Este jueves 19 y viernes 20 de febrero de 2026, cerca de 40 delegaciones internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) del mundo asistirán a la Cumbre Internacional de Lucha contra la Corrupción, evento organizado por la Contraloría General del Perú que este año ejerce la presidencia de la Comisión Técnica Especializada en Lucha contra la Corrupción Transnacional de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).

La cumbre internacional tiene como objetivo proporcionar un espacio técnico de diálogo e intercambio de experiencias respecto de los instrumentos, estrategias y acciones que las EFS vienen implementando para la prevención y detección de la corrupción. Sus resultados contribuirán a fortalecer las políticas de la integridad y a consolidar los esfuerzos conjuntos en la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional.

Con la presencia de panelistas expertos, en el primer día del evento se desarrollarán mesas de alto nivel para tratar temas como: “Políticas anticorrupción globales y el rol estratégico de las EFS en la lucha contra la corrupción transnacional” y “Del control tradicional al control inteligente: datos y tecnología al servicio de la lucha contra la corrupción transnacional”.

Otros temas que serán abordados en su segunda fecha serán: “Riesgos de Corrupción en Adquisiciones Transnacionales y Proyectos de Infraestructura” e “Integridad y Compliance en el sector público: fortaleciendo el control interno y la confianza ciudadana”.

Entre los panelistas internacionales que estarán en el evento, figuran Walter Salvador Sosa Funes, magistrado presidente de la Corte de Cuentas de El Salvador; Lubomir Andrassy, presidente de la Oficina Superior de Auditoría de la República Eslovaca; Olivier Inizan, representante regional adjunto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. También participarán P. Garswa Jackson, auditor general de la República de Liberia; Andreea Motoc, jefe de la Unidad del Tribunal de Cuentas de Rumania y Andrea Calvarusso, director de la Oficina Multipaís de Guatemala de UNOPS, entre otros.

Cabe señalar que la Comisión Técnica Especializada en Lucha contra la Corrupción Transnacional de la OLACEFS que este año preside la Contraloría del Perú la integran como países miembros las EFS de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, la provincia de Buenos Aires (Argentina) y los Estados de Acre y de Santa Catarina (Brasil).

El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) oficializó la liberación del nuevo cultivar de maíz INIA 625 – MAYUHUAYLLINO, una variedad de alta calidad genética desarrollada en la Estación Experimental Agraria Andenes, en Cusco. Según la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 024-2026-MIDAGRI-INIA, esta semilla superó todas las validaciones técnicas, legales y estadísticas, quedando habilitada para su siembra y comercialización en diversas regiones del país, especialmente en valles situados hasta los 3.550 metros sobre el nivel del mar.

La nueva variedad destaca por su excepcional índice de rentabilidad del 297,61 %, cifra que supera significativamente al cultivar comercial de referencia, el INIA 618. En términos de productividad, el INIA 625 posee un potencial de hasta 8,60 toneladas por hectárea y un rendimiento comercial de 6,4 toneladas. Además, su ciclo vegetativo es de aproximadamente siete meses, lo que ofrece una mayor estabilidad económica a los productores frente a posibles variaciones de costos en el mercado agrario.

Un factor determinante para su aprobación fue su resistencia genética a enfermedades comunes que afectan los cultivos, tales como la roya común, el carbón común y la mancha foliar. Este maíz de grano blanco amiláceo suave no solo garantiza una mejor cosecha, sino que reduce la dependencia de pesticidas. Tras la certificación de la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico, el INIA iniciará campañas de difusión para facilitar a los agricultores de Cusco y Apurímac el acceso a esta tecnología agrícola de alto valor.

El Gobierno oficializó el Decreto Legislativo Nº 1338, una medida de seguridad ciudadana que establece un límite máximo de siete líneas móviles por cada persona natural, sea nacional o extranjera. La norma, que entró en vigencia el sábado 14 de febrero de 2026, busca frenar el comercio ilegal de equipos y reducir los índices de extorsión en el país mediante la creación del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad.

Bajo este nuevo marco legal, las empresas operadoras están obligadas a verificar la titularidad de los usuarios antes de emitir nuevos contratos. Aquellos ciudadanos que, antes de la vigencia de la ley, ya contaban con más de siete servicios activos, podrán mantener sus líneas actuales, pero quedaron estrictamente impedidos de adquirir servicios adicionales. El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) asumió la facultad de supervisar que las compañías apliquen estas restricciones de manera inmediata.

La normativa también contempla un proceso de depuración para quienes excedan el límite sin justificación técnica. En tales casos, el Osiptel solicitará a las operadoras la baja de los servicios excedentes, permitiendo que el usuario defina qué números desea conservar. El incumplimiento de estas disposiciones por parte de las empresas de telecomunicaciones constituirá una infracción administrativa, sujeta a sanciones económicas determinadas por el ente regulador para erradicar la venta irregular de chips.