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Perú

Comisarías carecen de equipamiento policial y registran daños en su infraestructura

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Como resultado del operativo nacional en materia de seguridad ciudadana, efectuado entre los meses de febrero a marzo del 2024, la Contraloría General emitió 1340 informes de control individuales en los cuales se detallan más de ocho mil situaciones adversas detectadas en comisarías y otras entidades a cargo de la seguridad ciudadana en el país que vienen afectando la efectividad de las intervenciones contra la delincuencia y criminalidad.

Los equipos de auditores inspeccionaron 695 comisarías de los 25 departamentos del país, seis Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional, 26 gobiernos regionales, 176 municipalidades provinciales y 492 municipalidades distritales; así como al Ministerio del Interior.

Como resultado del operativo se advirtieron 8755 situaciones adversas en aspectos relacionados a la implementación de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana 2030 (PNMSC 2030), a la asistencia técnica a gobiernos subnacionales, el estado de la infraestructura, equipamiento y servicios policiales de las comisarías, el estado de escuelas PNP, la implementación del serenazgo municipal y cámaras de videovigilancia.

El Informe N° 001-2024-CG/SIE-SOP que consolida los resultados del operativo que, además de ser notificado a cada entidad evaluada, ha sido comunicado a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio del Interior y a la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP), para que se disponga, supervise y adopten, de manera integral, las acciones correctivas que mitiguen y superen las situaciones adversas, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional.

Principales riesgos revelados

Con relación al equipamiento policial en comisarías a nivel nacional, se advirtieron que 463 no cuentan con alcoholímetros, 536 no cuentan radios móviles TETRA para estar intercomunicados, 452 no cuentan con escudos de protección, 63 no cuentan con varas de ley, 34 carecen de chalecos antibalas y 18 de grilletes. De acuerdo al “Manual de patrullaje a pie, patrullaje motorizado y patrullaje a caballo, los policías deben portar estos equipos durante sus actividades, lo contrario, afecta su integridad y limita labor de seguridad ciudadana.

También se advirtió que el 100% de comisarías (695) carece de un plan de adecuación a la Norma Técnica A.120 sobre accesibilidad universal en edificaciones; mientras que el 82% no cuentan con certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones (569) ni condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad, como rampas (65%) y desniveles en la acera (21%). Todo ello expone y pone en riesgo la integridad física de las personas que concurren y laboran en las comisarías, así como la atención en igualdad de oportunidades y libre discriminación de personas.

Un hecho detectado que llamó la atención es que el Ministerio del Interior no cuenta con indicadores actualizados ni resultados del nivel de avance de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana 2030 (PNMSC 2030) sobre adolescentes de 12 a 17 años víctimas de violencia física y psicológica, deserción escolar, prevalencia de consumo de drogas en escolares, trabajo infantil, población urbana de 15 a más años víctimas de delitos informáticos, tasa de homicidios, entre otros.

Asimismo, presenta deficiencias en la gestión de la información en materia de seguridad ciudadana, toda vez que no cuenta con estudios sobre las principales manifestaciones de la inseguridad, la violencia y el delito; carecen de documentos que sistematicen buenas prácticas en materia de seguridad ciudadana y no viene brindando asistencia técnica sobre la implementación y administración de observatorios regionales de seguridad ciudadana.

No recopilar ni analizar esta información y no emitir alertas sobre el incumplimiento de valores esperados de los indicadores evita comprender el progreso de la política nacional en materia de seguridad ciudadana, lo cual pone en riesgo la prevención, el acceso a los servicios de seguridad, la reducción de la victimización y la disminución de los delitos.

Sin plan de adecuación de sistemas de videovigilancia

Se detectó, además, que el Mininter no elaboró el plan de adecuación de sistemas de videovigilancia que permitiría establecer los parámetros y estándares técnicos para implementarlos en bienes de dominio público, en vehículos de transporte público de pasajeros y en establecimientos comerciales, así como la videovigilancia en puertos, aeropuertos y terminales terrestres.

No cumple con certificar centros de capacitación de serenos

Otro aspecto del informe señala que, de la verificación a 177 municipalidades provinciales, 16 de ellas indicaron además que cuentan con centros de capacitación de serenos municipales; sin embargo, estos funcionan sin la certificación por parte del Mininter, tal y como establece la Ley 31297, Ley del Servicio de Serenazgo Municipal, lo cual no garantiza las condiciones de formación del serenazgo.

Escuelas PNP con deficiencias

Un aspecto preocupante es la infraestructura y el equipamiento en las Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP, en donde se forman a los jóvenes miembros, pues se hallaron serias deficiencias que afectan la seguridad de las personas y alumnos, así como la calidad educativa.

El informe expone situaciones detectadas como grietas, fisuras, techos en mal estado, deficiencias en el equipamiento y servicios, instalaciones eléctricas, luminarias, redes de internet y de agua en las escuelas. Además, inadecuadas condiciones de servicios higiénicos y acceso para personas con discapacidad, entre otros, se advirtieron en las escuelas de Puente Piedra (Lima), Cusco, Tarapoto (San Martín), Piura, Huancayo (Junín) y Chiclayo (Lambayeque).

Comités Locales de Seguridad Ciudadana con deficiencias

El 23% (40) de Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana (Coprosec) y 41% (200) de Comités Distritales de Seguridad Ciudadana (Codisec), bajo responsabilidad de cada municipalidad local, no sesionaron de manera ordinaria por lo menos una vez cada dos meses en el año 2023.

Asimismo, el 35% (9) de Consejos Regionales, 20% (34) de Consejos Provinciales y 17% (72) de Consejos Distritales no aprobaron su respectivo Plan de Acción Local de Seguridad Ciudadana 2024.

Estas situaciones afectan el funcionamiento del comité y la toma de decisiones, acuerdos, formulación e implementación de planes y estrategias a favor de la seguridad ciudadana.

Municipalidades sin servicio de serenazgo y cámaras de videovigilancia

De las municipalidades intervenidas, el 28% (187) no cuentan con el servicio de Serenazgo Municipal; sin embargo, el 12% (58) de municipalidades que cuenta con serenazgo no lo incluyeron en sus Planes de Acción Local de Seguridad Ciudadana 2024. De igual forma, el 22% (108) no cuentan con el equipamiento de protección del serenazgo.

Por otro lado, el 54% (364) de municipalidades no cuentan con cámaras de videovigilancia para la seguridad ciudadana. A su vez, de las municipalidades que indicaron contar con cámaras de videovigilancia, se reportaron 10 749 cámaras operativas y 2851 inoperativas.

El Informe del Operativo del Servicio de Control Simultáneo Seguridad Ciudadana N° 001-2024-CG/SIE-SOP, realizado a los “Servicios de Seguridad Ciudadana Ejecutados por Integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, en el marco de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030 y Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana” que detalla los 8755 riesgos detectados se encuentra publicado en https://www.gob.pe/institucion/contraloria/informes-publicaciones/5577305-informe-n-001-2024-cg-sie-sop-del-operativo-del-servicio-de-control-simultaneo-seguridad-ciudadana-2024.

Perú

Senasa declara emergencia sanitaria nacional por influenza aviar por 90 días

El Senasa declaró la emergencia sanitaria nacional por influenza aviar tras detectar un brote del virus H5N1 en Lima.

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El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) declaró la emergencia sanitaria nacional por influenza aviar en todo el territorio peruano por un periodo de 90 días calendario. La medida extraordinaria busca contener la propagación del virus H5N1 y proteger la producción avícola, un sector clave para el abastecimiento de alimentos en el país.

La decisión de la autoridad sanitaria, adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), responde al riesgo inminente que representa esta enfermedad altamente contagiosa para la seguridad alimentaria, considerando que el pollo y el huevo fresco concentran el 70 % de la proteína animal que consume la población.

Detección del brote en aves de corral

El origen de esta declaratoria oficial se sitúa en la provincia de Cañete, específicamente en el distrito de San Vicente de Cañete, en la región Lima. El Centro de Diagnóstico de Sanidad Animal confirmó el diagnóstico positivo de influenza aviar de alta patogenicidad subtipo H5N1 el pasado 6 de julio.

Ante esta situación, los especialistas del sector ordenaron la cuarentena inmediata del predio afectado, el sacrificio sanitario de la totalidad de las aves del recinto y el establecimiento de una zona perifocal de control. Las evaluaciones epidemiológicas constantes determinarán si el plazo de la alerta nacional se extiende más allá de los tres meses fijados inicialmente.

Restricciones y medidas de bioseguridad obligatorias

La normativa vigente durante esta emergencia prohíbe terminantemente la movilización de aves domésticas vivas y sus productos sin la certificación sanitaria oficial del Senasa. Asimismo, quedan suspendidas las ferias agropecuarias, exposiciones y eventos gallísticos en las zonas declaradas bajo vigilancia.

Los productores y propietarios de establecimientos avícolas deben reforzar de manera obligatoria las medidas de bioseguridad en sus accesos, implementar sistemas de desinfección y reportar con urgencia cualquier sospecha de enfermedad. El incumplimiento de estas directrices sanitarias facultará a la entidad a solicitar el apoyo de la fuerza pública para aplicar las sanciones correspondientes.

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Perú

Perú registra menor crecimiento poblacional en Perú y acelerado envejecimiento

El INEI confirmó una transición demográfica caracterizada por una urbanización progresiva y un menor crecimiento poblacional en Perú.

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Los resultados de los Censos Nacionales 2025 revelaron cambios significativos. El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán Flores, advirtió sobre un menor crecimiento poblacional en Perú, acompañado de un acelerado proceso de envejecimiento. Este fenómeno forma parte de la nueva etapa de transición demográfica del país.

El informe expuso que la población nacional alcanzó los 34,2 millones de habitantes durante el año 2025. De esta cifra, un total de 32,7 millones de personas fueron censadas efectivamente en el territorio. El organismo destacó que la dinámica poblacional mostró una madurez evidente, con cambios en los patrones migratorios y una mayor esperanza de vida.

Desafíos de la urbanización nacional

La población urbana ascendió a 26,4 millones de habitantes, lo que confirmó el predominio de las ciudades sobre las zonas rurales. Actualmente, existen 92 ciudades con al menos 20 mil habitantes, donde la costa concentró el 74,4 % de los residentes. La selva peruana elevó su participación urbana hasta el 18,1 % del total.

Lima Metropolitana y el Callao lideraron la lista con cerca de 11 millones de residentes, seguidas por Arequipa con 1,2 millones de habitantes. Trujillo y Chiclayo completaron los principales polos de desarrollo económico y comercial. Ante estas cifras, especialistas de ONU Habitat señalaron la necesidad urgente de mejorar la planificación y gestión del suelo.

Esta tendencia de un menor crecimiento poblacional en Perú demanda políticas públicas focalizadas para reducir las brechas territoriales existentes. El jefe del INEI enfatizó que la información obtenida permitirá fortalecer la focalización de las intervenciones del Estado para reducir la pobreza en las áreas urbanas del país.

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Perú

Contraloría supervisará descolmatación de ríos ante Fenómeno El Niño

La Contraloría General de la República desplegó más de 2000 auditores para fiscalizar los trabajos de prevención ante el Fenómeno El Niño.

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La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” mantiene el estado de alerta ante la persistencia de condiciones climáticas que incrementan el riesgo de precipitaciones intensas e inundaciones. Por ello, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto Supremo 097-2026-PCM, que declaró el estado de emergencia en 796 distritos por peligro inminente ante la temporada de lluvias.

Frente a este escenario, la Contraloría General de la República activó el operativo de control simultáneo denominado Descolmatación y Limpieza de Ríos y Quebradas. El contralor general, César Aguilar, orientó esta estrategia hacia la generación de valor público y rentabilidad social, con el fin de asegurar que la gestión de riesgos proteja de manera efectiva a los ciudadanos.

Fiscalización de recursos y puntos críticos

Los equipos de control gubernamental iniciaron la verificación de la gestión del financiamiento y la ejecución de las obras físicas en todo el territorio nacional. Los inspectores evalúan la descolmatación de ríos basándose en las Fichas Técnicas Referenciales elaboradas por la Autoridad Nacional del Agua, las cuales determinaron los puntos críticos de peligro alto y muy alto.

El operativo fiscalizará la ejecución de un total de 2016 intervenciones identificadas entre los periodos 2025 y 2026. Este plan preventivo cuenta con un presupuesto global financiado que asciende a S/ 6 709 064 585. La meta de estas acciones es salvaguardar a más de un millón de habitantes, viviendas, centros de salud e infraestructura vial.

Control preventivo en la región Moquegua

En el ámbito local, los auditores vigilarán los trabajos correspondientes a la región Moquegua, donde se programaron inspecciones específicas en las cuencas vulnerables. El control gubernamental en esta zona vigilará que las autoridades locales ejecuten los presupuestos asignados dentro de los plazos establecidos por la emergencia climática.

Específicamente, se supervisará la ejecución de 10 puntos críticos en Moquegua, de los cuales ocho presentan nivel de peligro alto y dos ostentan peligro muy alto. Los recursos económicos asignados para estas obras preventivas suman S/ 26 354 867, con el propósito directo de proteger terrenos de cultivo, carreteras y la infraestructura de servicios esenciales.

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