La Contraloría General identificó a 127 gobiernos locales en 18 regiones del país que no ejecutaron el presupuesto asignado para el Programa del Vaso de Leche (PVL) al cierre del primer semestre del año. Esta situación muestra una inacción para atender a los beneficiarios, que incluyen a niños menores de seis años, madres gestantes y adultos mayores.

A estas entidades se les asignó más de S/ 15.6 millones para el PVL, pero al 30 de junio de 2025 registraron cero ejecución presupuestal. Ejemplos de esto son las municipalidades provinciales de Morropón (S/ 1.4 millones) y Paita (S/ 930 mil) en Piura, y la Municipalidad Distrital de Ancón (S/ 852 mil) en Lima.

Por regiones, Apurímac (22), Huánuco (15), Áncash (17), Junín (14), Ayacucho (12), Lima (9) y Puno (9) concentraron el mayor número de entidades que no ejecutaron el presupuesto.

Efectos del control y medidas adoptadas

Los 127 gobiernos locales que no ejecutaron el presupuesto tampoco enviaron a la Contraloría la información mensual de gastos e ingresos, lo que confirmaría que no utilizaron los recursos económicos asignados.

La Contraloría notificó a los titulares de las entidades con nula ejecución presupuestal. Como resultado, 51 de las 127 municipalidades identificadas ya registran avance en la ejecución al 1 de agosto de 2025, aunque 76 todavía no utilizan los recursos. De las 51 municipalidades que ya iniciaron la ejecución, 37 tienen un avance entre el 50% y el 58%.

La Contraloría continuará el seguimiento a las entidades que recibieron recursos para el PVL para que el gasto sea oportuno y transparente. El objetivo es que el programa cumpla con elevar el nivel nutricional y la calidad de vida de los segmentos más pobres de la población.

A menos de un año para el final de su gestión, la presidenta Dina Boluarte nombró a tres nuevos ministros en los despachos de Justicia, Mujer y Desarrollo e Inclusión Social. El anuncio marca el regreso del polémico Juan José Santivañez, quien asumió la cartera de Justicia en reemplazo de Juan Alcántara.

En el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Fanny Esther Montellanos fue designada en lugar de Leslie Urteaga. Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables quedó a cargo de Ana Peña Cardoza. La noticia de los cambios sorprendió, pues no hubo denuncias mediáticas previas contra los ministros salientes.

El regreso de Juan José Santivañez

El nombramiento de Santivañez causó polémica, ya que el Congreso de la República lo censuró en marzo de este año por “manifiesta incapacidad” para afrontar la inseguridad ciudadana. La moción, que respaldó la bancada de Fuerza Popular, recibió 78 votos a favor. El vocero de ese grupo parlamentario, Arturo Alegría, señaló que el exministro instauró “múltiples estados de emergencia sin el uso de inteligencia y estrategias”.

Pese a la censura, Santivañez se mantuvo en el Poder Ejecutivo. Fue designado como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, desde donde mantenía reuniones con ministros.

Los otros nombramientos

Ana Peña Cardoza es el único rostro nuevo en el gabinete. Ella se desempeñó como jefa institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, lideró el Gabinete de Asesores del Ministerio de Cultura y fue directora en el Indecopi.

Por su parte, Fanny Esther Montellanos es la única de los tres ministros salientes que no se alejará del Poder Ejecutivo. Ella estuvo al frente del Ministerio de la Mujer. Su vínculo con el Midis es de larga data, ya que fue directora de los programas Wawa Wasi y Cuna Más, además de viceministra de Políticas y Evaluación Social.

El expresidente Martín Vizcarra emitió un mensaje en sus redes sociales luego de ser trasladado desde el penal de Barbadillo al Establecimiento Penitenciario Ancón II, también conocido como Piedras Gordas. En su publicación, afirmó: «Resistiré desde el lugar al que me manden, pero no me van a doblegar.«

Vizcarra le pidió a su defensa legal no presentar más acciones legales en respuesta a la decisión, que calificó de «injusta y arbitraria». Sin embargo, aseguró que seguirá luchando por la «recuperación de la democracia» y la unión de los peruanos contra lo que considera un «pacto mafioso».

El exmandatario cumple una prisión preventiva de cinco meses mientras se llevan a cabo las investigaciones por el caso Hospital de Moquegua y el proyecto agrícola Lomas de Ilo.

Resistiré desde el lugar al que me manden, pero no me van a doblegar, no me van a doblegar.

He pedido a mi equipo de defensa legal que ya no presente las acciones legales preparadas por esta injusta y arbitraria decisión. Sin embargo, seguiré luchando por la recuperación de la…

— Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) August 23, 2025

Reacciones sobre el traslado

El secretario general de su partido, Perú Primero, Cesar Figueredo, calificó el traslado como un «hecho abusivo» que pone en «peligro su vida». Figueredo agregó que entidades como la Corte IDH y Amnistía Internacional fueron informadas sobre el supuesto abuso contra el expresidente.