Perú
Contraloría: Pesa a estar impedidos 2200 proveedores contrataron con el estado por S/ 584 millones
El uso de la inteligencia artificial (IA) es crucial para la lucha anticorrupción, ya que en el caso del Perú se pudo identificar a casi 2200 proveedores que pactaron contratos con el Estado por más de S/ 584 millones pese a estar impedidos de hacerlo por tener vínculos con altos funcionarios públicos.
Esta fue la conclusión luego de dos días de reuniones de especialistas nacionales e internacionales en la Conferencia Anual Internacional por la Integridad (CAII) 2023 denominada “Frenando la corrupción: Estrategias colaborativas de investigación y sistemas de sanción”.
Durante la jornada académica, en la que participaron más de 2 mil personas de manera presencial y más de 8 mil inscritos bajo modalidad virtual, se reafirmó que la corrupción es un fenómeno que no solo afecta a la gobernabilidad de los países, sino que también incide negativamente en la confianza que la ciudadanía tiene en sus instituciones e inclusive en los derechos de las personas.
Esto se manifiesta de diversas maneras y en diferentes esferas: en lo social, en lo político y también en lo económico. Además, con el fenómeno de la globalización, sus efectos perniciosos también han ampliado sus redes y trascendiendo fronteras.
Se enfatizó que las experiencias compartidas en estas jornadas, así como el diálogo fluido que ha surgido de esta importante reunión de la CAII 2023 constituyen un importante insumo que enriquece y fortalece a todos en el esfuerzo común de luchar por el fortalecimiento de un valor supremo en el quehacer público: la integridad. Las principales conclusiones estuvieron centradas en:
PRINCIPALES CONCLUSIONES
Los expertos de la CAII 2023 consideran que, en materia de estrategias colaborativas de investigación, el uso de la IA está revolucionando el control gubernamental a nivel mundial. Es así que las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) vienen adaptándose a estos cambios tecnológicos e innovadores para supervisar con eficacia y eficiencia los distintos programas gubernamentales.
En el caso de la Contraloría General de la República (CGR) del Perú, el uso de los avances tecnológicos como la Inteligencia Artificial, Big Data, Machine Learning y el Data Analytics, permite realizar auditorías de forma masiva. Como consecuencia de ello y en uso de aplicativos informáticos, el máximo ente del Sistema Nacional de Control identificó cerca de 2200 proveedores que contrataron con el Estado por más de S/ 584 millones pese a encontrarse impedidos de hacerlo por tener vínculos de consanguinidad y afinidad con altos funcionarios del Estado.
También se detectaron cerca de 700 personas que trabajan en el Estado pese a estar inhabilitados para ejercer la función pública. “Esto es solo una muestra del potencial que tienen las nuevas líneas de tecnología en el mundo y que se vienen aplicando ya en la Contraloría General del Perú”, acotó la Contraloría.
La CAII 2023 también permitió mostrar que países como Brasil ya trabajan con éxito en el funcionamiento de un aplicativo de Inteligencia Artificial configurado en un robot denominado Alice, que trabaja con el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) en la revisión de todas las contrataciones públicas de dicho país y alerta sobre cualquier indicio de irregularidad.
“Sería importante que el TCU permita que las instituciones pares en el control gubernamental podamos acceder a esta nueva tecnología. Sin dudas, resultaría de gran utilidad en la planificación y ejecución de auditorias para nuestros países”, resaltó la CGR.
La CAII 2023 también permitió a la Contraloría General del Perú compartir su experiencia con la aplicación del control concurrente y su efectividad en la supervisión de la ejecución de los presupuestos públicos.
“En consecuencia, no existe temor fundado que nos impida la aplicación de la Inteligencia Artificial porque su uso es crucial en la lucha anticorrupción. Recordemos lo que decía David Colmenares, Auditor Superior de la Federación de México, que las tecnologías de la información no sustituyen, de ninguna manera, el trabajo físico y presencial de los auditores, sino que lo complementa y potencia”, subrayó el ente de control.
CONTRATACIONES PÚBLICAS
Otra conclusión de la CAII 2023 es que en las contrataciones públicas es donde se producen, con mayor frecuencia, los actos de corrupción y ello tiene un alto impacto negativo en términos económicos y sociales. En el caso de la Contraloría del Perú, se está evaluando el desempeño de los proveedores del Estado con ayuda de la Inteligencia Artificial y el próximo año se presentará el Índice de Riesgos de Inversión, como parte del Índice de la Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) 2023.
En materia de contrataciones públicas, Robert Klitgaard, consultor internacional en temas anticorrupción y profesor de la Universidad de Claremont (California – EE.UU.) planteó reducir la discrecionalidad de los tomadores de decisiones en esta materia y aumentar la transparencia en la gestión pública. También sugirió convocar un focus group con proveedores del Estado para que, en forma anónima, informen sobre cuáles son las principales trampas o espacios donde se produce la corrupción dentro de las contrataciones.
“Conocer este sistema paralelo oculto permitirá convocar a múltiples actores de la sociedad para simplificar los procesos y reducir los riesgos de corrupción en un lapso de meses, como lo sugiere este investigador”; señaló la Contraloría.
SANCIÓN ADMINISTRATIVA
Durante la CAII 2023 se concluyó que, dentro de la lucha anticorrupción, es indispensable que la ciudadanía tenga la certeza de que quien infringe la ley será sancionado y que no habrá impunidad. Por ello, los especialistas consideran que la potestad sancionadora es la primera línea de defensa en la buena administración pública y si las sanciones son ejemplares, es muy difícil que acontezca un hecho de impunidad.
También se enfatizó que el sistema sancionador administrativo se fortalece y se vuelve más eficaz en la medida que las sanciones impuestas a los responsables de un hecho de corrupción son mayores e innegociables.
En ese sentido, la aplicación de sanciones administrativas enfrenta diversos retos como la falta de recursos financieros, técnicos y humanos. A ello debe sumarse que cuando se hable de corrupción en el Estado, también es relevante mencionar la importancia de promover la integridad y la ética en la gestión pública.
Perú
El control preventivo contribuyó a la reactivación de obras públicas por S/ 3900 millones
La Contraloría emitió 210 informes que impulsaron proyectos en 18 regiones, beneficiando a casi cinco millones de peruanos.
El control preventivo contribuyó a la reactivación de obras públicas paralizadas en 18 regiones del país por un valor de S/ 3900 millones. El contralor general, César Aguilar Surichaqui, presentó los avances de su gestión ante la Comisión en Asuntos de Gestión del Estado y Contraloría del Congreso de la República.
Hasta el 30 de junio de 2026, la Contraloría General de la República emitió 210 informes de control preventivo que permitieron destrabar 94 proyectos estratégicos. La culminación de estas infraestructuras beneficiará de manera directa a 4.9 millones de peruanos.
Regiones y proyectos beneficiados por las intervenciones
Arequipa lidera la lista nacional con 24 infraestructura reactivadas, seguida por Cusco con nueve, Áncash con ocho, Lima con siete y Puno con seis. Las acciones de supervisión comenzaron formalmente el 11 de julio de 2025 para asegurar la continuidad de los servicios estatales.
Entre las obras de mayor envergadura destacan el establecimiento de salud Maritza Campos Díaz (S/ 337.4 millones) y el Hospital Camaná (S/ 197.5 millones) en Arequipa. Asimismo, figuran el colegio Santa Rosa de Viterbo en Áncash (S/ 112.9 millones) y el local escolar Juan Mejía Baca en Lambayeque (S/ 11.4 millones).
Resultados del control gubernamental y perjuicio económico
Entre enero y agosto de 2026, la institución emitió 25 236 informes de control a nivel nacional. La fiscalización posterior permitió identificar presuntas responsabilidades administrativas, civiles y penales en 2344 funcionarios públicos involucrados en actos irregulares.
Las auditorías de cumplimiento y los servicios específicos evidenciaron un perjuicio económico de S/ 722 millones contra el Estado. Esta cifra se suma a los S/ 763 millones en pérdidas detectados durante el año 2025 tras la ejecución de más de 44 mil servicios de inspección.
Operativos en seguridad, penales y Fenómeno El Niño
El máximo organismo de control ejecutó intervenciones focalizadas en la Policía Nacional del Perú, supervisando 485 comisarías básicas e identificando 2582 situaciones adversas. En Lima y Callao, la fiscalización a 27 municipalidades alertó sobre 729 cámaras de videovigilancia inoperativas y patrulleros inmovilizados.
Actualmente, la Contraloría despliega operativos en 52 establecimientos penitenciarios del país y realiza el seguimiento al proceso de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. En materia del Fenómeno El Niño, el organismo emitió 2924 informes de supervisión, concentrando el mayor volumen de intervenciones en las regiones de Lima, Áncash, Puno, La Libertad y Junín.
Perú
El Gobierno impulsa 14 medidas para desarticular al crimen organizado
El Ejecutivo presentó un paquete normativo para combatir la delincuencia y recuperar el principio de autoridad en el país.
El Ejecutivo incluyó un paquete de iniciativas en materia de seguridad ciudadana, orden interno, control migratorio y reforma penitenciaria. El paquete normativo contempla que el Gobierno impulsa 14 medidas para desarticular al crimen organizado dentro del proyecto de ley de delegación de facultades legislativas presentado ante el Congreso de la República.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, ratificó el compromiso de la gestión de la presidenta Keiko Fujimori en la lucha contra la delincuencia. El premier señaló que combatirán el delito con decisión, inteligencia, estrategia y sanción para poner orden en las calles.
Eliminación de la reducción de penas y control de bandas
Una de las primeras acciones será eliminar la denominada «puerta giratoria». La medida busca impedir que los delincuentes peligrosos accedan a beneficios como la reducción de condenas o penas menores mediante el recurso de terminación anticipada.
Entre las propuestas destaca la clasificación y registro oficial de las bandas delictivas como «grupos hostiles». Esta denominación permitira que las Fuerzas Armadas intervengan en apoyo de la Policía Nacional para lograr la detención y neutralización de estas estructuras delictivas.
Bloqueo de celulares y fortalecimiento del sistema de inteligencia
El proyecto plantea el rastreo, localización, geolocalización, baja de líneas y bloqueo de dispositivos móviles empleados en extorsiones y otros ilícitos. La fiscalización priorizará las llamadas ejecutadas desde los centros penitenciarios y juveniles del país.
Asimismo, la propuesta abarca el estricto control migratorio, la fiscalización del uso civil de armas de fuego y la intervención temporal de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los penales. Finalmente, se contempla la reforma del sistema penitenciario y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Inteligencia y la Dirección Nacional de Inteligencia.
Perú
Contraloría de Perú reúne a autoridades latinoamericanas para abordar control público
El seminario internacional organizado por la Contraloría General de la República reunió a expertos para debatir sobre la prevención y el control público en América Latina.
La Contraloría General de la República del Perú realizó este viernes 11 de septiembre en Lima el Seminario Internacional “Prevenir para Generar Valor”. Este espacio reunió a contralores, autoridades parlamentarias y representantes de organismos internacionales para intercambiar experiencias y buenas prácticas orientadas a fortalecer la gobernanza pública y promover la generación de valor para la ciudadanía.
El encuentro se desarrolló en el distrito de San Isidro, en formato híbrido, y contó con la participación de más de 60 profesionales y funcionarios internacionales. Los asistentes integran las Entidades Fiscalizadoras Superiores de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, además de representantes del PARLATINO y parlamentos nacionales.
Desarrollo y paneles del seminario
La actividad se realizó en el marco de la Presidencia de la Comisión de Parlamentos y Entidades Fiscalizadoras Superiores de la OLACEFS, a cargo de la entidad peruana. Su objetivo principal consistió en continuar promoviendo el relacionamiento y la cooperación entre las entidades fiscalizadoras y los parlamentos de la región.
Durante la jornada, el contralor general y presidente de la CPE, César Aguilar Surichaqui, ofreció la conferencia magistral titulada “La rentabilidad social del control público: una nueva visión para las Entidades Fiscalizadoras Superiores”. El programa contempló tres paneles internacionales dedicados a la gestión de riesgos en megaproyectos, la fiscalización ante desastres naturales como el Fenómeno del Niño, y el control territorial en zonas vulnerables y fronterizas.
Desafíos para el control público regional
El seminario permitió fortalecer el intercambio de conocimientos entre las Entidades Fiscalizadoras Superiores y los parlamentos. Asimismo, generó espacios de diálogo sobre los desafíos que enfrenta el control público para contribuir a una gestión más preventiva y orientada a resultados en beneficio de la ciudadanía de la región latinoamericana.
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