Perú
Comisarías carecen de equipamiento policial y registran daños en su infraestructura

Como resultado del operativo nacional en materia de seguridad ciudadana, efectuado entre los meses de febrero a marzo del 2024, la Contraloría General emitió 1340 informes de control individuales en los cuales se detallan más de ocho mil situaciones adversas detectadas en comisarías y otras entidades a cargo de la seguridad ciudadana en el país que vienen afectando la efectividad de las intervenciones contra la delincuencia y criminalidad.
Los equipos de auditores inspeccionaron 695 comisarías de los 25 departamentos del país, seis Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional, 26 gobiernos regionales, 176 municipalidades provinciales y 492 municipalidades distritales; así como al Ministerio del Interior.
Como resultado del operativo se advirtieron 8755 situaciones adversas en aspectos relacionados a la implementación de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana 2030 (PNMSC 2030), a la asistencia técnica a gobiernos subnacionales, el estado de la infraestructura, equipamiento y servicios policiales de las comisarías, el estado de escuelas PNP, la implementación del serenazgo municipal y cámaras de videovigilancia.
El Informe N° 001-2024-CG/SIE-SOP que consolida los resultados del operativo que, además de ser notificado a cada entidad evaluada, ha sido comunicado a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio del Interior y a la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP), para que se disponga, supervise y adopten, de manera integral, las acciones correctivas que mitiguen y superen las situaciones adversas, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional.

Principales riesgos revelados
Con relación al equipamiento policial en comisarías a nivel nacional, se advirtieron que 463 no cuentan con alcoholímetros, 536 no cuentan radios móviles TETRA para estar intercomunicados, 452 no cuentan con escudos de protección, 63 no cuentan con varas de ley, 34 carecen de chalecos antibalas y 18 de grilletes. De acuerdo al “Manual de patrullaje a pie, patrullaje motorizado y patrullaje a caballo, los policías deben portar estos equipos durante sus actividades, lo contrario, afecta su integridad y limita labor de seguridad ciudadana.
También se advirtió que el 100% de comisarías (695) carece de un plan de adecuación a la Norma Técnica A.120 sobre accesibilidad universal en edificaciones; mientras que el 82% no cuentan con certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones (569) ni condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad, como rampas (65%) y desniveles en la acera (21%). Todo ello expone y pone en riesgo la integridad física de las personas que concurren y laboran en las comisarías, así como la atención en igualdad de oportunidades y libre discriminación de personas.
Un hecho detectado que llamó la atención es que el Ministerio del Interior no cuenta con indicadores actualizados ni resultados del nivel de avance de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana 2030 (PNMSC 2030) sobre adolescentes de 12 a 17 años víctimas de violencia física y psicológica, deserción escolar, prevalencia de consumo de drogas en escolares, trabajo infantil, población urbana de 15 a más años víctimas de delitos informáticos, tasa de homicidios, entre otros.
Asimismo, presenta deficiencias en la gestión de la información en materia de seguridad ciudadana, toda vez que no cuenta con estudios sobre las principales manifestaciones de la inseguridad, la violencia y el delito; carecen de documentos que sistematicen buenas prácticas en materia de seguridad ciudadana y no viene brindando asistencia técnica sobre la implementación y administración de observatorios regionales de seguridad ciudadana.
No recopilar ni analizar esta información y no emitir alertas sobre el incumplimiento de valores esperados de los indicadores evita comprender el progreso de la política nacional en materia de seguridad ciudadana, lo cual pone en riesgo la prevención, el acceso a los servicios de seguridad, la reducción de la victimización y la disminución de los delitos.
Sin plan de adecuación de sistemas de videovigilancia
Se detectó, además, que el Mininter no elaboró el plan de adecuación de sistemas de videovigilancia que permitiría establecer los parámetros y estándares técnicos para implementarlos en bienes de dominio público, en vehículos de transporte público de pasajeros y en establecimientos comerciales, así como la videovigilancia en puertos, aeropuertos y terminales terrestres.
No cumple con certificar centros de capacitación de serenos
Otro aspecto del informe señala que, de la verificación a 177 municipalidades provinciales, 16 de ellas indicaron además que cuentan con centros de capacitación de serenos municipales; sin embargo, estos funcionan sin la certificación por parte del Mininter, tal y como establece la Ley 31297, Ley del Servicio de Serenazgo Municipal, lo cual no garantiza las condiciones de formación del serenazgo.
Escuelas PNP con deficiencias
Un aspecto preocupante es la infraestructura y el equipamiento en las Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP, en donde se forman a los jóvenes miembros, pues se hallaron serias deficiencias que afectan la seguridad de las personas y alumnos, así como la calidad educativa.
El informe expone situaciones detectadas como grietas, fisuras, techos en mal estado, deficiencias en el equipamiento y servicios, instalaciones eléctricas, luminarias, redes de internet y de agua en las escuelas. Además, inadecuadas condiciones de servicios higiénicos y acceso para personas con discapacidad, entre otros, se advirtieron en las escuelas de Puente Piedra (Lima), Cusco, Tarapoto (San Martín), Piura, Huancayo (Junín) y Chiclayo (Lambayeque).
Comités Locales de Seguridad Ciudadana con deficiencias
El 23% (40) de Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana (Coprosec) y 41% (200) de Comités Distritales de Seguridad Ciudadana (Codisec), bajo responsabilidad de cada municipalidad local, no sesionaron de manera ordinaria por lo menos una vez cada dos meses en el año 2023.
Asimismo, el 35% (9) de Consejos Regionales, 20% (34) de Consejos Provinciales y 17% (72) de Consejos Distritales no aprobaron su respectivo Plan de Acción Local de Seguridad Ciudadana 2024.
Estas situaciones afectan el funcionamiento del comité y la toma de decisiones, acuerdos, formulación e implementación de planes y estrategias a favor de la seguridad ciudadana.
Municipalidades sin servicio de serenazgo y cámaras de videovigilancia
De las municipalidades intervenidas, el 28% (187) no cuentan con el servicio de Serenazgo Municipal; sin embargo, el 12% (58) de municipalidades que cuenta con serenazgo no lo incluyeron en sus Planes de Acción Local de Seguridad Ciudadana 2024. De igual forma, el 22% (108) no cuentan con el equipamiento de protección del serenazgo.
Por otro lado, el 54% (364) de municipalidades no cuentan con cámaras de videovigilancia para la seguridad ciudadana. A su vez, de las municipalidades que indicaron contar con cámaras de videovigilancia, se reportaron 10 749 cámaras operativas y 2851 inoperativas.
El Informe del Operativo del Servicio de Control Simultáneo Seguridad Ciudadana N° 001-2024-CG/SIE-SOP, realizado a los “Servicios de Seguridad Ciudadana Ejecutados por Integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, en el marco de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030 y Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana” que detalla los 8755 riesgos detectados se encuentra publicado en https://www.gob.pe/institucion/contraloria/informes-publicaciones/5577305-informe-n-001-2024-cg-sie-sop-del-operativo-del-servicio-de-control-simultaneo-seguridad-ciudadana-2024.
Perú
Presidenta Boluarte realiza cambios en el Gabinete y nombra a tres nuevos ministros

A menos de un año para el final de su gestión, la presidenta Dina Boluarte nombró a tres nuevos ministros en los despachos de Justicia, Mujer y Desarrollo e Inclusión Social. El anuncio marca el regreso del polémico Juan José Santivañez, quien asumió la cartera de Justicia en reemplazo de Juan Alcántara.
En el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Fanny Esther Montellanos fue designada en lugar de Leslie Urteaga. Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables quedó a cargo de Ana Peña Cardoza. La noticia de los cambios sorprendió, pues no hubo denuncias mediáticas previas contra los ministros salientes.
El regreso de Juan José Santivañez
El nombramiento de Santivañez causó polémica, ya que el Congreso de la República lo censuró en marzo de este año por “manifiesta incapacidad” para afrontar la inseguridad ciudadana. La moción, que respaldó la bancada de Fuerza Popular, recibió 78 votos a favor. El vocero de ese grupo parlamentario, Arturo Alegría, señaló que el exministro instauró “múltiples estados de emergencia sin el uso de inteligencia y estrategias”.
Pese a la censura, Santivañez se mantuvo en el Poder Ejecutivo. Fue designado como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, desde donde mantenía reuniones con ministros.
Los otros nombramientos
Ana Peña Cardoza es el único rostro nuevo en el gabinete. Ella se desempeñó como jefa institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, lideró el Gabinete de Asesores del Ministerio de Cultura y fue directora en el Indecopi.
Por su parte, Fanny Esther Montellanos es la única de los tres ministros salientes que no se alejará del Poder Ejecutivo. Ella estuvo al frente del Ministerio de la Mujer. Su vínculo con el Midis es de larga data, ya que fue directora de los programas Wawa Wasi y Cuna Más, además de viceministra de Políticas y Evaluación Social.
Perú
Martín Vizcarra asegura que no lo doblegarán tras ser trasladado a Ancón II

El expresidente Martín Vizcarra emitió un mensaje en sus redes sociales luego de ser trasladado desde el penal de Barbadillo al Establecimiento Penitenciario Ancón II, también conocido como Piedras Gordas. En su publicación, afirmó: «Resistiré desde el lugar al que me manden, pero no me van a doblegar.«
Vizcarra le pidió a su defensa legal no presentar más acciones legales en respuesta a la decisión, que calificó de «injusta y arbitraria». Sin embargo, aseguró que seguirá luchando por la «recuperación de la democracia» y la unión de los peruanos contra lo que considera un «pacto mafioso».
El exmandatario cumple una prisión preventiva de cinco meses mientras se llevan a cabo las investigaciones por el caso Hospital de Moquegua y el proyecto agrícola Lomas de Ilo.
Resistiré desde el lugar al que me manden, pero no me van a doblegar, no me van a doblegar.
— Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) August 23, 2025
He pedido a mi equipo de defensa legal que ya no presente las acciones legales preparadas por esta injusta y arbitraria decisión. Sin embargo, seguiré luchando por la recuperación de la…
Reacciones sobre el traslado
El secretario general de su partido, Perú Primero, Cesar Figueredo, calificó el traslado como un «hecho abusivo» que pone en «peligro su vida». Figueredo agregó que entidades como la Corte IDH y Amnistía Internacional fueron informadas sobre el supuesto abuso contra el expresidente.
Perú
Ex presidente Martín Vizcarra es trasladado a la cárcel de Ancón II

El Gobierno de Perú ordenó el traslado del expresidente Martín Vizcarra Cornejo desde el penal de Barbadillo a la penitenciaría Ancón II, ubicada en el norte de Lima. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) comunicó la decisión en su cuenta oficial de X, donde señaló que, aunque se clasificó a Vizcarra para el penal de Lurigancho, se dispuso su traslado a Ancón II por medidas de seguridad penitenciaria.
Vizcarra, quien fue presidente entre 2018 y 2020, cumple una prisión preventiva de 5 meses por una investigación de presuntas irregularidades cuando fue gobernador de Moquegua. Vizcarra niega los cargos y afirma que es víctima de persecución política.
El INPE había comunicado previamente que la clasificación inicial del exmandatario a Barbadillo, donde están recluidos otros ex presidentes como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo, incumplió las normativas internas.
Reacciones y argumentos de la defensa
El abogado de Vizcarra, Erwin Siccha, señaló que a su cliente, por ser ex presidente constitucional de la República, le corresponde cumplir la prisión preventiva en el penal de Barbadillo. Siccha afirmó que la decisión es evidencia de una «gran presión política» y una «interferencia de sectores opuestos» a Vizcarra que buscan «cobrar venganza».
La defensa legal evalúa interponer un hábeas corpus correctivo por la supuesta vulneración de los derechos constitucionales de su defendido. También analizan la posibilidad de iniciar acciones penales contra los funcionarios que tomaron la decisión, por un supuesto abuso de sus atribuciones.
El penal Modelo Ancón II, inaugurado en 2010, tiene una capacidad nominal de 2.300 internos y alberga a reclusos por diversos delitos.
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