Moquegua
Evidencian perjuicio económico de S/ 2.6 millones en proyecto educativo TIC 2 en Moquegua
La Contraloría General detectó irregularidades en el proyecto de mejoramiento de las capacidades informáticas y tecnológicas de estudiantes de primaria y secundaria de los colegios públicos de la región (proyecto educativo TIC2).
Por esta razón, encontró presunta responsabilidad civil, penal, administrativa y PAS en contra de trece funcionarios y servidores del Gobierno Regional de Moquegua (GRM).
El informe de Auditoría de Cumplimiento N° 046-2023-2-5347, que examinó lo actuado por el GRM entre el 28 de agosto de 2020 al 13 de febrero de 2023, determinó que se recibieron y pagaron equipos tecnológicos que no cumplían con las especificaciones técnicas.
Además, se dejó de cobrar penalidades favoreciendo a las empresas proveedoras lo que ocasionó un perjuicio económico total de S/ 2 616 093.
Observaciones
La Entidad Superior Fiscalizadora halló irregularidades en la conformidad a la compra de 4,867 computadoras personales adquiridas por S/ 19.3 millones. La empresa proveedora tenía como plazo para entregar los equipos hasta el 20 de diciembre de 2022; sin embargo, no se cumplió en la fecha pactada, sino recién el 27 de diciembre del 2022, según el registro.
Cabe señalar que los servidores GRM propiciaron que el proveedor efectúe el cambio de guías de remisión remitente en atención a las observaciones formuladas a los equipos informáticos. El residente del proyecto participó de dicho acto, lo que generó que no se aplique la respectiva penalidad al contratista.
También se evidenció que funcionarios del GRM permitieron que no se aplique penalidad a una empresa que suministró 1,000 laptops por S/ 3.3 millones. Aunque el plazo de entrega vencía el 21 de enero de 2021, la empresa presentó un documento solicitando ampliación de plazo el 1 de febrero de 2021.
El GRM tenía diez días hábiles para responder el pedido, pero recién el 15 de febrero de 2021 se dio trámite al documento, incumpliendo con el plazo establecido en la normativa. A raíz de esto, el GRM consintió el pedido del contratista, otorgó 14 días más de plazo al proveedor y efectuó el pagó sin aplicar la correspondiente penalidad.
Otro hecho irregular fue que funcionarios del Gobierno Regional otorgaron conformidad a bienes que incumplían las especificaciones técnicas. Se trata de 300 gabinetes móviles (para guardar y cargar la batería de las laptops) por los cuales el GRM pagó S/ 1.3 millones. También se pagó a otro proveedor la cantidad de S/ 393 865 por otros 100 gabinetes móviles que tampoco cumplían las especificaciones.
Finalmente, se detectó que se compraron 800 laptops (para el nivel primario) con características distintas a las solicitadas por el área usuaria sin la emisión del informe previo de evaluación de software. El encargado del proceso de contratación eligió fichas de producto de una marca y modelo determinado sin justificar dicha elección y sin comunicar al área usuaria respecto de las diferencias en las características seleccionadas y costo, el cual superó en 61% al presupuesto considerado según el expediente técnico. Las 800 laptops de la marca Lenovo fueron adquiridas por S/ 3 millones.
El informe de Auditoría de Cumplimiento se comunicó a la gobernadora regional para que disponga el deslinde de responsabilidades, al Órgano Instructor de la Contraloría para que procese a los servidores con presunta responsabilidad, y al Procurador Público Especializado en delitos de corrupción, así como al Procurador Público de la Contraloría para iniciar las acciones legales de índole penal y civil, respectivamente, que correspondan.
Moquegua
Regidora denuncia presunto uso de vivero municipal de Torata con fines políticos
Una fiscalizadora halló propaganda electoral dentro de instalaciones estatales y denunció coacción contra obreros.
La regidora de la Municipalidad Distrital de Torata, Arla Noelia Flor Cruz, denunció penalmente el presunto uso de vivero municipal de Torata con fines políticos. La fiscalizadora constató el hallazgo de diversos materiales logísticos de campaña electoral pertenecientes a la agrupación Progresemos, partido donde milita el alcalde de la jurisdicción, Elvis Córdova Nina.
El operativo de control ocurrió la tarde del martes 7 de julio de 2026 en Moquegua. La autoridad edil acudió a las instalaciones estatales tras recibir alertas de los propios servidores de la comuna, quienes informaron sobre la confección clandestina de elementos de propaganda.
Hallazgo de propaganda y coacción laboral
Durante la inspección física en el recinto del Estado, la regidora halló pintura verde y amarilla, cañas cortadas, retazos de tela, cordeles, ganchos y plantillas de cartón grabadas con el símbolo de la citada organización política. Al momento de ingresar, diversas unidades vehiculares abandonaron el lugar transportando el material electoral.
Asimismo, la denunciante sostuvo que alrededor de 10 trabajadores municipales sufrieron coacción para participar en estas labores proselitistas bajo amenaza laboral. Ante esta situación, Flor Cruz solicitó la intervención inmediata del Ministerio Público para determinar el desvío ilícito de infraestructura, bienes y personal público.
Pronunciamiento oficial de la comuna de Torata
Ante la gravedad de las imputaciones difundidas en los medios de comunicación, la Municipalidad Distrital de Torata emitió un comunicado oficial el 8 de julio de 2026. La Gerencia Municipal dispuso el inicio de las acciones administrativas correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales aplicables.
La entidad estatal reafirmó su compromiso con la neutralidad institucional, la transparencia en la gestión pública y el estricto respeto a la ley. Finalmente, la administración municipal aseguró que brindará todas las facilidades y el apoyo necesario al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú para asegurar una investigación objetiva, transparente e imparcial.
Moquegua
Contraloría advierte retraso en toma de muestras de análisis de calidad del agua en Moquegua
La EPS Moquegua envió las pruebas con 45 días de retraso, lo que afectó la vigilancia oportuna de la calidad del agua.
La Contraloría General de la República alertó sobre un preocupante retraso operativo en la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) Moquegua. Este desfase puso en riesgo el cumplimiento del Reglamento de la Calidad del Agua para el Consumo Humano y afectó de manera directa la seguridad del servicio que reciben 43 954 usuarios de la localidad.
El Informe de Orientación de Oficio n.° 007-2026-OCI/4553-SOO detalló que la entidad recolectó y derivó las muestras para el control obligatorio del primer trimestre con una tardanza de hasta 45 días. Esta acción vulneró su propio cronograma de actividades de control y frecuencia de muestreo mínimo estipulado para la región.
Incumplimiento del cronograma de monitoreo
El servicio de control simultáneo determinó que la toma de las 36 muestras obligatorias debió ejecutarse estrictamente en febrero de 2026 a través de un laboratorio acreditado por el Instituto Nacional de Calidad. Estas evaluaciones tenían como objetivo medir 19 parámetros específicos en las redes de distribución y en las fuentes de captación locales.
Entre los puntos de abastecimiento incluidos en el plan se encuentran el embalse Pasto Grande, el río Tumilaca, las plantas de tratamiento de agua potable de Chen Chen y Yunguyo, además de las Galerías Filtrantes de Ollería y El Totoral. Sin embargo, el personal de la empresa prestadora recién ejecutó las actividades de campo los días 13, 14 y 15 de abril de 2026.
Riesgos en la vigilancia de los límites permitidos
Las pruebas postergadas debían analizar la presencia de coliformes totales, bacterias heterotróficas, coliformes termotolerantes, turbidez, pH, conductividad, aluminio, arsénico, hierro total y manganeso. El retraso de un mes y medio generó un desfase que impidió la detección inmediata de cualquier alteración fisicoquímica, inorgánica, microbiológica o parasitológica en el recurso hídrico.
Las normas vigentes de la Dirección General de Salud Ambiental y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento exigen un control permanente para asegurar que la población no consuma agua que exceda los Límites Máximos Permisibles. El órgano de control ya notificó el documento a la Gerencia General de la EPS Moquegua para que implemente las acciones correctivas urgentes.
Moquegua
Dictan nueve meses de prisión preventiva para chofer de vehículo de carga pesada en Moquegua
Un conductor que manejaba en estado de ebriedad ingresó al penal tras provocar un accidente que dejó tres personas fallecidas.
La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mariscal Nieto logró que se dicte prisión preventiva para un conductor que causó una tragedia en las vías de la región. El investigado ingresó al establecimiento penitenciario mientras continúan las investigaciones por el fatídico hecho.
El pedido de prisión preventiva lo formuló el Tercer Despacho de la mencionada fiscalía corporativa. La medida coercitiva recae sobre Alex Juli Callata, quien manejaba un camión de gran tonelaje que colisionó contra una unidad de transporte público. El hecho dejó como saldo 03 personas fallecidas y más de una decena de pasajeros heridos.
Detalles del accidente en la Panamericana Sur
El trágico suceso aconteció el pasado 29 de junio en la carretera Panamericana Sur. El imputado conducía el vehículo de carga pesada con dirección a la ciudad de Arequipa. Durante el trayecto, el conductor invadió el carril contrario de forma intempestiva e impactó frontalmente contra un vehículo de pasajeros tipo «van» que se desplazaba en sentido opuesto.
Los exámenes de dosaje etílico confirmaron que el chofer operaba la unidad en estado de ebriedad. El resultado arrojó 0.84 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite permitido por la legislación peruana para conductores de transporte de carga y pasajeros.
Sustentación fiscal y peligro de fuga
La fiscal adjunta provincial, Adela Espinoza Barrera, estuvo a cargo de sustentar los elementos de convicción ante el Juzgado de Investigación Preparatoria. La representante del Ministerio Público detalló que, debido a la gravedad de los delitos cometidos, la posible pena a imponerse al procesado podría alcanzar los 20 años de pena privativa de la libertad.
La fiscalía argumentó que el detenido carece de arraigo laboral, domiciliario y familiar en la zona, lo que genera un evidente peligro de fuga y de obstaculización de la justicia. Ante los riesgos procesales y la necesidad de actuar las diligencias pendientes, el Poder Judicial declaró fundado el requerimiento por un plazo de 9 meses de prisión preventiva. Al concluir este periodo, el investigado afrontará la etapa de acusación fiscal y el posterior juicio oral.
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