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Perú

Comisarías carecen de equipamiento policial y registran daños en su infraestructura

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Como resultado del operativo nacional en materia de seguridad ciudadana, efectuado entre los meses de febrero a marzo del 2024, la Contraloría General emitió 1340 informes de control individuales en los cuales se detallan más de ocho mil situaciones adversas detectadas en comisarías y otras entidades a cargo de la seguridad ciudadana en el país que vienen afectando la efectividad de las intervenciones contra la delincuencia y criminalidad.

Los equipos de auditores inspeccionaron 695 comisarías de los 25 departamentos del país, seis Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional, 26 gobiernos regionales, 176 municipalidades provinciales y 492 municipalidades distritales; así como al Ministerio del Interior.

Como resultado del operativo se advirtieron 8755 situaciones adversas en aspectos relacionados a la implementación de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana 2030 (PNMSC 2030), a la asistencia técnica a gobiernos subnacionales, el estado de la infraestructura, equipamiento y servicios policiales de las comisarías, el estado de escuelas PNP, la implementación del serenazgo municipal y cámaras de videovigilancia.

El Informe N° 001-2024-CG/SIE-SOP que consolida los resultados del operativo que, además de ser notificado a cada entidad evaluada, ha sido comunicado a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio del Interior y a la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP), para que se disponga, supervise y adopten, de manera integral, las acciones correctivas que mitiguen y superen las situaciones adversas, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional.

Principales riesgos revelados

Con relación al equipamiento policial en comisarías a nivel nacional, se advirtieron que 463 no cuentan con alcoholímetros, 536 no cuentan radios móviles TETRA para estar intercomunicados, 452 no cuentan con escudos de protección, 63 no cuentan con varas de ley, 34 carecen de chalecos antibalas y 18 de grilletes. De acuerdo al “Manual de patrullaje a pie, patrullaje motorizado y patrullaje a caballo, los policías deben portar estos equipos durante sus actividades, lo contrario, afecta su integridad y limita labor de seguridad ciudadana.

También se advirtió que el 100% de comisarías (695) carece de un plan de adecuación a la Norma Técnica A.120 sobre accesibilidad universal en edificaciones; mientras que el 82% no cuentan con certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones (569) ni condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad, como rampas (65%) y desniveles en la acera (21%). Todo ello expone y pone en riesgo la integridad física de las personas que concurren y laboran en las comisarías, así como la atención en igualdad de oportunidades y libre discriminación de personas.

Un hecho detectado que llamó la atención es que el Ministerio del Interior no cuenta con indicadores actualizados ni resultados del nivel de avance de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana 2030 (PNMSC 2030) sobre adolescentes de 12 a 17 años víctimas de violencia física y psicológica, deserción escolar, prevalencia de consumo de drogas en escolares, trabajo infantil, población urbana de 15 a más años víctimas de delitos informáticos, tasa de homicidios, entre otros.

Asimismo, presenta deficiencias en la gestión de la información en materia de seguridad ciudadana, toda vez que no cuenta con estudios sobre las principales manifestaciones de la inseguridad, la violencia y el delito; carecen de documentos que sistematicen buenas prácticas en materia de seguridad ciudadana y no viene brindando asistencia técnica sobre la implementación y administración de observatorios regionales de seguridad ciudadana.

No recopilar ni analizar esta información y no emitir alertas sobre el incumplimiento de valores esperados de los indicadores evita comprender el progreso de la política nacional en materia de seguridad ciudadana, lo cual pone en riesgo la prevención, el acceso a los servicios de seguridad, la reducción de la victimización y la disminución de los delitos.

Sin plan de adecuación de sistemas de videovigilancia

Se detectó, además, que el Mininter no elaboró el plan de adecuación de sistemas de videovigilancia que permitiría establecer los parámetros y estándares técnicos para implementarlos en bienes de dominio público, en vehículos de transporte público de pasajeros y en establecimientos comerciales, así como la videovigilancia en puertos, aeropuertos y terminales terrestres.

No cumple con certificar centros de capacitación de serenos

Otro aspecto del informe señala que, de la verificación a 177 municipalidades provinciales, 16 de ellas indicaron además que cuentan con centros de capacitación de serenos municipales; sin embargo, estos funcionan sin la certificación por parte del Mininter, tal y como establece la Ley 31297, Ley del Servicio de Serenazgo Municipal, lo cual no garantiza las condiciones de formación del serenazgo.

Escuelas PNP con deficiencias

Un aspecto preocupante es la infraestructura y el equipamiento en las Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP, en donde se forman a los jóvenes miembros, pues se hallaron serias deficiencias que afectan la seguridad de las personas y alumnos, así como la calidad educativa.

El informe expone situaciones detectadas como grietas, fisuras, techos en mal estado, deficiencias en el equipamiento y servicios, instalaciones eléctricas, luminarias, redes de internet y de agua en las escuelas. Además, inadecuadas condiciones de servicios higiénicos y acceso para personas con discapacidad, entre otros, se advirtieron en las escuelas de Puente Piedra (Lima), Cusco, Tarapoto (San Martín), Piura, Huancayo (Junín) y Chiclayo (Lambayeque).

Comités Locales de Seguridad Ciudadana con deficiencias

El 23% (40) de Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana (Coprosec) y 41% (200) de Comités Distritales de Seguridad Ciudadana (Codisec), bajo responsabilidad de cada municipalidad local, no sesionaron de manera ordinaria por lo menos una vez cada dos meses en el año 2023.

Asimismo, el 35% (9) de Consejos Regionales, 20% (34) de Consejos Provinciales y 17% (72) de Consejos Distritales no aprobaron su respectivo Plan de Acción Local de Seguridad Ciudadana 2024.

Estas situaciones afectan el funcionamiento del comité y la toma de decisiones, acuerdos, formulación e implementación de planes y estrategias a favor de la seguridad ciudadana.

Municipalidades sin servicio de serenazgo y cámaras de videovigilancia

De las municipalidades intervenidas, el 28% (187) no cuentan con el servicio de Serenazgo Municipal; sin embargo, el 12% (58) de municipalidades que cuenta con serenazgo no lo incluyeron en sus Planes de Acción Local de Seguridad Ciudadana 2024. De igual forma, el 22% (108) no cuentan con el equipamiento de protección del serenazgo.

Por otro lado, el 54% (364) de municipalidades no cuentan con cámaras de videovigilancia para la seguridad ciudadana. A su vez, de las municipalidades que indicaron contar con cámaras de videovigilancia, se reportaron 10 749 cámaras operativas y 2851 inoperativas.

El Informe del Operativo del Servicio de Control Simultáneo Seguridad Ciudadana N° 001-2024-CG/SIE-SOP, realizado a los “Servicios de Seguridad Ciudadana Ejecutados por Integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, en el marco de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030 y Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana” que detalla los 8755 riesgos detectados se encuentra publicado en https://www.gob.pe/institucion/contraloria/informes-publicaciones/5577305-informe-n-001-2024-cg-sie-sop-del-operativo-del-servicio-de-control-simultaneo-seguridad-ciudadana-2024.

Perú

José Jerí juró como presidente y pidió unión para declarar la guerra a la delincuencia

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En una sesión solemne en el Congreso, José Jerí Oré juramentó esta madrugada como presidente interino de la República, tras la vacancia de Dina Boluarte. En su primer mensaje a la nación, el nuevo mandatario pidió la unión de los poderes del Estado y de todas las instituciones para iniciar una guerra a la delincuencia y devolverle la paz a la ciudadanía.

«Se deben hacer todos los esfuerzos para mantener la estabilidad del país y darle esperanza a toda la ciudadanía», afirmó Jerí tras asumir constitucionalmente el cargo.

El abogado de 39 años, miembro del partido Somos Perú, llegó a la jefatura de Estado en su calidad de presidente del Congreso, en estricto cumplimiento del artículo 115 de la Constitución.

La asunción de Jerí se produjo horas después de que el Pleno del Congreso aprobara la destitución de su antecesora, Dina Boluarte. El nuevo presidente deberá conducir el país hasta la realización de nuevas elecciones o hasta la culminación del mandato constitucional en 2026.

No obstante, su mandato comienza bajo la sombra de graves investigaciones fiscales en su contra por presuntos delitos de abuso sexual, desobediencia a la autoridad y corrupción, lo que genera una notable incertidumbre sobre la estabilidad de su gestión.

Acusación por abuso sexual

En enero de 2025, se hizo pública una denuncia por presunta violación sexual contra Jerí. La denunciante afirmó que, tras una reunión en Canta donde consumió alcohol, perdió el conocimiento y despertó con dolores, y encontró una prenda del congresista en el lugar. Aunque el fiscal supremo Tomás Gálvez archivó la investigación contra el parlamentario por falta de pruebas, el proceso continúa abierto contra un familiar de Jerí.

Proceso por desobediencia a la autoridad

Derivado del caso anterior, Jerí enfrenta una investigación por el presunto delito de desobediencia a la autoridad. Un juzgado ordenó que se sometiera a tratamiento psicológico por “impulsividad y conducta sexual patológica”. El legislador incumplió la orden judicial, lo que motivó la apertura de un nuevo proceso penal que sigue en curso y cuestiona el acatamiento de mandatos judiciales por parte de altos funcionarios.

Denuncia de corrupción

Adicionalmente, José Jerí encara acusaciones de presunta corrupción de su etapa como presidente de la Comisión de Presupuesto. Una empresaria denunció la entrega de un soborno de S/150.000 a su entorno a cambio de incluir un proyecto en el presupuesto del Ministerio de Economía. Según la denuncia, existen audios y chats que lo involucrarían. En respuesta, el congresista separó a un asesor y se puso a disposición de las autoridades.

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Perú

Fiscalía de la Nación solicita impedimento de salida del país para la expresidenta Dina Boluarte.

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Tras la destitución de la presidencia, el Fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, anunció que su despacho solicitará el impedimento de salida del país contra la exmandataria Dina Boluarte. La medida busca asegurar su presencia en el territorio nacional para que responda ante la justicia por las múltiples carpetas fiscales que tiene abiertas por presuntos delitos cometidos durante su gestión y en cargos anteriores.

La situación judicial de Boluarte es compleja, ya que acumula al menos siete investigaciones fiscales activas y un total de 34 denuncias presentadas en su contra. Con su salida del cargo, pierde la inmunidad presidencial que mantenía en suspenso algunas de las pesquisas más graves.

Las principales investigaciones que enfrenta

Entre los casos más relevantes destacan las investigaciones por las muertes ocurridas durante las protestas sociales de 2022 y 2023, donde se le imputa presunta responsabilidad por homicidio calificado. Asimismo, enfrenta el caso «Rolexgate» por presunto enriquecimiento ilícito y cohecho, relacionado con la posesión no declarada de relojes de lujo.

Otras pesquisas incluyen el presunto encubrimiento de su hermano Nicanor Boluarte, el abandono del cargo para realizarse intervenciones estéticas y presuntos actos de corrupción de su etapa como ministra. Aunque el Tribunal Constitucional había suspendido temporalmente algunas de estas investigaciones, se espera que se reactiven tras su vacancia.

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Perú

Congreso destituyó a Dina Boluarte de la presidencia con 122 votos por incapacidad moral

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En una decisión histórica y unánime, el Pleno del Congreso de la República aprobó la vacancia de la presidenta Dina Boluarte por la causal de permanente incapacidad moral. Con 122 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el parlamento declaró la destitución de la jefa de Estado en los primeros minutos de este viernes.

La votación final se registró a las 00:07 horas, momento en el cual el presidente del Congreso, José Jerí, anunció el resultado que deja fuera del cargo a Boluarte. La resolución aprobada declara la vacancia de la presidencia y activa el proceso de sucesión constitucional establecido por ley. El Congreso dispuso que la decisión se comunique de inmediato al Presidente del Consejo de Ministros.

Esta determinación se produjo como el punto culminante de un proceso acelerado que incluyó la admisión y debate de cuatro mociones de vacancia presentadas por diversas bancadas parlamentarias durante la noche del jueves. La votación unánime del pleno ratificó la causal de incapacidad moral permanente como el argumento para la salida de la mandataria.

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