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Perú

Comisarías carecen de equipamiento policial y registran daños en su infraestructura

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Como resultado del operativo nacional en materia de seguridad ciudadana, efectuado entre los meses de febrero a marzo del 2024, la Contraloría General emitió 1340 informes de control individuales en los cuales se detallan más de ocho mil situaciones adversas detectadas en comisarías y otras entidades a cargo de la seguridad ciudadana en el país que vienen afectando la efectividad de las intervenciones contra la delincuencia y criminalidad.

Los equipos de auditores inspeccionaron 695 comisarías de los 25 departamentos del país, seis Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional, 26 gobiernos regionales, 176 municipalidades provinciales y 492 municipalidades distritales; así como al Ministerio del Interior.

Como resultado del operativo se advirtieron 8755 situaciones adversas en aspectos relacionados a la implementación de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana 2030 (PNMSC 2030), a la asistencia técnica a gobiernos subnacionales, el estado de la infraestructura, equipamiento y servicios policiales de las comisarías, el estado de escuelas PNP, la implementación del serenazgo municipal y cámaras de videovigilancia.

El Informe N° 001-2024-CG/SIE-SOP que consolida los resultados del operativo que, además de ser notificado a cada entidad evaluada, ha sido comunicado a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio del Interior y a la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP), para que se disponga, supervise y adopten, de manera integral, las acciones correctivas que mitiguen y superen las situaciones adversas, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional.

Principales riesgos revelados

Con relación al equipamiento policial en comisarías a nivel nacional, se advirtieron que 463 no cuentan con alcoholímetros, 536 no cuentan radios móviles TETRA para estar intercomunicados, 452 no cuentan con escudos de protección, 63 no cuentan con varas de ley, 34 carecen de chalecos antibalas y 18 de grilletes. De acuerdo al “Manual de patrullaje a pie, patrullaje motorizado y patrullaje a caballo, los policías deben portar estos equipos durante sus actividades, lo contrario, afecta su integridad y limita labor de seguridad ciudadana.

También se advirtió que el 100% de comisarías (695) carece de un plan de adecuación a la Norma Técnica A.120 sobre accesibilidad universal en edificaciones; mientras que el 82% no cuentan con certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones (569) ni condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad, como rampas (65%) y desniveles en la acera (21%). Todo ello expone y pone en riesgo la integridad física de las personas que concurren y laboran en las comisarías, así como la atención en igualdad de oportunidades y libre discriminación de personas.

Un hecho detectado que llamó la atención es que el Ministerio del Interior no cuenta con indicadores actualizados ni resultados del nivel de avance de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana 2030 (PNMSC 2030) sobre adolescentes de 12 a 17 años víctimas de violencia física y psicológica, deserción escolar, prevalencia de consumo de drogas en escolares, trabajo infantil, población urbana de 15 a más años víctimas de delitos informáticos, tasa de homicidios, entre otros.

Asimismo, presenta deficiencias en la gestión de la información en materia de seguridad ciudadana, toda vez que no cuenta con estudios sobre las principales manifestaciones de la inseguridad, la violencia y el delito; carecen de documentos que sistematicen buenas prácticas en materia de seguridad ciudadana y no viene brindando asistencia técnica sobre la implementación y administración de observatorios regionales de seguridad ciudadana.

No recopilar ni analizar esta información y no emitir alertas sobre el incumplimiento de valores esperados de los indicadores evita comprender el progreso de la política nacional en materia de seguridad ciudadana, lo cual pone en riesgo la prevención, el acceso a los servicios de seguridad, la reducción de la victimización y la disminución de los delitos.

Sin plan de adecuación de sistemas de videovigilancia

Se detectó, además, que el Mininter no elaboró el plan de adecuación de sistemas de videovigilancia que permitiría establecer los parámetros y estándares técnicos para implementarlos en bienes de dominio público, en vehículos de transporte público de pasajeros y en establecimientos comerciales, así como la videovigilancia en puertos, aeropuertos y terminales terrestres.

No cumple con certificar centros de capacitación de serenos

Otro aspecto del informe señala que, de la verificación a 177 municipalidades provinciales, 16 de ellas indicaron además que cuentan con centros de capacitación de serenos municipales; sin embargo, estos funcionan sin la certificación por parte del Mininter, tal y como establece la Ley 31297, Ley del Servicio de Serenazgo Municipal, lo cual no garantiza las condiciones de formación del serenazgo.

Escuelas PNP con deficiencias

Un aspecto preocupante es la infraestructura y el equipamiento en las Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP, en donde se forman a los jóvenes miembros, pues se hallaron serias deficiencias que afectan la seguridad de las personas y alumnos, así como la calidad educativa.

El informe expone situaciones detectadas como grietas, fisuras, techos en mal estado, deficiencias en el equipamiento y servicios, instalaciones eléctricas, luminarias, redes de internet y de agua en las escuelas. Además, inadecuadas condiciones de servicios higiénicos y acceso para personas con discapacidad, entre otros, se advirtieron en las escuelas de Puente Piedra (Lima), Cusco, Tarapoto (San Martín), Piura, Huancayo (Junín) y Chiclayo (Lambayeque).

Comités Locales de Seguridad Ciudadana con deficiencias

El 23% (40) de Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana (Coprosec) y 41% (200) de Comités Distritales de Seguridad Ciudadana (Codisec), bajo responsabilidad de cada municipalidad local, no sesionaron de manera ordinaria por lo menos una vez cada dos meses en el año 2023.

Asimismo, el 35% (9) de Consejos Regionales, 20% (34) de Consejos Provinciales y 17% (72) de Consejos Distritales no aprobaron su respectivo Plan de Acción Local de Seguridad Ciudadana 2024.

Estas situaciones afectan el funcionamiento del comité y la toma de decisiones, acuerdos, formulación e implementación de planes y estrategias a favor de la seguridad ciudadana.

Municipalidades sin servicio de serenazgo y cámaras de videovigilancia

De las municipalidades intervenidas, el 28% (187) no cuentan con el servicio de Serenazgo Municipal; sin embargo, el 12% (58) de municipalidades que cuenta con serenazgo no lo incluyeron en sus Planes de Acción Local de Seguridad Ciudadana 2024. De igual forma, el 22% (108) no cuentan con el equipamiento de protección del serenazgo.

Por otro lado, el 54% (364) de municipalidades no cuentan con cámaras de videovigilancia para la seguridad ciudadana. A su vez, de las municipalidades que indicaron contar con cámaras de videovigilancia, se reportaron 10 749 cámaras operativas y 2851 inoperativas.

El Informe del Operativo del Servicio de Control Simultáneo Seguridad Ciudadana N° 001-2024-CG/SIE-SOP, realizado a los “Servicios de Seguridad Ciudadana Ejecutados por Integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, en el marco de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030 y Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana” que detalla los 8755 riesgos detectados se encuentra publicado en https://www.gob.pe/institucion/contraloria/informes-publicaciones/5577305-informe-n-001-2024-cg-sie-sop-del-operativo-del-servicio-de-control-simultaneo-seguridad-ciudadana-2024.

Perú

El fenómeno de El Niño Costero generaría pérdidas de 291 millones de soles diarios en siete regiones del Perú

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El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima proyectó que un eventual fenómeno de El Niño Costero, de intensidad débil a moderada, provocaría un impacto económico superior a los S/291 millones diarios. Esta afectación se concentraría en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ica, Arequipa y Moquegua, zonas que representan el 23,3 % del PBI nacional y sostienen el 27,5 % del empleo formal privado en el país.

Óscar Chávez, jefe del IEDEP, advirtió que el sector manufactura sufriría el mayor golpe con pérdidas estimadas en S/111,8 millones por jornada, seguido por el sector comercio con S/74,9 millones y el agropecuario con S/64,2 millones. En el ámbito logístico, los daños en la infraestructura vial y el posible cierre de carreteras generarían un perjuicio de S/40,4 millones cada día, afectando principalmente la continuidad productiva en La Libertad e Ica.

La vulnerabilidad social también preocupa al gremio empresarial, ya que en estas siete regiones residen 1,9 millones de personas en situación de pobreza. Por su parte, el director ejecutivo del Idexcam, Carlos Posada, señaló que las exportaciones enfrentan riesgos críticos entre marzo y noviembre, especialmente en la pesca tradicional de anchoveta y en envíos de frutas, cuyo valor superó los US$ 7 560 millones en 2025. Las autoridades instaron al Gobierno a ejecutar medidas de mitigación inmediatas para evitar que el impacto económico escale y afecte la recaudación y el empleo formal.

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Perú

Lluvias torrenciales en Arequipa dejan dos fallecidos y cientos de personas atrapadas tras desborde de torrenteras

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Una jornada trágica se vivió en la región de Arequipa este jueves 19 de febrero, donde intensas precipitaciones y el posterior desborde de quebradas causaron la muerte de dos personas y dejaron graves daños materiales. El primer deceso ocurrió en el distrito de Cayma, donde una mujer de aproximadamente 70 años fue arrastrada por el lodo en la asociación Los Milagros. Horas después, en el distrito de Uchumayo, se reportó el fallecimiento de Moisés Salomón Gamio Manchego, de 42 años, tras ser impactado por un rayo en la urbanización El Cural.

La activación de las quebradas Los Incas y Chullo generó situaciones críticas en diversos puntos de la ciudad. En la Universidad Continental, cerca de 300 personas quedaron atrapadas luego de que el agua inundara el primer nivel del local. La emergencia se extendió al Terminal Terrestre y al Terrapuerto, instalaciones que resultaron sumergidas por el desborde. Asimismo, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) informó sobre personas atrapadas en el óvalo Sepúlveda y en la Municipalidad de Sachaca, además de contabilizar 10 viviendas afectadas en Paucarpata.

El incremento del caudal del río Chili activó la alerta naranja tras alcanzar los 144 metros cúbicos por segundo (m3/s) a las 6:00 p. m., un aumento drástico frente a los 55 m3/s registrados apenas cuatro horas antes. Ante la magnitud de los daños, que incluyen más de diez vehículos atrapados en lodo y urbanizaciones inundadas en Yanahuara y el Cercado, los ciudadanos exigieron la presencia del alcalde Víctor Hugo Rivera y el gobernador Rohel Sánchez para coordinar las medidas de rehabilitación necesarias en las zonas de desastre.

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Perú

José María Balcázar Zelada asume la presidencia interina del Perú

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El abogado y congresista José María Balcázar Zelada, representante de la región Lambayeque, asumió hoy, 18 de febrero de 2026, la Presidencia de la República de forma interina. Su ascenso se produjo tras un proceso de sucesión en el Parlamento, donde Balcázar logró imponerse en una segunda votación a la legisladora María del Carmen Alva con un respaldo de 60 votos contra 46.

A sus 83 años, el nuevo mandatario interino cuenta con una trayectoria de más de cuatro décadas en el sector jurídico y académico. Balcázar, nacido en Cajamarca, se desempeñó anteriormente como magistrado y alcanzó el cargo de vocal de la Corte Suprema de Justicia. En el ámbito académico, posee un doctorado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, institución donde ejerció la docencia y que posteriormente influenció su labor parlamentaria al presidir la Comisión de Educación.

Pese a su experiencia legal, su carrera política registra diversos cuestionamientos judiciales. En 2025, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional en su contra por presuntos actos de cohecho. Asimismo, el jurista enfrentó una expulsión del Colegio de Abogados de Lambayeque debido a investigaciones por una supuesta apropiación de fondos durante su etapa como decano, sumado a críticas por posturas conservadoras emitidas durante su gestión legislativa.

La llegada de Balcázar al Poder Ejecutivo ocurre tras su elección como presidente del Congreso, posición que lo ubicó directamente en la línea de sucesión para reemplazar al saliente José Jerí. Con este movimiento, el actual mandatario busca dar continuidad administrativa al país en un contexto de alta fragmentación política, apoyado por su bancada de origen, Perú Libre, y sectores afines en el Legislativo.

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