La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” mantiene el estado de alerta ante la persistencia de condiciones climáticas que incrementan el riesgo de precipitaciones intensas e inundaciones. Por ello, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto Supremo 097-2026-PCM, que declaró el estado de emergencia en 796 distritos por peligro inminente ante la temporada de lluvias.

Frente a este escenario, la Contraloría General de la República activó el operativo de control simultáneo denominado Descolmatación y Limpieza de Ríos y Quebradas. El contralor general, César Aguilar, orientó esta estrategia hacia la generación de valor público y rentabilidad social, con el fin de asegurar que la gestión de riesgos proteja de manera efectiva a los ciudadanos.

Fiscalización de recursos y puntos críticos

Los equipos de control gubernamental iniciaron la verificación de la gestión del financiamiento y la ejecución de las obras físicas en todo el territorio nacional. Los inspectores evalúan la descolmatación de ríos basándose en las Fichas Técnicas Referenciales elaboradas por la Autoridad Nacional del Agua, las cuales determinaron los puntos críticos de peligro alto y muy alto.

El operativo fiscalizará la ejecución de un total de 2016 intervenciones identificadas entre los periodos 2025 y 2026. Este plan preventivo cuenta con un presupuesto global financiado que asciende a S/ 6 709 064 585. La meta de estas acciones es salvaguardar a más de un millón de habitantes, viviendas, centros de salud e infraestructura vial.

Control preventivo en la región Moquegua

En el ámbito local, los auditores vigilarán los trabajos correspondientes a la región Moquegua, donde se programaron inspecciones específicas en las cuencas vulnerables. El control gubernamental en esta zona vigilará que las autoridades locales ejecuten los presupuestos asignados dentro de los plazos establecidos por la emergencia climática.

Específicamente, se supervisará la ejecución de 10 puntos críticos en Moquegua, de los cuales ocho presentan nivel de peligro alto y dos ostentan peligro muy alto. Los recursos económicos asignados para estas obras preventivas suman S/ 26 354 867, con el propósito directo de proteger terrenos de cultivo, carreteras y la infraestructura de servicios esenciales.

La continuidad de Julio Velarde en el BCRP quedó confirmada luego de que la presidenta electa Keiko Fujimori le solicitara permanecer en el cargo durante una reunión de transición. El actual titular del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) aceptó continuar en funciones para el periodo 2026-2031.

El encuentro se realizó tras la entrega de credenciales a Fujimori, como parte de sus primeras actividades oficiales. Durante la cita, Velarde presentó un balance de la situación macroeconómica y las proyecciones para los próximos meses, las cuales fueron calificadas como optimistas.

Riesgos económicos y fenómeno de El Niño

Pese al panorama favorable, la mandataria electa advirtió que uno de los principales riesgos para la economía nacional es un eventual fenómeno de El Niño. En ese sentido, señaló que su gestión tomará medidas preventivas para evitar impactos mayores.

Además, recordó que el nuevo Congreso bicameral deberá designar a cuatro integrantes del directorio del BCRP, incluyendo a quien presidirá la institución.

Respaldo a la gestión del BCRP

Fujimori destacó los resultados obtenidos por el BCRP en el control de la inflación y la estabilidad monetaria, atribuyendo estos logros a la gestión de Velarde.

Sostuvo que su permanencia será bien recibida por la ciudadanía y las entidades financieras, al considerar que aporta confianza en la conducción económica del país.

Velarde acepta continuar hasta 2031

Tras el pedido, Julio Velarde agradeció la confianza y confirmó su decisión de continuar en el cargo. “Acepto con el mayor gusto”, afirmó, al señalar que dedicará su mayor esfuerzo en esta nueva etapa.

La presidenta electa calificó esta decisión como una noticia positiva para el Perú, especialmente en un contexto de desafíos económicos y climáticos.

Velarde dirige el BCRP desde 2006 y ha sido ratificado por distintos gobiernos. Durante su gestión, la entidad enfrentó la crisis financiera de 2008, la pandemia de la COVID-19 y periodos de inestabilidad política, manteniendo como eje la estabilidad monetaria.

En un megaoperativo liderado por la fiscal suprema Lourdes Bernardita Téllez, las autoridades detuvieron de forma preliminar al presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, José Tinco Luján. La intervención respondió a una investigación penal por la presunta comisión de los delitos de corrupción de funcionarios y organización criminal en la institución.

El Ministerio Público ejecutó de manera simultánea el allanamiento y registro de inmuebles, personas y vehículos en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno y Lima. Durante el despliegue policial, los agentes detuvieron también a Elionora Yntusca Janampa, esposa de la autoridad judicial, y a otros tres implicados en la red delictiva.

Direccionamiento de plazas y favores judiciales en la institución

Las indagaciones fiscales revelaron que el investigado operaba en complicidad con su cónyuge para mover a los magistrados según sus intereses particulares. El presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac retiró de su cargo a un juez provisional para designar de forma arbitraria a un abogado supernumerario que no figuraba en el registro oficial, previo cobro de una dádiva.

Asimismo, la fiscalía acreditó presiones directas hacia el área de recursos humanos de la sede judicial para forzar la contratación de servidores específicos. El grupo delictivo exigía además depósitos económicos al personal administrativo simulando aportes voluntarios para celebraciones religiosas locales.

Organización criminal y beneficios económicos ilícitos

La hipótesis fiscal señala que Tinco Luján lideró una red criminal con el objetivo de direccionar causas judiciales y emitir resoluciones favorables para abogados del entorno familiar. Las pesquisas aseguran que la red convirtió la administración de justicia regional en un negocio privado para la obtención de ganancias ilícitas permanentes.

El Poder Judicial dispuso la custodia temporal de los imputados y la incautación de documentación relevante en las oficinas administrativas del distrito judicial. El caso pasó a la etapa de recopilación de pruebas y el análisis de las cuentas bancarias donde se depositaba el dinero de los presuntos sobornos.