La Contraloría General de la República inició la madrugada de este miércoles un operativo de control multisectorial en la frontera entre Perú y Chile. El despliegue de auditores tuvo como objetivo evaluar la eficiencia y la articulación de las instituciones responsables de la seguridad y el control migratorio. Durante la inspección, el equipo constató la falta de resguardo en la línea de frontera y en el Hito N°1.

Los auditores permanecerán en la zona durante toda la semana para supervisar los principales puntos de vigilancia. Este equipo fiscalizará la capacidad de respuesta de la Policía Nacional, la Superintendencia Nacional de Migraciones y los ministerios de Defensa, Interior y Relaciones Exteriores ante el aumento de migrantes indocumentados. Esta acción responde a la declaratoria de emergencia vigente en los distritos de Palca, Tacna y La Yarada-Los Palos.

Falta de resguardo en puntos críticos

El personal de control llegó hasta el Complejo Fronterizo Santa Rosa y el Hito N°1, donde evidenció la ausencia del personal militar pese a la importancia estratégica de la zona. La entidad fiscalizadora supervisó si las labores de vigilancia y control se ejecutaron de manera articulada entre las fuerzas del orden, conforme a las disposiciones internas y la normativa aplicable.

Además, la institución verificó las acciones del Ministerio del Interior para la conformación del Comando de Coordinación Unificado de Tacna. Esta medida resulta obligatoria para cumplir con el Decreto Supremo N° 135-2025-PCM, norma que estableció el Estado de Emergencia por inseguridad en los distritos fronterizos mencionados.

Limitaciones tecnológicas en Migraciones

El operativo también abarcó la revisión del proceso de control de ingreso y salida entre ambos países. Los auditores constataron el funcionamiento de los módulos de atención, los equipos biométricos y los espacios destinados al control secundario.

Sin embargo, el informe preliminar alertó sobre deficiencias técnicas. Se detectaron limitaciones en los lectores de huellas digitales y una operatividad parcial del personal asignado a la Superintendencia Nacional de Migraciones, factores que podrían vulnerar la seguridad del control fronterizo en una zona de alto tránsito.

El Pleno del Congreso de la República aprobó la inhabilitación para el ejercicio de la función pública por 10 años contra la fiscal suprema titular, Delia Espinoza. La decisión se concretó tras una segunda votación que alcanzó los 71 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones, validando el informe final que acusó a la magistrada de una presunta infracción constitucional.

La acusación principal se sustentó en un supuesto desacato a la Ley 32130, normativa que devolvió a la Policía Nacional la facultad de liderar investigaciones preliminares. Según la tesis parlamentaria, Espinoza emitió una resolución que contravino dicha disposición legal. Sin embargo, esta medida generó controversia debido a la celeridad con la que se procesó tras un primer intento fallido.

Reconsideración y celeridad en la votación

Durante la sesión, el informe inicial solo obtuvo 63 votos, cifra insuficiente para alcanzar los 68 necesarios. Ante este escenario, los congresistas Jorge Montoya y Norma Yarrow presentaron un recurso de reconsideración que permitió una nueva votación el mismo día. En esta segunda instancia, la Mesa Directiva, presidida momentáneamente por el congresista Fernando Rospigliosi, agilizó el debate. Rospigliosi interrumpió la lectura del relator y solicitó pasar directamente a la parte resolutiva y al conteo de votos.

El cambio en el resultado final respondió a la modificación de postura de ciertos parlamentarios y la incorporación de otros que no participaron en la primera ronda. Los legisladores José María Balcazar, Katy Ugarte y Kira Alcarraz cambiaron su voto a favor. Asimismo, congresistas como Edith Julón, Guido Bellido, Francis Paredes, Silvia Monteza y Juan Carlos Mori, quienes no votaron inicialmente, sumaron los adhesiones necesarias para aprobar la sanción.

Defensa legal y conflicto de interés

Rodolfo Pérez, abogado de la magistrada, argumentó ante el Pleno que el informe final carecía de sustento fáctico. El letrado precisó que la resolución cuestionada (N.º 2246) no llevó la firma de su patrocinada, sino la del fiscal interino Juan Carlos Villena. Además, la defensa denunció un conflicto de interés, señaló que 15 de los 16 parlamentarios que aprobaron el informe en la Comisión Permanente poseen carpetas fiscales abiertas.

Por su parte, el congresista Jorge Montoya justificó la medida con argumentos distintos a la infracción constitucional técnica. El parlamentario calificó a Espinoza como un «peligro público» por abrir investigaciones contra legisladores y consideró su proceder como «desproporcionado y beligerante». Estas declaraciones reforzaron la hipótesis de la defensa sobre una posible motivación política detrás de la inhabilitación.

Levantamiento de fuero y consecuencias legales

Previa a la inhabilitación, el Parlamento aprobó levantar el fuero de la magistrada. Esta acción habilitó al Ministerio Público para investigar a Espinoza por presuntos delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica.

Delia Espinoza criticó la ausencia física de varios legisladores durante la sesión y calificó el acto como una falta de respeto a la ciudadanía. «No quieren dar la cara porque habrá elecciones y estos señores aspiran a una reelección», declaró la fiscal, quien atribuyó la decisión del Congreso a un intento de frenar las investigaciones en curso contra los integrantes del Legislativo.

Dos hermanas, una de ocho meses y otra de cuatro años, sobrevivieron al violento accidente de tránsito registrado en Ocoña, en la región Arequipa. Un bus de la empresa Llamosas, que cubría la ruta entre Chala y Arequipa, chocó contra una camioneta particular y cayó a un abismo de más de 200 metros en el kilómetro 780 de la carretera Panamericana Sur.

El trágico incidente dejó un saldo de 37 personas fallecidas confirmadas y numerosos heridos que recibieron traslado a centros médicos locales. Las dos menores formaron parte del grupo de sobrevivientes y fueron llevadas de inmediato al Hospital de Camaná. Reportes iniciales indicaron que las niñas solo sufrieron rasguños en el cuerpo y se encuentran estables en el centro de salud. Se confirmó que viajaban junto a su madre desde el distrito de Chala, en Caravelí, hacia Arequipa; sin embargo, la progenitora no aparece en la lista de personas heridas.

Acciones policiales y situación legal del responsable

El conductor de la camioneta particular involucrada en la colisión fue detenido y puesto a disposición de la policía. Una prueba de dosaje etílico comprobó que el conductor manejaba el vehículo en estado de ebriedad, constituyendo un factor determinante en la tragedia vial.

Ante la gravedad del accidente, fiscales provinciales, entre ellos Luis Supo Ramos y Jorge Medina Chávez, junto al fiscal adjunto Clisman Ala Gordillo, se movilizaron hasta el lugar para supervisar las investigaciones de la causa. La División Médico Legal de Arequipa coordinó el envío de personal especializado para respaldar las pericias, mientras que equipos policiales realizaron los peritajes técnicos necesarios.

Manejo hospitalario de las víctimas y cifras de atención

El Gerente Regional de Salud de Arequipa, Walter Oporto, brindó un panorama sobre la situación de los heridos. Informó que veintisiete personas heridas recibieron atención en el centro de salud de Ocoña, mientras que catorce pacientes permanecen en el hospital de Camaná. El funcionario precisó que cuatro de los heridos, quienes presentaban lesiones de gravedad, fueron derivados a centros médicos de mayor complejidad en la ciudad de Arequipa para recibir atención especializada.

Oporto detalló que el flujo de pacientes fue continuo desde la madrugada. Algunos lesionados debieron estabilizarse primero en Ocoña antes de su posterior traslado a Camaná o Arequipa, dependiendo de la evolución de su estado de salud y el requerimiento asistencial.