La Contraloría General de la República evidenció serias omisiones en los Centros de Emergencia Mujer (CEM) de las regiones de Amazonas y San Martín. Una auditoría al programa «Warmi Ñan» concluyó que estas sedes no prestaron la atención integral necesaria a menores de edad víctimas de violencia sexual y determinó la presunta responsabilidad administrativa de 23 servidores públicos.

Los CEM son servicios públicos gratuitos y especializados que ofrecen soporte integral con psicólogos, trabajadores sociales y abogados para la protección, recuperación y acceso a la justicia de las personas afectadas por violencia.

El Informe de Auditoría N° 011-2025-2-3901-AC, que abarcó el período del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024, identificó las fallas en los CEM Chachapoyas y Condorcanqui (Amazonas), y en los CEM Bellavista, Comisaría Juanjui, Lamas, Moyobamba y Tarapoto (San Martín).

La auditoría registró un total de 35 casos de menores, con edades entre cinco y 16 años, que no recibieron la atención oportuna. El CEM Condorcanqui concentró la mayor cantidad con 25 de los casos.

La comisión de control constató múltiples deficiencias críticas:

• Planificación: Ausencia de Planes de Atención Integral en 18 casos y de planes de seguridad en 16.
• Derivaciones: Falta de derivación para terapia psicológica o acceso al Kit de Emergencia en 19 casos.
• Acción legal: Omisión de la derivación a juzgados o DEMUNA en seis casos y falta de presentación de denuncias.
• Soporte legal: Falta de acompañamiento psicojurídico en 9 casos y de personería legal ante fiscalías y juzgados en 20 casos.
• Seguimiento: Inexistencia de seguimiento operativo, administrativo y de evaluación periódica en casi la totalidad de los 35 casos.

Estas omisiones afectaron directamente la finalidad del programa Warmi Ñan y pusieron en riesgo el desarrollo y bienestar de las niñas y adolescentes, a quienes se les limitó el acceso efectivo a servicios de salud y justicia.

Por estos hechos, la Contraloría determinó la presunta responsabilidad administrativa de 23 funcionarios, 16 de los cuales todavía laboran en el programa. El informe recomendó a la Directora Ejecutiva de Warmi Ñan tomar las acciones necesarias para el deslinde de responsabilidades.

La crisis en el Ministerio Público se intensificó luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) exigiera formalmente a la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, que cumpla con reponer de inmediato en el cargo a Patricia Benavides. La orden fue enviada con la advertencia de «solicitar la fuerza pública» en caso de incumplimiento, elevando la tensión institucional.

El requerimiento fue emitido por la Dirección de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ, un hecho que ha sido cuestionado por no contar con la firma del presidente del organismo. La Junta Nacional de Justicia atendió así un pedido de Patricia Benavides, mientras que Delia Espinoza ha solicitado, sin éxito, las actas y videos de la sesión que anuló la destitución, argumentando que la resolución no cumple con las formalidades requeridas.

Como respuesta a esta medida, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó una demanda de amparo ante el Poder Judicial contra la JNJ para frenar la orden de reposición. La demanda fue interpuesta días después de que Benavides intentara ingresar a la sede del Ministerio Público. La defensa de Benavides ya ha solicitado intervenir en este proceso judicial.

El vocero del Ministerio Público, el exfiscal supremo Víctor Cubas Villanueva, calificó la orden como improcedente, asegurando que la funcionaria que la firma no tiene autoridad para dirigirse a la fiscal de la Nación. Cubas Villanueva también desestimó la posibilidad de un ingreso con la fuerza pública, calificándolo como un escenario improbable.

Asimismo, el portavoz denunció una «clara injerencia del Poder Ejecutivo» en la crisis. Argumentó que la Policía Nacional, dependiente del Gobierno, ya brinda seguridad a Patricia Benavides, lo que considera «un grave atentado contra la autonomía del Ministerio Público y la institucionalidad democrática» del país.

La empresa Minera Hampton invertirá US$600 millones en el desarrollo del proyecto de cobre y molibdeno Los Calatos, ubicado en el distrito de Mariscal Nieto, en la región Moquegua. Así lo informó su gerente general, Jim Bannantine, durante el evento «Rumbo a PERUMIN: Minería para el desarrollo de Moquegua».

Bannantine explicó que la mitad del capital se destinará a infraestructura y servicios mineros para iniciar la producción, mientras que la otra mitad se invertirá durante los 20 años de operación de la mina. Destacó que se trata de un “capex inicial light” y que el proyecto avanza con respaldo de la comunidad.

La compañía se encuentra actualmente en proceso de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Según sus estimaciones, la construcción de la mina comenzará en 2027 y la producción arrancará en 2029, una vez concluidos todos los estudios requeridos.

Minera Hampton proyecta una producción anual de 65 mil toneladas de cobre refinado. Además, sus pruebas de concentrado indican que la calidad del mineral será similar a la de Quellaveco, reconocida por su alto nivel y limpieza.

El proyecto Los Calatos tendría una vida útil de 27 años. Las declaraciones de Bannantine fueron difundidas por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), organizador del evento donde se presentó el avance del proyecto minero.