La Conferencia Anual Internacional por la Integridad (CAII) 2023, titulada “Frenando la corrupción: Estrategias colaborativas de investigación y sistemas de sanción”, fue inaugurada hoy por el contralor general, Nelson Shack, quien resaltó que una tarea pendiente que tiene el Perú es evitar que queden impunes los casos de corrupción que alerta la Contraloría en sus informes de control y para eso se debe aplicar una sanción efectiva por parte de las entidades correspondientes.

“Se ha triplicado la producción de nuestros informes de control, pasando de 15 mil informes en el 2017 a más de 45 mil. Sin embargo, subsiste la tarea pendiente de impedir que los casos identificados por la Contraloría queden impunes, ya que algo tan o más perverso que la corrupción es la impunidad y no hay posibilidad de tener una lucha efectiva contra la corrupción si no hay una sanción ejemplar”, dijo.

Precisó que los más de 45 mil informes de control que se emitirán en todo el 2023han identificado miles de casos de corrupción e inconducta funcional, incluso con sus presuntos responsables, quienes deberían dejar la administración pública.

“Es cuestión de que las entidades responsables en el sistema sancionador administrativo, pero sobre todo en el sistema de justicia, sean capaces de responder a las expectativas ciudadanas y se apliquen las sanciones administrativas, civiles y penales que corresponden”, afirmó.   

Shack Yalta manifestó que uno de los más graves daños que genera la corrupción es cuando normaliza sus prácticas en la sociedad, haciendo que la gente se resigne a asumir sus consecuencias como si fueran inevitables. Por ello, subrayó que la corrupción debe ser vista como una de las principales amenazas que enfrenta la sociedad peruana, con profundos efectos económicos, políticos, sociales y ambientales.

“Por eso, la CAII 2023 busca precisamente llamar la atención de la gravedad de esta realidad, reunir la evidencia y evaluar experiencias exitosas a nivel mundial. El COVID-19 nos obligó a hacer una pausa en estos encuentros y hoy volvemos renovados después de cuatro años”, indicó.

Manifestó que, durante los últimos cuatro años, se han dado sustantivos cambios en el ejercicio del control en el Perú producto de una necesaria reforma del control gubernamental que empezó en 2018. “Esta reforma fue sustancial para extender el control y especializarlo, lo cual era necesario e impostergable. Ahora es un activo principal de nuestra organización”, refirió.

CONTROL CONCURRENTE

Shack resaltó que una de las mayores innovaciones de la reforma del control gubernamental en el Perú fue la creación del control concurrente, que desarrolla un acompañamiento a la gestión y alerta sobre riesgos para que los funcionarios públicos adopten las medidas preventivas y correctivas necesarias para lograr que se concreten los objetivos de la inversión pública y así evitar que se generen perjuicios.

“El Perú aportó esta modalidad de control a las prácticas internacionales a partir de una problemática nacional, pero que se repite, con sus peculiaridades, en otras naciones para enfrentar los desafíos de un correcto gasto público”, subrayó.

Mencionó que la Contraloría General del Perú ha ejecutado, en los últimos cinco años, casi 10 500 servicios de control concurrente a un total de 3255 inversiones públicas, valorizadas en S/ 175 mil millones. “Pero lo más importante es que, en base a estudios recientes, los proyectos con control concurrente muestran en promedio 10% menos sobrecostos, lo que es un ahorro significativo de dinero para todos los ciudadanos”, añadió.

Asimismo, manifestó que el efecto promedio del control concurrente en el avance financiero de las inversiones fue de casi 30%; es decir, que estas inversiones tuvieron un incremento en la velocidad de su ejecución financiera y, por ende, en la ejecución total de sus actividades y el cierre de brechas.

RETOS CUMPLIDOS

Asimismo, manifestó que la reforma del control permitió afrontar el problema de la baja cobertura de las acciones de control, lo cual llegaba al menos del 29% de las entidades públicas pero a la fecha esa cobertura se ha duplicado y se podría alcanzar el 80% durante el próximo año.

Otra meta alcanzada es ampliar el alcance del control, ya que desde 2018 la Contraloría ha absorbido administrativamente 451 Órganos de Control Institucional (OCI) y ha creado 70 OCI provinciales; y en 2024 se habrá completado la incorporación administrativa de todas las 750, tal como estaba programado. “Esto significa que la Contraloría las dotará realmente de la capacidad operacional multidisciplinaria para que, precisamente, puedan controlar el gasto público que hacen las entidades”, subrayó.

Con estos resultados concretos, puntualizó que la Contraloría del Perú es una institución sólida con una amplia capacidad de detección e identificación de responsabilidades, con una activa participación en organismos como la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores.

INVERSIÓN PÚBLICA

El titular de la Contraloría manifestó que otro problema de urgente solución que surge de las observaciones hechas por la Contraloría es el bajo nivel de culminación de los proyectos, ya que del total de inversiones públicas registradas, solo el 15% están en condición de cerradas.

“A pesar de esto, cada año se van acumulando nuevos proyectos que llegan con cada cambio de administración, sin que se terminen los ya iniciados. Esto nos lleva a una conclusión muy sencilla: si mañana todas las entidades públicas dejaran de crear nuevos proyectos y nos dedicáramos a terminar los que están en ejecución y destrabar los paralizados, nos demoraríamos como cinco años para terminarlas . No se trata solo de hacer promesas sino de hacer que las inversiones se conviertan en obras concluidas que cambien vidas”, comentó. 

FORTALECER INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN A LA CORRUPCIÓN

A su turno, la presidenta de la República, Dina Boluarte, mencionó que, por muchos años, la corrupción ha debilitado a las instituciones públicas del país y ha truncado la esperanza y sueños de desarrollo de millones de peruanas y peruanas, especialmente de aquellos en situación vulnerable.

“Conscientes de esta situación, mi gobierno, de la mano de nuestras ministras y ministros, tiene la clara visión de trabajar, para los 33 millones de peruanas y peruanos, con honestidad y transparencia en esa lucha frontal contra la corrupción”, puntualizó. En ese sentido, señaló que la CAII 2023 apunta a promover un compromiso interinstitucional para fortalecer la investigación y sanción de la corrupción en el país, la cual “debe se desterrar de una vez por todas”, afirmó.