Perú

Contraloría: Pesa a estar impedidos 2200 proveedores contrataron con el estado por S/ 584 millones

Published

3 años ago

1 de diciembre de 2023

El uso de la inteligencia artificial (IA) es crucial para la lucha anticorrupción, ya que en el caso del Perú se pudo identificar a casi 2200 proveedores que pactaron contratos con el Estado por más de S/ 584 millones pese a estar impedidos de hacerlo por tener vínculos con altos funcionarios públicos.

Esta fue la conclusión luego de dos días de reuniones de especialistas nacionales e internacionales en la Conferencia Anual Internacional por la Integridad (CAII) 2023 denominada “Frenando la corrupción: Estrategias colaborativas de investigación y sistemas de sanción”.

Durante la jornada académica, en la que participaron más de 2 mil personas de manera presencial y más de 8 mil inscritos bajo modalidad virtual, se reafirmó que la corrupción es un fenómeno que no solo afecta a la gobernabilidad de los países, sino que también incide negativamente en la confianza que la ciudadanía tiene en sus instituciones e inclusive en los derechos de las personas.

Esto se manifiesta de diversas maneras y en diferentes esferas: en lo social, en lo político y también en lo económico. Además, con el fenómeno de la globalización, sus efectos perniciosos también han ampliado sus redes y trascendiendo fronteras.

Se enfatizó que las experiencias compartidas en estas jornadas, así como el diálogo fluido que ha surgido de esta importante reunión de la CAII 2023 constituyen un importante insumo que enriquece y fortalece a todos en el esfuerzo común de luchar por el fortalecimiento de un valor supremo en el quehacer público: la integridad. Las principales conclusiones estuvieron centradas en:

PRINCIPALES CONCLUSIONES
Los expertos de la CAII 2023 consideran que, en materia de estrategias colaborativas de investigación, el uso de la IA está revolucionando el control gubernamental a nivel mundial. Es así que las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) vienen adaptándose a estos cambios tecnológicos e innovadores para supervisar con eficacia y eficiencia los distintos programas gubernamentales.

En el caso de la Contraloría General de la República (CGR) del Perú, el uso de los avances tecnológicos como la Inteligencia Artificial, Big Data, Machine Learning y el Data Analytics, permite realizar auditorías de forma masiva. Como consecuencia de ello y en uso de aplicativos informáticos, el máximo ente del Sistema Nacional de Control identificó cerca de 2200 proveedores que contrataron con el Estado por más de S/ 584 millones pese a encontrarse impedidos de hacerlo por tener vínculos de consanguinidad y afinidad con altos funcionarios del Estado.

También se detectaron cerca de 700 personas que trabajan en el Estado pese a estar inhabilitados para ejercer la función pública. “Esto es solo una muestra del potencial que tienen las nuevas líneas de tecnología en el mundo y que se vienen aplicando ya en la Contraloría General del Perú”, acotó la Contraloría.

La CAII 2023 también permitió mostrar que países como Brasil ya trabajan con éxito en el funcionamiento de un aplicativo de Inteligencia Artificial configurado en un robot denominado Alice, que trabaja con el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) en la revisión de todas las contrataciones públicas de dicho país y alerta sobre cualquier indicio de irregularidad.

“Sería importante que el TCU permita que las instituciones pares en el control gubernamental podamos acceder a esta nueva tecnología. Sin dudas, resultaría de gran utilidad en la planificación y ejecución de auditorias para nuestros países”, resaltó la CGR.

La CAII 2023 también permitió a la Contraloría General del Perú compartir su experiencia con la aplicación del control concurrente y su efectividad en la supervisión de la ejecución de los presupuestos públicos.

“En consecuencia, no existe temor fundado que nos impida la aplicación de la Inteligencia Artificial porque su uso es crucial en la lucha anticorrupción. Recordemos lo que decía David Colmenares, Auditor Superior de la Federación de México, que las tecnologías de la información no sustituyen, de ninguna manera, el trabajo físico y presencial de los auditores, sino que lo complementa y potencia”, subrayó el ente de control.

CONTRATACIONES PÚBLICAS

Otra conclusión de la CAII 2023 es que en las contrataciones públicas es donde se producen, con mayor frecuencia, los actos de corrupción y ello tiene un alto impacto negativo en términos económicos y sociales. En el caso de la Contraloría del Perú, se está evaluando el desempeño de los proveedores del Estado con ayuda de la Inteligencia Artificial y el próximo año se presentará el Índice de Riesgos de Inversión, como parte del Índice de la Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) 2023.

En materia de contrataciones públicas, Robert Klitgaard, consultor internacional en temas anticorrupción y profesor de la Universidad de Claremont (California – EE.UU.) planteó reducir la discrecionalidad de los tomadores de decisiones en esta materia y aumentar la transparencia en la gestión pública. También sugirió convocar un focus group con proveedores del Estado para que, en forma anónima, informen sobre cuáles son las principales trampas o espacios donde se produce la corrupción dentro de las contrataciones.

“Conocer este sistema paralelo oculto permitirá convocar a múltiples actores de la sociedad para simplificar los procesos y reducir los riesgos de corrupción en un lapso de meses, como lo sugiere este investigador”; señaló la Contraloría.

SANCIÓN ADMINISTRATIVA

Durante la CAII 2023 se concluyó que, dentro de la lucha anticorrupción, es indispensable que la ciudadanía tenga la certeza de que quien infringe la ley será sancionado y que no habrá impunidad. Por ello, los especialistas consideran que la potestad sancionadora es la primera línea de defensa en la buena administración pública y si las sanciones son ejemplares, es muy difícil que acontezca un hecho de impunidad.

También se enfatizó que el sistema sancionador administrativo se fortalece y se vuelve más eficaz en la medida que las sanciones impuestas a los responsables de un hecho de corrupción son mayores e innegociables.

En ese sentido, la aplicación de sanciones administrativas enfrenta diversos retos como la falta de recursos financieros, técnicos y humanos. A ello debe sumarse que cuando se hable de corrupción en el Estado, también es relevante mencionar la importancia de promover la integridad y la ética en la gestión pública.

Perú

Contraloría alerta riesgo de deterioro en indumentaria policial almacenada

La Contraloría alerta riesgo de deterioro en indumentaria policial almacenada hasta por diez meses en un almacén de Lurín, lo que podría afectar su calidad y distribución a la PNP.

Published

18 horas ago

23 de junio de 2026

Administrador

La Contraloría General de la República advirtió al Ministerio del Interior (Mininter) sobre el almacenamiento prolongado de prendas destinadas a la Policía Nacional del Perú (PNP) en el almacén del Núcleo Ejecutor de Compras (NEC) Textil Confecciones, ubicado en Lurín.

Según el Informe de Orientación de Oficio n.° 012-2026-OCI/0282-SOO, evaluado entre el 26 de mayo y el 1 de junio de 2026, algunas prendas permanecen almacenadas hasta por 10 meses, bajo condiciones que podrían afectar su vida útil.

Prendas almacenadas por largos periodos

Durante la inspección realizada el 14 de mayo, se identificaron diversos artículos con prolongado tiempo de almacenamiento:

Chompas tipo Jorge Chávez: hasta 10 meses.
Calcetines deportivos: entre 8 y 9 meses.
Buzos de fatiga: entre 6 y 7 meses.
Blusas y camisas: entre 2 y 3 meses.

Esta situación genera riesgo de deterioro prematuro antes de su entrega a las unidades policiales.

Retrasos en distribución y responsabilidades

La comisión de control solicitó explicaciones al Programa Nacional Compras MYPErú, al Mininter y a la PNP sobre la demora en la distribución.

Desde la PNP se indicó que la responsabilidad recae en el NEC Textil Confecciones, mientras que esta entidad señaló que la demora responde a procesos técnicos, certificaciones y gestiones para contratar el servicio logístico.

Aunque el Mininter autorizó la distribución, el cronograma presentado aún es tentativo, debido a que el servicio logístico sigue en fase de indagación de mercado.

Observaciones en almacenamiento y control

La Contraloría también detectó condiciones inseguras en el almacén, como la ausencia de extintores.

Además, se identificó que en el 11% de las cajas inspeccionadas no coincidía el contenido con el etiquetado. También se observaron superficies empolvadas y cajas sin identificación adecuada.

Estas deficiencias afectan el control y conservación de los bienes destinados al personal policial.

Recomendaciones al Ministerio del Interior

La Contraloría recomendó comunicar los hallazgos al titular del Mininter para que adopte medidas correctivas que garanticen la adecuada distribución de la indumentaria a las unidades ejecutoras de la PNP.

El informe completo se encuentra disponible en el portal institucional para consulta pública.

Perú

Roberto Sánchez denuncia fraude electoral y rechaza eventual triunfo de Keiko

Roberto Sánchez denuncia fraude electoral y rechaza eventual triunfo de Keiko Fujimori en la segunda vuelta, en medio de cuestionamientos al voto en el extranjero durante el proceso de 2026.

Published

18 horas ago

23 de junio de 2026

Administrador

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, afirmó que existe un supuesto “fraude en desarrollo” en la segunda vuelta electoral y advirtió que no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori si no se resuelve su pedido de nulidad.

Durante una conferencia de prensa, el postulante cuestionó decisiones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) respecto al tratamiento de votos emitidos en el extranjero.

Cuestionamientos al voto en el exterior

Sánchez presentó una solicitud para anular los votos de 119 oficinas consulares, argumentando irregularidades en el proceso electoral fuera del país.

Según indicó, la eliminación del escaneo y digitalización obligatoria de actas —medida adoptada tras problemas logísticos en la primera vuelta— habría afectado la cadena de custodia.

El candidato sostuvo que estos cambios podrían permitir una presunta manipulación de votos, aunque no presentó pruebas que respalden sus afirmaciones.

Anuncio de movilizaciones y rechazo a resultados

El líder de Juntos por el Perú anunció movilizaciones a nivel nacional como medida de protesta frente a lo que considera irregularidades en el proceso.

Asimismo, reiteró que su agrupación no reconocerá los resultados si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no atiende su demanda conforme a la normativa electoral.

Respuestas del Ejecutivo y Fuerza Popular

El canciller Carlos Pareja rechazó las acusaciones y señaló que la Cancillería solo cumplió funciones logísticas en el proceso electoral en el extranjero.

Por su parte, Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, calificó la denuncia como un “acto desesperado” y afirmó que no se presentaron pruebas que sustenten la nulidad solicitada.

El debate se produce en un contexto de alta tensión política tras la segunda vuelta electoral, mientras las autoridades electorales continúan con el proceso de evaluación y proclamación de resultados.

Perú

Violencia de género en la PNP: más de 3.800 policías investigados

Published

1 día ago

23 de junio de 2026

Administrador

Al menos 3.875 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron investigados por casos de violencia contra la mujer y personas vulnerables entre 2018 y 2025, en una institución que cuenta con unos 135.000 agentes.

Del total, el 94% corresponde a suboficiales, aunque también se registraron oficiales implicados. Solo en 2025, entre enero y octubre, se reportaron 1.636 denuncias, de las cuales apenas 196 derivaron en detenciones.

Bajo nivel de sanción en casos de violencia

Pese a la gravedad de los hechos, solo el 31% de los procesos contra policías por violencia de género concluyó con sanción. El restante 69% fue archivado por absoluciones, retiro de denuncias o caducidad.

En Lima, se registraron 451 policías implicados, pero únicamente 42 fueron detenidos, lo que refleja limitaciones en la respuesta institucional.

Según el Ministerio Público, en el mismo periodo se emitieron 13.023 sentencias por violencia contra la mujer en el país, lo que evidencia una brecha frente a los casos que involucran a agentes policiales.

Casos en zonas sensibles como el VRAEM

La Defensoría del Pueblo reportó que en 2025 al menos 19 policías fueron imputados por violencia en el VRAEM, una zona marcada por el narcotráfico.

A pesar de las denuncias, varios efectivos continuaron en funciones o fueron reasignados a unidades como el Frente Policial Vraem o dependencias en Lima e Ica.

Casos emblemáticos bajo investigación

Entre los casos más graves figura el del suboficial José Villafán Arteaga, quien confesó el asesinato de su colega Marleni Rucana Silvestre, de 27 años, ocurrido en Áncash. El agente cumple prisión preventiva.

Otro proceso relevante es el del presunto feminicidio de Lesly Vicente Félix, ocurrido en 2020 en Huánuco, donde un policía figura como principal investigado.

Asimismo, el Ministerio Público investiga al suboficial Felipe Gutiérrez Arzapalo por el presunto feminicidio de su pareja Lisandra Gonzales García, en Lima.

Cuestionamientos a la institución policial

Especialistas y organizaciones como Familias Unidas por Justicia advirtieron problemas estructurales dentro de la PNP, como falta de protocolos eficaces y una cultura institucional que dificultaría la denuncia.

También se señaló que la continuidad en funciones de policías denunciados genera riesgos, especialmente al tratarse de personal armado.

Desde la institución policial se informó que se realizan procesos de capacitación y sensibilización para prevenir y atender casos de violencia de género.