Un total de 90 instituciones educativas de la región Moquegua suspendieron las actividades presenciales para adoptar la modalidad virtual de manera temporal. Esta medida respondió a la designación de estos planteles como centros de votación para los próximos comicios nacionales. Los locales escolares quedaron a disposición de las autoridades electorales desde el viernes 10 hasta el lunes 13 de abril.

Distribución de colegios y centros de votación

El director regional de Educación, Guido Rospigliosi, informó que la disposición cumplió con las facilidades exigidas por el Ministerio de Educación para el desarrollo del proceso democrático. Los centros educativos seleccionados incluyeron planteles públicos y privados de educación básica, especial y superior, repartidos en las tres provincias del departamento.

La logística de distribución contempló 43 colegios en Mariscal Nieto, 25 en Ilo y 22 en General Sánchez Cerro. Los directores de cada plantel coordinaron la entrega de los ambientes a la ONPE y establecieron los canales de comunicación con los padres de familia para organizar el calendario académico durante estos cuatro días de transición.

Estrategia de aprendizaje y flexibilidad virtual

La autoridad educativa aclaró que la modalidad a distancia no requirió que el estudiante permaneciera conectado durante toda la jornada escolar. Los docentes aplicaron estrategias pedagógicas flexibles para mantener el avance de los sílabos sin necesidad de una conexión permanente a internet. Esta medida buscó mitigar las dificultades de conectividad que enfrentaron algunas familias de la zona.

Rospigliosi precisó que la normativa vigente prohibió la recuperación de clases en días posteriores, por lo que la virtualidad garantizó el cumplimiento de las horas lectivas programadas. Aunque reconoció que el cambio generó inconvenientes organizativos en hogares con niños pequeños, subrayó que el préstamo de los locales constituyó una obligación legal ineludible para asegurar el derecho al sufragio en la región.

El Gobierno Regional de Moquegua formalizó la transferencia de 600,000 soles a favor de la Municipalidad Distrital de Puquina. El presupuesto financió el mantenimiento y acondicionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la localidad. Esta medida respondió al colapso del sistema actual, el cual registró fallas estructurales y operativas críticas según la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Emergencia ambiental en la provincia de General Sánchez Cerro

La Autoridad Local del Agua Tambo Alto Tambo advirtió que el sistema de tratamiento sufrió colmatación y rebose de sus pozas. Esta situación provocó que parte de los desechos líquidos llegara a la quebrada Pucamayo y afectara el caudal que discurre hacia el distrito de La Capilla. La intervención técnica buscó optimizar el funcionamiento de la planta y reducir los riesgos de contaminación en las fuentes hídricas locales de la zona.

Impacto en la producción láctea local

La mesa técnica multisectorial analizó la problemática bajo un enfoque integral que incluyó la protección de la economía regional. Los vertidos no controlados representaron una amenaza para la elaboración de derivados lácteos, como leche, queso y mantequilla, actividad económica principal de Puquina. Representantes del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) coordinaron acciones para salvaguardar la inocuidad de estos productos.

Articulación entre niveles de gobierno

La Gerencia Regional de Recursos Naturales y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) reafirmaron el compromiso de monitorear las obras de acondicionamiento. El proyecto contempló el mantenimiento del cerco perimétrico y la mejora de los procesos de purificación del agua. Con estos fondos, la comuna distrital garantizó una respuesta inmediata a las deficiencias que evidenciaron los informes técnicos de fiscalización.

La Contraloría General de la República alertó a la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto (MPMN) sobre irregularidades en la aprobación de ocho servicios de consultoría que podrían comprometer la ejecución técnica e incrementar los costos del proyecto de mejoramiento del servicio de catastro urbano y gestión territorial. Esta inversión pública, ejecutada directamente por la entidad, asciende actualmente a S/ 16 801 276.

Según el Informe de Hito de Control n°.008-2026-OCI/0446-SCC, la municipalidad aprobó estudios del plan de desarrollo urbano de forma casi inmediata, apenas un día después de su presentación y sin la revisión técnica correspondiente. La comisión de control detectó documentos sin firma ni sello del consultor, páginas duplicadas y, de manera crítica, un estudio que hacía referencia al Plan de Desarrollo Urbano de Chachapoyas, en la región Amazonas, en lugar de Moquegua.

Asimismo, el ente de control identificó incongruencias en la contratación de un proveedor para elaborar los términos de referencia del servicio de levantamiento topográfico. El contrato omitió el establecimiento claro de plazos y penalidades, situación que impide a la entidad garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del ejecutor.

Gestión ineficiente de recursos y equipos

La auditoría también reveló un uso ineficiente de la tecnología destinada al proyecto. De las 12 computadoras de alto rendimiento adquiridas para el procesamiento de mapas satelitales y modelos tridimensionales, cinco terminaron en manos de personal administrativo de Logística y Saneamiento, cuyas labores no justifican el uso de equipos con tal capacidad técnica.

A esto se sumaron deficiencias en la gestión del parque automotor. Una camioneta 4×4 y un minibús, adquiridos y pagados en el año 2025, permanecen inoperativos y sin circular debido a demoras administrativas internas en el trámite de sus placas de rodaje y tarjetas de propiedad, lo que retrasa las actividades logísticas del proyecto de catastro.

Incremento presupuestal y plazos extendidos

El proyecto de catastro urbano inició en julio de 2022 con un presupuesto original de S/ 6 820 263. Sin embargo, tras cinco modificaciones presupuestales, el costo escaló hasta los S/ 16 801 276, lo que representó un incremento del 141%. De igual forma, el plazo de ejecución aumentó en 504 días adicionales, fijando la fecha de culminación para el 29 de setiembre de 2026. Al cierre de febrero, la obra registró un avance físico del 51,30% y financiero del 58,16%.