El expresidente Alberto Fujimori Fujimori salió del penal Barbadillo después de 16 años de prisión, en cumplimiento de una resolución del Tribunal Constitucional que respondió a un recurso de reposición presentado en el contexto de este caso.

A las 18:26 horas, Fujimori, de 85 años, abandonó el penal una vez finalizados los trámites administrativos en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para su liberación. Vestía una camisa celeste, chaleco negro y mascarilla.

Al cruzar la puerta del penal, abrazó a sus hijos Keiko y Kenji Fujimori, así como a los parlamentarios del partido Fuerza Popular que acompañaron a su familia en la espera de su liberación. Posteriormente, se trasladó en un vehículo hacia la residencia de Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular, en compañía de sus hijos.

El vehículo se movió lentamente por los alrededores del penal Barbadillo, donde también lo esperaban seguidores del expresidente.

Fujimori fue condenado en 2009 por la Sala Penal Especial a 25 años de prisión, considerándolo autor mediato de la muerte de asistentes a una pollada en Barrios Altos (1991) y de estudiantes de la universidad La Cantuta (1992), perpetrado por agentes de inteligencia del destacamento Colina. Esta condena a 25 años fue ratificada por la Corte Suprema en 2010.

Recluido en el penal Barbadillo desde su extradición de Chile en septiembre de 2007, Fujimori recibió un indulto humanitario el 24 de diciembre de 2017, otorgado por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. No obstante, este indulto fue revocado el 3 de octubre de 2018 por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que lo declaró inaplicable. Tras esta decisión, Fujimori regresó al penal Barbadillo el 23 de enero de 2019, tras 10 meses en libertad.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) tomó la decisión unánime de suspender temporalmente a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, por un período de seis meses.

En el marco de sus funciones constitucionales, la JNJ comunicó que la suspensión provisional de la fiscal de la Nación se ha llevado a cabo mediante una resolución debidamente motivada.

El comunicado oficial de la JNJ expresa:

«La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha decidido por unanimidad, con una resolución debidamente motivada, disponer la suspensión provisional por seis meses de la señora Liz Patricia Benavides Vargas como fiscal suprema del Ministerio Público y, en consecuencia, en el cargo de fiscal de la Nación».

Esta medida cautelar de suspensión preventiva forma parte de un procedimiento disciplinario inmediato iniciado contra Benavides Vargas, con el objetivo de asegurar el desarrollo normal del proceso, prevenir su obstaculización y garantizar la eficacia de la resolución final.

La JNJ subrayó que su actuación se realiza en estricto cumplimiento de la Constitución, su ley orgánica y su reglamento de procedimientos disciplinarios. Asimismo, se asegura el debido proceso y se vela por la defensa de la investigada, todo ello en aras del interés público.

El 28 de noviembre pasado, este organismo constitucional autónomo decidió iniciar un procedimiento disciplinario inmediato contra la Fiscal de la Nación, en relación con una investigación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder y la Policía Nacional, que la señala como presunta líder de una organización criminal.

#Comunicado 📣 | La @JNJPeru comunica la suspensión provisional de la fiscal de la Nación. pic.twitter.com/wxrfF3aN5f

— Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) December 7, 2023

El uso de la inteligencia artificial (IA) es crucial para la lucha anticorrupción, ya que en el caso del Perú se pudo identificar a casi 2200 proveedores que pactaron contratos con el Estado por más de S/ 584 millones pese a estar impedidos de hacerlo por tener vínculos con altos funcionarios públicos.

Esta fue la conclusión luego de dos días de reuniones de especialistas nacionales e internacionales en la Conferencia Anual Internacional por la Integridad (CAII) 2023 denominada “Frenando la corrupción: Estrategias colaborativas de investigación y sistemas de sanción”.

Durante la jornada académica, en la que participaron más de 2 mil personas de manera presencial y más de 8 mil inscritos bajo modalidad virtual, se reafirmó que la corrupción es un fenómeno que no solo afecta a la gobernabilidad de los países, sino que también incide negativamente en la confianza que la ciudadanía tiene en sus instituciones e inclusive en los derechos de las personas.

Esto se manifiesta de diversas maneras y en diferentes esferas: en lo social, en lo político y también en lo económico. Además, con el fenómeno de la globalización, sus efectos perniciosos también han ampliado sus redes y trascendiendo fronteras.

Se enfatizó que las experiencias compartidas en estas jornadas, así como el diálogo fluido que ha surgido de esta importante reunión de la CAII 2023 constituyen un importante insumo que enriquece y fortalece a todos en el esfuerzo común de luchar por el fortalecimiento de un valor supremo en el quehacer público: la integridad. Las principales conclusiones estuvieron centradas en:

PRINCIPALES CONCLUSIONES
Los expertos de la CAII 2023 consideran que, en materia de estrategias colaborativas de investigación, el uso de la IA está revolucionando el control gubernamental a nivel mundial. Es así que las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) vienen adaptándose a estos cambios tecnológicos e innovadores para supervisar con eficacia y eficiencia los distintos programas gubernamentales.

En el caso de la Contraloría General de la República (CGR) del Perú, el uso de los avances tecnológicos como la Inteligencia Artificial, Big Data, Machine Learning y el Data Analytics, permite realizar auditorías de forma masiva. Como consecuencia de ello y en uso de aplicativos informáticos, el máximo ente del Sistema Nacional de Control identificó cerca de 2200 proveedores que contrataron con el Estado por más de S/ 584 millones pese a encontrarse impedidos de hacerlo por tener vínculos de consanguinidad y afinidad con altos funcionarios del Estado.

También se detectaron cerca de 700 personas que trabajan en el Estado pese a estar inhabilitados para ejercer la función pública. “Esto es solo una muestra del potencial que tienen las nuevas líneas de tecnología en el mundo y que se vienen aplicando ya en la Contraloría General del Perú”, acotó la Contraloría.

La CAII 2023 también permitió mostrar que países como Brasil ya trabajan con éxito en el funcionamiento de un aplicativo de Inteligencia Artificial configurado en un robot denominado Alice, que trabaja con el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) en la revisión de todas las contrataciones públicas de dicho país y alerta sobre cualquier indicio de irregularidad.

“Sería importante que el TCU permita que las instituciones pares en el control gubernamental podamos acceder a esta nueva tecnología. Sin dudas, resultaría de gran utilidad en la planificación y ejecución de auditorias para nuestros países”, resaltó la CGR.

La CAII 2023 también permitió a la Contraloría General del Perú compartir su experiencia con la aplicación del control concurrente y su efectividad en la supervisión de la ejecución de los presupuestos públicos.

“En consecuencia, no existe temor fundado que nos impida la aplicación de la Inteligencia Artificial porque su uso es crucial en la lucha anticorrupción. Recordemos lo que decía David Colmenares, Auditor Superior de la Federación de México, que las tecnologías de la información no sustituyen, de ninguna manera, el trabajo físico y presencial de los auditores, sino que lo complementa y potencia”, subrayó el ente de control.

CONTRATACIONES PÚBLICAS

Otra conclusión de la CAII 2023 es que en las contrataciones públicas es donde se producen, con mayor frecuencia, los actos de corrupción y ello tiene un alto impacto negativo en términos económicos y sociales. En el caso de la Contraloría del Perú, se está evaluando el desempeño de los proveedores del Estado con ayuda de la Inteligencia Artificial y el próximo año se presentará el Índice de Riesgos de Inversión, como parte del Índice de la Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) 2023.

En materia de contrataciones públicas, Robert Klitgaard, consultor internacional en temas anticorrupción y profesor de la Universidad de Claremont (California – EE.UU.) planteó reducir la discrecionalidad de los tomadores de decisiones en esta materia y aumentar la transparencia en la gestión pública. También sugirió convocar un focus group con proveedores del Estado para que, en forma anónima, informen sobre cuáles son las principales trampas o espacios donde se produce la corrupción dentro de las contrataciones.

“Conocer este sistema paralelo oculto permitirá convocar a múltiples actores de la sociedad para simplificar los procesos y reducir los riesgos de corrupción en un lapso de meses, como lo sugiere este investigador”; señaló la Contraloría.

SANCIÓN ADMINISTRATIVA

Durante la CAII 2023 se concluyó que, dentro de la lucha anticorrupción, es indispensable que la ciudadanía tenga la certeza de que quien infringe la ley será sancionado y que no habrá impunidad. Por ello, los especialistas consideran que la potestad sancionadora es la primera línea de defensa en la buena administración pública y si las sanciones son ejemplares, es muy difícil que acontezca un hecho de impunidad.

También se enfatizó que el sistema sancionador administrativo se fortalece y se vuelve más eficaz en la medida que las sanciones impuestas a los responsables de un hecho de corrupción son mayores e innegociables.

En ese sentido, la aplicación de sanciones administrativas enfrenta diversos retos como la falta de recursos financieros, técnicos y humanos. A ello debe sumarse que cuando se hable de corrupción en el Estado, también es relevante mencionar la importancia de promover la integridad y la ética en la gestión pública.