo parlamentario, Arturo Alegría, señaló que el exministro instauró “múltiples estados de emergencia sin el uso de inteligencia y estrategias”.

Pese a la censura, Santivañez se mantuvo en el Poder Ejecutivo. Fue designado como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, desde donde mantenía reuniones con ministros.

Los otros nombramientos

Ana Peña Cardoza es el único rostro nuevo en el gabinete. Ella se desempeñó como jefa institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, lideró el Gabinete de Asesores del Ministerio de Cultura y fue directora en el Indecopi.

Por su parte, Fanny Esther Montellanos es la única de los tres ministros salientes que no se alejará del Poder Ejecutivo. Ella estuvo al frente del Ministerio de la Mujer. Su vínculo con el Midis es de larga data, ya que fue directora de los programas Wawa Wasi y Cuna Más, además de viceministra de Políticas y Evaluación Social.

El expresidente Martín Vizcarra emitió un mensaje en sus redes sociales luego de ser trasladado desde el penal de Barbadillo al Establecimiento Penitenciario Ancón II, también conocido como Piedras Gordas. En su publicación, afirmó: «Resistiré desde el lugar al que me manden, pero no me van a doblegar.«

Vizcarra le pidió a su defensa legal no presentar más acciones legales en respuesta a la decisión, que calificó de «injusta y arbitraria». Sin embargo, aseguró que seguirá luchando por la «recuperación de la democracia» y la unión de los peruanos contra lo que considera un «pacto mafioso».

El exmandatario cumple una prisión preventiva de cinco meses mientras se llevan a cabo las investigaciones por el caso Hospital de Moquegua y el proyecto agrícola Lomas de Ilo.

Resistiré desde el lugar al que me manden, pero no me van a doblegar, no me van a doblegar.

He pedido a mi equipo de defensa legal que ya no presente las acciones legales preparadas por esta injusta y arbitraria decisión. Sin embargo, seguiré luchando por la recuperación de la…

— Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) August 23, 2025

Reacciones sobre el traslado

El secretario general de su partido, Perú Primero, Cesar Figueredo, calificó el traslado como un «hecho abusivo» que pone en «peligro su vida». Figueredo agregó que entidades como la Corte IDH y Amnistía Internacional fueron informadas sobre el supuesto abuso contra el expresidente.

El Gobierno de Perú ordenó el traslado del expresidente Martín Vizcarra Cornejo desde el penal de Barbadillo a la penitenciaría Ancón II, ubicada en el norte de Lima. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) comunicó la decisión en su cuenta oficial de X, donde señaló que, aunque se clasificó a Vizcarra para el penal de Lurigancho, se dispuso su traslado a Ancón II por medidas de seguridad penitenciaria.

Vizcarra, quien fue presidente entre 2018 y 2020, cumple una prisión preventiva de 5 meses por una investigación de presuntas irregularidades cuando fue gobernador de Moquegua. Vizcarra niega los cargos y afirma que es víctima de persecución política.

El INPE había comunicado previamente que la clasificación inicial del exmandatario a Barbadillo, donde están recluidos otros ex presidentes como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo, incumplió las normativas internas.

Reacciones y argumentos de la defensa

El abogado de Vizcarra, Erwin Siccha, señaló que a su cliente, por ser ex presidente constitucional de la República, le corresponde cumplir la prisión preventiva en el penal de Barbadillo. Siccha afirmó que la decisión es evidencia de una «gran presión política» y una «interferencia de sectores opuestos» a Vizcarra que buscan «cobrar venganza».

La defensa legal evalúa interponer un hábeas corpus correctivo por la supuesta vulneración de los derechos constitucionales de su defendido. También analizan la posibilidad de iniciar acciones penales contra los funcionarios que tomaron la decisión, por un supuesto abuso de sus atribuciones.

El penal Modelo Ancón II, inaugurado en 2010, tiene una capacidad nominal de 2.300 internos y alberga a reclusos por diversos delitos.