El Poder Judicial sentenció que la vía vecinal 567 MTC CO, ubicada en el sector de Cuajone, es de propiedad del Estado y debe ser de libre acceso para la ciudadanía. Durante aproximadamente 50 años, esta infraestructura permaneció bajo el control exclusivo de la minera Southern Perú, empresa que restringía el paso a través de una garita de control. La situación cambió tras una serie de recursos de amparo presentados bajo el expediente N.° 795-2024, los cuales derivaron en una exhortación judicial emitida este año.

La existencia de esta ruta era inicialmente desconocida por la Municipalidad Distrital de Torata. Sin embargo, ante un segundo requerimiento de información del Poder Judicial impulsado por las acciones legales del abogado Jorge Paredes, la comuna reconoció la titularidad de la vía. Tras el fallo, Paredes señaló que el municipio ahora tiene la responsabilidad de establecer convenios para asegurar el mantenimiento de esta infraestructura vial, que conecta directamente con la ruta Moquegua – Cuajone.

Actualmente, el trayecto se encuentra en óptimas condiciones de conservación, contando con asfaltado, señalización vigente y servicios complementarios como el de un grifo cercano. El acceso libre permitirá a los transportistas y conductores particulares optar por esta alternativa vial sin las restricciones de seguridad privada que se impusieron durante décadas en la zona.

La Contraloría General de la República identificó un perjuicio económico de S/ 3 108 158 en contra del Estado peruano, debido a irregularidades en la aprobación de servidumbres mineras. La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) otorgó el uso de terrenos públicos en los distritos de Moquegua y Torata a favor de la empresa Minera Hampton Perú S.A.C., cobrando montos significativamente inferiores a su valor comercial real.

Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 007-2025-2-4413, el error principal radicó en una tasación que subvaluó el precio de la propiedad. Los auditores constataron que los servidores de la SBN validaron un cálculo donde se aplicó de forma duplicada el «factor de influencia» por la topografía del terreno. Esta duplicidad redujo el costo de manera indebida, permitiendo que el particular pagara mucho menos de lo estipulado en el Reglamento Nacional de Tasaciones.

El área afectada comprende un total de 51 303 847 metros cuadrados, subdivididos en cuatro parcelas para facilitar el desarrollo del proyecto cuprífero Los Calatos. La auditoría advirtió que, si las condiciones contractuales actuales persisten durante los 30 años de vigencia del acuerdo, el perjuicio económico proyectado para el país ascendería a S/ 18 278 100.

Por estos hechos, se determinó presunta responsabilidad civil y administrativa en tres servidores públicos. La Contraloría recomendó a su Procuraduría Pública iniciar las acciones legales necesarias para recuperar los fondos. Asimismo, instó a la SBN a renegociar convenios y actualizar sus controles internos para evitar que tasaciones erróneas afecten los recursos destinados al desarrollo nacional. El proyecto Los Calatos, operado por el grupo City Capital, representa una inversión estimada de US$ 700 millones.

La Contraloría General de la República puso en marcha el Operativo de Control a los Servicios Educativos – Año Escolar 2026 en la región Moquegua, inspeccionando una muestra de 18 instituciones educativas estatales. Esta intervención, liderada localmente por el gerente regional de control, José Lavado Ciudad, desde el colegio emblemático Simón Bolívar, busca identificar deficiencias en infraestructura, mobiliario y tecnología antes del inicio de las clases para que las autoridades adopten medidas correctivas inmediatas.

El operativo contó con el despliegue de 8 auditores que recorrieron localidades como Moquegua, San Antonio, Chen Chen, Samegua, Torata, Carumas y San Cristóbal. Los equipos supervisaron aspectos críticos como la seguridad de las edificaciones, la accesibilidad para educación inclusiva y la gestión de servicios básicos. A nivel nacional, esta estrategia se aplicó en 1,166 colegios, movilizando a 488 auditores bajo la supervisión del contralor general, César Aguilar.

La importancia de este control radicó en la vigilancia del presupuesto del Ministerio de Educación, que para este año ascendió a S/ 4,414,887,133 destinado a la educación básica regular. De este monto, se asignaron más de 3,219 millones de soles para la contratación de docentes y 451 millones de soles para asegurar infraestructuras educativas saludables. El objetivo final fue garantizar que los estudiantes cuenten con recursos de calidad y entornos seguros desde el primer día de labores.

Las inspecciones se realizarán hasta el 23 de febrero, periodo tras el cual se emitirá un informe detallado con las situaciones adversas encontradas. La Contraloría adelantó que, una vez iniciado el año escolar, ejecutará un segundo operativo para verificar la dotación efectiva de docentes, la entrega de materiales educativos y el funcionamiento del programa de alimentación escolar.