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Perú

Contralor Shack: Evitemos que casos de corrupción alertados por Contraloría queden impunes

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La Conferencia Anual Internacional por la Integridad (CAII) 2023, titulada “Frenando la corrupción: Estrategias colaborativas de investigación y sistemas de sanción”, fue inaugurada hoy por el contralor general, Nelson Shack, quien resaltó que una tarea pendiente que tiene el Perú es evitar que queden impunes los casos de corrupción que alerta la Contraloría en sus informes de control y para eso se debe aplicar una sanción efectiva por parte de las entidades correspondientes.

“Se ha triplicado la producción de nuestros informes de control, pasando de 15 mil informes en el 2017 a más de 45 mil. Sin embargo, subsiste la tarea pendiente de impedir que los casos identificados por la Contraloría queden impunes, ya que algo tan o más perverso que la corrupción es la impunidad y no hay posibilidad de tener una lucha efectiva contra la corrupción si no hay una sanción ejemplar”, dijo.

Precisó que los más de 45 mil informes de control que se emitirán en todo el 2023han identificado miles de casos de corrupción e inconducta funcional, incluso con sus presuntos responsables, quienes deberían dejar la administración pública.

“Es cuestión de que las entidades responsables en el sistema sancionador administrativo, pero sobre todo en el sistema de justicia, sean capaces de responder a las expectativas ciudadanas y se apliquen las sanciones administrativas, civiles y penales que corresponden”, afirmó.   

Shack Yalta manifestó que uno de los más graves daños que genera la corrupción es cuando normaliza sus prácticas en la sociedad, haciendo que la gente se resigne a asumir sus consecuencias como si fueran inevitables. Por ello, subrayó que la corrupción debe ser vista como una de las principales amenazas que enfrenta la sociedad peruana, con profundos efectos económicos, políticos, sociales y ambientales.

“Por eso, la CAII 2023 busca precisamente llamar la atención de la gravedad de esta realidad, reunir la evidencia y evaluar experiencias exitosas a nivel mundial. El COVID-19 nos obligó a hacer una pausa en estos encuentros y hoy volvemos renovados después de cuatro años”, indicó.

Manifestó que, durante los últimos cuatro años, se han dado sustantivos cambios en el ejercicio del control en el Perú producto de una necesaria reforma del control gubernamental que empezó en 2018. “Esta reforma fue sustancial para extender el control y especializarlo, lo cual era necesario e impostergable. Ahora es un activo principal de nuestra organización”, refirió.

CONTROL CONCURRENTE

Shack resaltó que una de las mayores innovaciones de la reforma del control gubernamental en el Perú fue la creación del control concurrente, que desarrolla un acompañamiento a la gestión y alerta sobre riesgos para que los funcionarios públicos adopten las medidas preventivas y correctivas necesarias para lograr que se concreten los objetivos de la inversión pública y así evitar que se generen perjuicios.

“El Perú aportó esta modalidad de control a las prácticas internacionales a partir de una problemática nacional, pero que se repite, con sus peculiaridades, en otras naciones para enfrentar los desafíos de un correcto gasto público”, subrayó.

Mencionó que la Contraloría General del Perú ha ejecutado, en los últimos cinco años, casi 10 500 servicios de control concurrente a un total de 3255 inversiones públicas, valorizadas en S/ 175 mil millones. “Pero lo más importante es que, en base a estudios recientes, los proyectos con control concurrente muestran en promedio 10% menos sobrecostos, lo que es un ahorro significativo de dinero para todos los ciudadanos”, añadió.

Asimismo, manifestó que el efecto promedio del control concurrente en el avance financiero de las inversiones fue de casi 30%; es decir, que estas inversiones tuvieron un incremento en la velocidad de su ejecución financiera y, por ende, en la ejecución total de sus actividades y el cierre de brechas.

RETOS CUMPLIDOS

Asimismo, manifestó que la reforma del control permitió afrontar el problema de la baja cobertura de las acciones de control, lo cual llegaba al menos del 29% de las entidades públicas pero a la fecha esa cobertura se ha duplicado y se podría alcanzar el 80% durante el próximo año.

Otra meta alcanzada es ampliar el alcance del control, ya que desde 2018 la Contraloría ha absorbido administrativamente 451 Órganos de Control Institucional (OCI) y ha creado 70 OCI provinciales; y en 2024 se habrá completado la incorporación administrativa de todas las 750, tal como estaba programado. “Esto significa que la Contraloría las dotará realmente de la capacidad operacional multidisciplinaria para que, precisamente, puedan controlar el gasto público que hacen las entidades”, subrayó.

Con estos resultados concretos, puntualizó que la Contraloría del Perú es una institución sólida con una amplia capacidad de detección e identificación de responsabilidades, con una activa participación en organismos como la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores.

INVERSIÓN PÚBLICA

El titular de la Contraloría manifestó que otro problema de urgente solución que surge de las observaciones hechas por la Contraloría es el bajo nivel de culminación de los proyectos, ya que del total de inversiones públicas registradas, solo el 15% están en condición de cerradas.

“A pesar de esto, cada año se van acumulando nuevos proyectos que llegan con cada cambio de administración, sin que se terminen los ya iniciados. Esto nos lleva a una conclusión muy sencilla: si mañana todas las entidades públicas dejaran de crear nuevos proyectos y nos dedicáramos a terminar los que están en ejecución y destrabar los paralizados, nos demoraríamos como cinco años para terminarlas . No se trata solo de hacer promesas sino de hacer que las inversiones se conviertan en obras concluidas que cambien vidas”, comentó. 

FORTALECER INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN A LA CORRUPCIÓN

A su turno, la presidenta de la República, Dina Boluarte, mencionó que, por muchos años, la corrupción ha debilitado a las instituciones públicas del país y ha truncado la esperanza y sueños de desarrollo de millones de peruanas y peruanas, especialmente de aquellos en situación vulnerable.

“Conscientes de esta situación, mi gobierno, de la mano de nuestras ministras y ministros, tiene la clara visión de trabajar, para los 33 millones de peruanas y peruanos, con honestidad y transparencia en esa lucha frontal contra la corrupción”, puntualizó. En ese sentido, señaló que la CAII 2023 apunta a promover un compromiso interinstitucional para fortalecer la investigación y sanción de la corrupción en el país, la cual “debe se desterrar de una vez por todas”, afirmó.

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Apagón en Aeropuerto Jorge Chávez por Cortocircuito: Impacto y Medidas

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El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima experimentó este domingo 2 de junio un apagón en la pista de aterrizaje debido a un cortocircuito, confirmó el presidente de CORPAC, Antonio Licetti. Este incidente afectó las operaciones aéreas, provocando cancelaciones y retrasos en varios vuelos, y obligando a algunos aviones a ser desviados a otros aeropuertos cercanos.

Causa del Apagón

El cortocircuito que generó el apagón se produjo en el sistema de iluminación de la pista. CORPAC, la entidad encargada de la gestión del aeropuerto, informó que el problema fue causado por una sobrecarga en el sistema eléctrico, lo que resultó en la falla de las luces de borde de pista. Inmediatamente, los equipos técnicos de CORPAC trabajaron para restablecer el servicio, logrando la normalización de las operaciones varias horas después.

Impacto en los Vuelos

El apagón generó un caos significativo. Decenas de vuelos programados fueron cancelados o retrasados, afectando a miles de pasajeros. Algunos vuelos de llegada fueron redirigidos a aeropuertos alternos debido a la imposibilidad de aterrizar en el Jorge Chávez sin las luces operativas.

Medidas Tomadas

Ante esta situación, CORPAC ha anunciado la implementación de medidas adicionales para evitar futuros incidentes. Estas incluyen la revisión y actualización del sistema eléctrico del aeropuerto y la capacitación continua del personal técnico para manejar emergencias de este tipo. Además, la reciente inauguración de la segunda pista de aterrizaje y una nueva torre de control debería contribuir a mejorar la capacidad de respuesta del aeropuerto ante contingencias.

Esta situación subraya la importancia de mantener y actualizar constantemente la infraestructura crítica para garantizar la seguridad y eficiencia en uno de los aeropuertos más importantes de Sudamérica.

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Perú

Comisarías carecen de equipamiento policial y registran daños en su infraestructura

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Como resultado del operativo nacional en materia de seguridad ciudadana, efectuado entre los meses de febrero a marzo del 2024, la Contraloría General emitió 1340 informes de control individuales en los cuales se detallan más de ocho mil situaciones adversas detectadas en comisarías y otras entidades a cargo de la seguridad ciudadana en el país que vienen afectando la efectividad de las intervenciones contra la delincuencia y criminalidad.

Los equipos de auditores inspeccionaron 695 comisarías de los 25 departamentos del país, seis Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional, 26 gobiernos regionales, 176 municipalidades provinciales y 492 municipalidades distritales; así como al Ministerio del Interior.

Como resultado del operativo se advirtieron 8755 situaciones adversas en aspectos relacionados a la implementación de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana 2030 (PNMSC 2030), a la asistencia técnica a gobiernos subnacionales, el estado de la infraestructura, equipamiento y servicios policiales de las comisarías, el estado de escuelas PNP, la implementación del serenazgo municipal y cámaras de videovigilancia.

El Informe N° 001-2024-CG/SIE-SOP que consolida los resultados del operativo que, además de ser notificado a cada entidad evaluada, ha sido comunicado a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio del Interior y a la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP), para que se disponga, supervise y adopten, de manera integral, las acciones correctivas que mitiguen y superen las situaciones adversas, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional.

Principales riesgos revelados

Con relación al equipamiento policial en comisarías a nivel nacional, se advirtieron que 463 no cuentan con alcoholímetros, 536 no cuentan radios móviles TETRA para estar intercomunicados, 452 no cuentan con escudos de protección, 63 no cuentan con varas de ley, 34 carecen de chalecos antibalas y 18 de grilletes. De acuerdo al “Manual de patrullaje a pie, patrullaje motorizado y patrullaje a caballo, los policías deben portar estos equipos durante sus actividades, lo contrario, afecta su integridad y limita labor de seguridad ciudadana.

También se advirtió que el 100% de comisarías (695) carece de un plan de adecuación a la Norma Técnica A.120 sobre accesibilidad universal en edificaciones; mientras que el 82% no cuentan con certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones (569) ni condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad, como rampas (65%) y desniveles en la acera (21%). Todo ello expone y pone en riesgo la integridad física de las personas que concurren y laboran en las comisarías, así como la atención en igualdad de oportunidades y libre discriminación de personas.

Un hecho detectado que llamó la atención es que el Ministerio del Interior no cuenta con indicadores actualizados ni resultados del nivel de avance de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana 2030 (PNMSC 2030) sobre adolescentes de 12 a 17 años víctimas de violencia física y psicológica, deserción escolar, prevalencia de consumo de drogas en escolares, trabajo infantil, población urbana de 15 a más años víctimas de delitos informáticos, tasa de homicidios, entre otros.

Asimismo, presenta deficiencias en la gestión de la información en materia de seguridad ciudadana, toda vez que no cuenta con estudios sobre las principales manifestaciones de la inseguridad, la violencia y el delito; carecen de documentos que sistematicen buenas prácticas en materia de seguridad ciudadana y no viene brindando asistencia técnica sobre la implementación y administración de observatorios regionales de seguridad ciudadana.

No recopilar ni analizar esta información y no emitir alertas sobre el incumplimiento de valores esperados de los indicadores evita comprender el progreso de la política nacional en materia de seguridad ciudadana, lo cual pone en riesgo la prevención, el acceso a los servicios de seguridad, la reducción de la victimización y la disminución de los delitos.

Sin plan de adecuación de sistemas de videovigilancia

Se detectó, además, que el Mininter no elaboró el plan de adecuación de sistemas de videovigilancia que permitiría establecer los parámetros y estándares técnicos para implementarlos en bienes de dominio público, en vehículos de transporte público de pasajeros y en establecimientos comerciales, así como la videovigilancia en puertos, aeropuertos y terminales terrestres.

No cumple con certificar centros de capacitación de serenos

Otro aspecto del informe señala que, de la verificación a 177 municipalidades provinciales, 16 de ellas indicaron además que cuentan con centros de capacitación de serenos municipales; sin embargo, estos funcionan sin la certificación por parte del Mininter, tal y como establece la Ley 31297, Ley del Servicio de Serenazgo Municipal, lo cual no garantiza las condiciones de formación del serenazgo.

Escuelas PNP con deficiencias

Un aspecto preocupante es la infraestructura y el equipamiento en las Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP, en donde se forman a los jóvenes miembros, pues se hallaron serias deficiencias que afectan la seguridad de las personas y alumnos, así como la calidad educativa.

El informe expone situaciones detectadas como grietas, fisuras, techos en mal estado, deficiencias en el equipamiento y servicios, instalaciones eléctricas, luminarias, redes de internet y de agua en las escuelas. Además, inadecuadas condiciones de servicios higiénicos y acceso para personas con discapacidad, entre otros, se advirtieron en las escuelas de Puente Piedra (Lima), Cusco, Tarapoto (San Martín), Piura, Huancayo (Junín) y Chiclayo (Lambayeque).

Comités Locales de Seguridad Ciudadana con deficiencias

El 23% (40) de Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana (Coprosec) y 41% (200) de Comités Distritales de Seguridad Ciudadana (Codisec), bajo responsabilidad de cada municipalidad local, no sesionaron de manera ordinaria por lo menos una vez cada dos meses en el año 2023.

Asimismo, el 35% (9) de Consejos Regionales, 20% (34) de Consejos Provinciales y 17% (72) de Consejos Distritales no aprobaron su respectivo Plan de Acción Local de Seguridad Ciudadana 2024.

Estas situaciones afectan el funcionamiento del comité y la toma de decisiones, acuerdos, formulación e implementación de planes y estrategias a favor de la seguridad ciudadana.

Municipalidades sin servicio de serenazgo y cámaras de videovigilancia

De las municipalidades intervenidas, el 28% (187) no cuentan con el servicio de Serenazgo Municipal; sin embargo, el 12% (58) de municipalidades que cuenta con serenazgo no lo incluyeron en sus Planes de Acción Local de Seguridad Ciudadana 2024. De igual forma, el 22% (108) no cuentan con el equipamiento de protección del serenazgo.

Por otro lado, el 54% (364) de municipalidades no cuentan con cámaras de videovigilancia para la seguridad ciudadana. A su vez, de las municipalidades que indicaron contar con cámaras de videovigilancia, se reportaron 10 749 cámaras operativas y 2851 inoperativas.

El Informe del Operativo del Servicio de Control Simultáneo Seguridad Ciudadana N° 001-2024-CG/SIE-SOP, realizado a los “Servicios de Seguridad Ciudadana Ejecutados por Integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, en el marco de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030 y Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana” que detalla los 8755 riesgos detectados se encuentra publicado en https://www.gob.pe/institucion/contraloria/informes-publicaciones/5577305-informe-n-001-2024-cg-sie-sop-del-operativo-del-servicio-de-control-simultaneo-seguridad-ciudadana-2024.

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Perú

Obras para proteger al cóndor andino costarían 2000% más de lo previsto en el estudio de preinversión

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Durante un servicio de control concurrente, la Contraloría general advirtió que el costo del proyecto de inversión “Recuperación del Cóndor Andino en el Perú”, podría incrementarse de S/ 9 millones hasta más de S/ 68 millones, poniendo en riesgo la continuidad del proyecto que se encuentra a cargo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

El proyecto de inversión -que tiene como objetivo proteger al cóndor andino (Vultur Gryphus), una especie en peligro de extinción- contempló una inversión total de a S/ 9 040 326, de los cuales S/ 4 732 515 están destinados, entre otras cosas, a la construcción de un “Centro de Conservación e Interpretación del Cóndor Andino” en Arequipa, y un “Centro de Interpretación” en Lima. Las dos construcciones -según el estudio de preinversión- tenían un presupuesto total de S/ 2 852 960, pero ahora existe el riesgo de que este monto se incremente a S/ 62 442 899, es decir, S/ 59 589 939 más de lo previsto, según el Expediente Técnico (ET) elaborado después de que se aprobó el proyecto.

Según revela el Informe de Control Concurrente N° 006-2024-OCI/6043-SCC el estudio de preinversión consideró un costo de S/ 1 842 570 para la construcción del Centro de Conservación e Interpretación del Cóndor Andino en Arequipa, costo que según el ET podría incrementarse a S/ 40 669 684, es decir, tendría un aumento de 2107% o 22 veces más del monto previsto inicialmente.

Similar situación se observa en la construcción del Centro de Interpretación en Lima. El costo inicial de S/ 1 010 390 podría elevarse a S/ 21 773 215, según refiere el Expediente Técnico, lo que significa una variación del 2055% o 21 veces más de su valor estimado inicial.

Estudios de suelos con diferentes resultados

En ambos casos, el costo de la obra se incrementa sustancialmente debido a que la empresa consultora que elaboró el Expediente Técnico considera que los centros de conservación deben construirse sobre una “platea de cimentación”, es decir, sobre una base o estructura que permita contrarrestar el peso de la edificación y evite hundimientos del terreno, debido a la calidad de terreno.

La empresa consultora argumenta que el estudio de suelos que ha realizado en los terrenos de Arequipa y Lima evidencia que la calidad del suelo no es la más óptima por lo que resulta necesario que la construcción cuente con una “platea de cimentación”, sin embargo, otro estudio de suelos realizado previamente por Serfor (en la fase de preinversión) considera que el terreno es adecuado y por tanto corresponde ejecutar una construcción tradicional.

Según la Comisión de Control, que ha revisado los resultados de ambos estudios de suelos, la necesidad de incluir una “platea de cimentación” en el Expediente Técnico, “no está debidamente sustentada” y “podría generar mayores costos y por ende un perjuicio económico a la entidad”. Además, destaca que las construcciones serán de un solo nivel por lo tanto los posibles asentamientos (hundimiento de tierra) serían mínimos.

Al 1 de abril del 2024, el inicio de la ejecución de las obras en Arequipa y Lima se encuentra sujeto a la asignación presupuestal, la cual aún no se ha concretado.

Duplicidad de gastos y modificaciones presupuestales

De otro lado, en el Expediente Técnico del proyecto que se ejecutará en Arequipa y Lima, se ha identificado el riesgo de la duplicidad de gastos por el trabajo que sería realizado por el topógrafo, el cual ha sido incluido tanto en costo directo, así como en gastos generales del proyecto, lo cual genera el riesgo de ocasionar una afectación económica a la entidad.

Además, se alertó a Serfor que las modificaciones presupuestarias en el proyecto integral “Recuperación del Cóndor Andino en el Perú”, ocasionan distorsiones en los porcentajes de avance de la ejecución y podría afectar la continuidad del proyecto.

Las situaciones adversas identificadas en el informe de control fueron comunicadas oportunamente al titular de Serfor a fin de que adopte las acciones preventivas y correctivas que correspondan para contribuir a garantizar la continuidad del proyecto de inversión destinado a proteger al cóndor andino, quien se encuentra en peligro de extinción. A la fecha, las observaciones no han sido levantadas por la entidad.

El dato:

  • Según el primer censo de Serfor, la población mínima de cóndores andinos son 301 ejemplares en 14 regiones del país (2023).
  • Las obras estarían ubicadas en el Distrito de Achoma, Provincia de Cailloma, en Arequipa; mientras que, en Lima, estaría ubicado en el Distrito de Carania, Provincia de Yauyos. Ambos terrenos han sido cedidos en uso a Serfor, por las respectivas municipalidades distritales. 

Links de los informes de control:

  • Informe de Hito de Control N° 011-2023-OCI/6043-

https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2023CSI604300011&TIPOARCHIVO=ADJUNTO

  • Informe de Hito de Control N° 012-2023-OCI/6043-SCC

https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2023CSI604300012&TIPOARCHIVO=ADJUNTO

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