Perú
Comisarías carecen de equipamiento policial y registran daños en su infraestructura
Como resultado del operativo nacional en materia de seguridad ciudadana, efectuado entre los meses de febrero a marzo del 2024, la Contraloría General emitió 1340 informes de control individuales en los cuales se detallan más de ocho mil situaciones adversas detectadas en comisarías y otras entidades a cargo de la seguridad ciudadana en el país que vienen afectando la efectividad de las intervenciones contra la delincuencia y criminalidad.
Los equipos de auditores inspeccionaron 695 comisarías de los 25 departamentos del país, seis Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional, 26 gobiernos regionales, 176 municipalidades provinciales y 492 municipalidades distritales; así como al Ministerio del Interior.
Como resultado del operativo se advirtieron 8755 situaciones adversas en aspectos relacionados a la implementación de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana 2030 (PNMSC 2030), a la asistencia técnica a gobiernos subnacionales, el estado de la infraestructura, equipamiento y servicios policiales de las comisarías, el estado de escuelas PNP, la implementación del serenazgo municipal y cámaras de videovigilancia.
El Informe N° 001-2024-CG/SIE-SOP que consolida los resultados del operativo que, además de ser notificado a cada entidad evaluada, ha sido comunicado a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio del Interior y a la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP), para que se disponga, supervise y adopten, de manera integral, las acciones correctivas que mitiguen y superen las situaciones adversas, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional.

Principales riesgos revelados
Con relación al equipamiento policial en comisarías a nivel nacional, se advirtieron que 463 no cuentan con alcoholímetros, 536 no cuentan radios móviles TETRA para estar intercomunicados, 452 no cuentan con escudos de protección, 63 no cuentan con varas de ley, 34 carecen de chalecos antibalas y 18 de grilletes. De acuerdo al “Manual de patrullaje a pie, patrullaje motorizado y patrullaje a caballo, los policías deben portar estos equipos durante sus actividades, lo contrario, afecta su integridad y limita labor de seguridad ciudadana.
También se advirtió que el 100% de comisarías (695) carece de un plan de adecuación a la Norma Técnica A.120 sobre accesibilidad universal en edificaciones; mientras que el 82% no cuentan con certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones (569) ni condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad, como rampas (65%) y desniveles en la acera (21%). Todo ello expone y pone en riesgo la integridad física de las personas que concurren y laboran en las comisarías, así como la atención en igualdad de oportunidades y libre discriminación de personas.
Un hecho detectado que llamó la atención es que el Ministerio del Interior no cuenta con indicadores actualizados ni resultados del nivel de avance de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana 2030 (PNMSC 2030) sobre adolescentes de 12 a 17 años víctimas de violencia física y psicológica, deserción escolar, prevalencia de consumo de drogas en escolares, trabajo infantil, población urbana de 15 a más años víctimas de delitos informáticos, tasa de homicidios, entre otros.
Asimismo, presenta deficiencias en la gestión de la información en materia de seguridad ciudadana, toda vez que no cuenta con estudios sobre las principales manifestaciones de la inseguridad, la violencia y el delito; carecen de documentos que sistematicen buenas prácticas en materia de seguridad ciudadana y no viene brindando asistencia técnica sobre la implementación y administración de observatorios regionales de seguridad ciudadana.
No recopilar ni analizar esta información y no emitir alertas sobre el incumplimiento de valores esperados de los indicadores evita comprender el progreso de la política nacional en materia de seguridad ciudadana, lo cual pone en riesgo la prevención, el acceso a los servicios de seguridad, la reducción de la victimización y la disminución de los delitos.
Sin plan de adecuación de sistemas de videovigilancia
Se detectó, además, que el Mininter no elaboró el plan de adecuación de sistemas de videovigilancia que permitiría establecer los parámetros y estándares técnicos para implementarlos en bienes de dominio público, en vehículos de transporte público de pasajeros y en establecimientos comerciales, así como la videovigilancia en puertos, aeropuertos y terminales terrestres.
No cumple con certificar centros de capacitación de serenos
Otro aspecto del informe señala que, de la verificación a 177 municipalidades provinciales, 16 de ellas indicaron además que cuentan con centros de capacitación de serenos municipales; sin embargo, estos funcionan sin la certificación por parte del Mininter, tal y como establece la Ley 31297, Ley del Servicio de Serenazgo Municipal, lo cual no garantiza las condiciones de formación del serenazgo.
Escuelas PNP con deficiencias
Un aspecto preocupante es la infraestructura y el equipamiento en las Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP, en donde se forman a los jóvenes miembros, pues se hallaron serias deficiencias que afectan la seguridad de las personas y alumnos, así como la calidad educativa.
El informe expone situaciones detectadas como grietas, fisuras, techos en mal estado, deficiencias en el equipamiento y servicios, instalaciones eléctricas, luminarias, redes de internet y de agua en las escuelas. Además, inadecuadas condiciones de servicios higiénicos y acceso para personas con discapacidad, entre otros, se advirtieron en las escuelas de Puente Piedra (Lima), Cusco, Tarapoto (San Martín), Piura, Huancayo (Junín) y Chiclayo (Lambayeque).
Comités Locales de Seguridad Ciudadana con deficiencias
El 23% (40) de Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana (Coprosec) y 41% (200) de Comités Distritales de Seguridad Ciudadana (Codisec), bajo responsabilidad de cada municipalidad local, no sesionaron de manera ordinaria por lo menos una vez cada dos meses en el año 2023.
Asimismo, el 35% (9) de Consejos Regionales, 20% (34) de Consejos Provinciales y 17% (72) de Consejos Distritales no aprobaron su respectivo Plan de Acción Local de Seguridad Ciudadana 2024.
Estas situaciones afectan el funcionamiento del comité y la toma de decisiones, acuerdos, formulación e implementación de planes y estrategias a favor de la seguridad ciudadana.
Municipalidades sin servicio de serenazgo y cámaras de videovigilancia
De las municipalidades intervenidas, el 28% (187) no cuentan con el servicio de Serenazgo Municipal; sin embargo, el 12% (58) de municipalidades que cuenta con serenazgo no lo incluyeron en sus Planes de Acción Local de Seguridad Ciudadana 2024. De igual forma, el 22% (108) no cuentan con el equipamiento de protección del serenazgo.
Por otro lado, el 54% (364) de municipalidades no cuentan con cámaras de videovigilancia para la seguridad ciudadana. A su vez, de las municipalidades que indicaron contar con cámaras de videovigilancia, se reportaron 10 749 cámaras operativas y 2851 inoperativas.
El Informe del Operativo del Servicio de Control Simultáneo Seguridad Ciudadana N° 001-2024-CG/SIE-SOP, realizado a los “Servicios de Seguridad Ciudadana Ejecutados por Integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, en el marco de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030 y Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana” que detalla los 8755 riesgos detectados se encuentra publicado en https://www.gob.pe/institucion/contraloria/informes-publicaciones/5577305-informe-n-001-2024-cg-sie-sop-del-operativo-del-servicio-de-control-simultaneo-seguridad-ciudadana-2024.
Perú
Perú retoma el sistema bicameral con 190 parlamentarios desde julio de 2026
El Estado peruano restableció el modelo legislativo de dos cámaras que entrará en vigor el 28 de julio de 2026. Esta reforma constitucional, que puso fin a más de tres décadas de unicameralidad, reorganizó la estructura del Poder Legislativo para instaurar un método de mayor revisión normativa y control político. El nuevo Congreso operará con una división de funciones entre la Cámara de Diputados y el Senado.
Distribución de escaños y roles legislativos
El nuevo diseño parlamentario fijó un total de 190 legisladores, quienes se distribuyeron en 130 diputados y 60 senadores. Según el esquema aprobado, las iniciativas de ley nacieron en la Cámara de Diputados, instancia que asumió el debate político inicial y la elaboración de proyectos. Posteriormente, los textos pasaron al Senado, donde los representantes realizaron una evaluación técnica antes de la aprobación final.
La Cámara de Diputados funcionó en el hemiciclo principal y concentró facultades de fiscalización directa hacia el Poder Ejecutivo. Este grupo tuvo la potestad de interpelar y censurar a ministros de Estado. Por su parte, el Senado ocupó la sala Raúl Porras Barrenechea, un espacio con acceso restringido donde el personal utilizó cámaras robóticas para la transmisión de las sesiones, sin presencia directa de público o prensa.
Innovación tecnológica y límites al transfuguismo
La modernización del sistema legislativo incorporó herramientas digitales para optimizar los procesos. Cada parlamentario utilizó tabletas electrónicas en su escaño para el registro de asistencia y la votación. Asimismo, se habilitaron dispositivos móviles para la participación en sesiones remotas, lo que otorgó flexibilidad al desarrollo de los debates nacionales.
Para fortalecer la estabilidad institucional, el nuevo reglamento impuso restricciones severas contra el transfuguismo. Los congresistas que abandonaron su bancada original solo pudieron integrarse a un grupo mixto o cambiar de agrupación por única vez. Quienes optaron por esta transición perdieron el derecho a postular a la Mesa Directiva y debieron renunciar formalmente a su partido político de origen.
Requisitos y comisiones de trabajo
La estructura interna del Senado se organizó en siete comisiones ordinarias que agruparon diversos sectores estratégicos. Una de estas instancias combinó los ramos de salud, educación y cultura, mientras que otra integró economía y defensa del consumidor. En contraste, la Cámara de Diputados trabajó con 14 comisiones ordinarias, lo que implicó una reducción frente al modelo anterior y obligó a una gestión temática más compacta.
Los ciudadanos que aspiraron a ser diputados cumplieron con el requisito de ser peruanos de nacimiento y tener al menos 25 años de edad. Los senadores, elegidos en los comicios del 12 de abril de 2026, enfocaron su labor en la calidad técnica de las normas para reducir errores legislativos. El proceso electoral consolidó esta transición hacia un sistema que buscó equilibrar la representación territorial con la reflexión normativa.
Perú
Jóvenes que cumplan 18 años hasta el día de las Elecciones Generales 2026 podrán votar el 12 de abril
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) confirmó que todos los peruanos que alcancen la mayoría de edad hasta el mismo domingo 12 de abril están facultados para sufragar. Estos ciudadanos fueron incorporados de forma automática en el Padrón Electoral que cerró el pasado 14 de octubre de 2025, por lo que figuran en la lista de electores con la anotación correspondiente para ejercer su derecho al voto.
A pesar de que el padrón cerró meses atrás, el organismo notificó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) las actualizaciones de datos realizadas hasta el 27 de febrero de 2026. Según las estadísticas oficiales, de los 103 827 ciudadanos que poseían DNI de menor de edad al cierre del padrón, un total de 33 624 personas ya renovaron su documento con la fotografía actualizada de adulto.
Facilidades para el recojo del DNI y atención especial
Para garantizar la participación ciudadana, el Reniec implementó un plan de atención exclusiva los fines de semana en diversas agencias de Lima y regiones. Esta medida se mantendrá vigente hasta el día de los comicios. Los jóvenes desde los 17 años pueden tramitar su DNI azul o electrónico, lo que no solo les permite votar, sino asegurar el pleno ejercicio de sus derechos civiles y trámites legales.
Las autoridades instaron a los usuarios a verificar el estado de su trámite en el portal institucional antes de acudir a las oficinas. El Reniec publicó la lista de sedes operativas cada viernes para organizar la entrega masiva de documentos. Quienes realizaron la gestión vía web o presencial deben confirmar que el proceso figure al 100 % listo para el recojo en la agencia seleccionada.
Perú
Gobierno propone incrementar en 50 % la asignación económica del Servicio Militar Acuartelado
El Poder Ejecutivo aprobó un proyecto de ley que dispone el incremento del 50 % en la asignación económica para el personal del Servicio Militar Acuartelado. Esta medida, ratificada en sesión del Consejo de Ministros, buscó reconocer el compromiso y la disciplina de más de 45 mil jóvenes que integran las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Defensa, persigue mejorar las condiciones de vida de los reclutas y fortalecer las capacidades operativas de las instituciones castrenses. Según el proyecto, el reajuste entrará en vigencia a partir de junio de 2026, representando el primer incremento significativo en esta subvención desde el año 2012.
Impacto en la defensa y el bienestar social
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, calificó la propuesta como un hecho histórico que corrigió una deuda pendiente de más de una década. El premier afirmó que la asignación no percibió actualizaciones a pesar del impacto inflacionario, por lo que esta decisión devolvió dignidad a los ciudadanos que sirven a la patria, muchos de ellos provenientes de sectores vulnerables.
Además del beneficio económico directo, la norma pretendió optimizar los procesos de captación de nuevos contingentes y asegurar la permanencia del personal especializado. El Gobierno del presidente José María Balcázar destacó que la medida fortaleció el rol de los jóvenes en la defensa nacional, el apoyo al orden interno y la atención de emergencias climáticas o sociales.
El documento oficial será remitido al Congreso de la República para su debate y eventual aprobación. Con esta propuesta, el Estado reafirmó su intención de consolidar el servicio militar como una política de gestión pública que prioriza la equidad y el reconocimiento concreto a la vocación de servicio en el Perú.
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