El Estado peruano restableció el modelo legislativo de dos cámaras que entrará en vigor el 28 de julio de 2026. Esta reforma constitucional, que puso fin a más de tres décadas de unicameralidad, reorganizó la estructura del Poder Legislativo para instaurar un método de mayor revisión normativa y control político. El nuevo Congreso operará con una división de funciones entre la Cámara de Diputados y el Senado.

Distribución de escaños y roles legislativos

El nuevo diseño parlamentario fijó un total de 190 legisladores, quienes se distribuyeron en 130 diputados y 60 senadores. Según el esquema aprobado, las iniciativas de ley nacieron en la Cámara de Diputados, instancia que asumió el debate político inicial y la elaboración de proyectos. Posteriormente, los textos pasaron al Senado, donde los representantes realizaron una evaluación técnica antes de la aprobación final.

La Cámara de Diputados funcionó en el hemiciclo principal y concentró facultades de fiscalización directa hacia el Poder Ejecutivo. Este grupo tuvo la potestad de interpelar y censurar a ministros de Estado. Por su parte, el Senado ocupó la sala Raúl Porras Barrenechea, un espacio con acceso restringido donde el personal utilizó cámaras robóticas para la transmisión de las sesiones, sin presencia directa de público o prensa.

Innovación tecnológica y límites al transfuguismo

La modernización del sistema legislativo incorporó herramientas digitales para optimizar los procesos. Cada parlamentario utilizó tabletas electrónicas en su escaño para el registro de asistencia y la votación. Asimismo, se habilitaron dispositivos móviles para la participación en sesiones remotas, lo que otorgó flexibilidad al desarrollo de los debates nacionales.

Para fortalecer la estabilidad institucional, el nuevo reglamento impuso restricciones severas contra el transfuguismo. Los congresistas que abandonaron su bancada original solo pudieron integrarse a un grupo mixto o cambiar de agrupación por única vez. Quienes optaron por esta transición perdieron el derecho a postular a la Mesa Directiva y debieron renunciar formalmente a su partido político de origen.

Requisitos y comisiones de trabajo

La estructura interna del Senado se organizó en siete comisiones ordinarias que agruparon diversos sectores estratégicos. Una de estas instancias combinó los ramos de salud, educación y cultura, mientras que otra integró economía y defensa del consumidor. En contraste, la Cámara de Diputados trabajó con 14 comisiones ordinarias, lo que implicó una reducción frente al modelo anterior y obligó a una gestión temática más compacta.

Los ciudadanos que aspiraron a ser diputados cumplieron con el requisito de ser peruanos de nacimiento y tener al menos 25 años de edad. Los senadores, elegidos en los comicios del 12 de abril de 2026, enfocaron su labor en la calidad técnica de las normas para reducir errores legislativos. El proceso electoral consolidó esta transición hacia un sistema que buscó equilibrar la representación territorial con la reflexión normativa.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) confirmó que todos los peruanos que alcancen la mayoría de edad hasta el mismo domingo 12 de abril están facultados para sufragar. Estos ciudadanos fueron incorporados de forma automática en el Padrón Electoral que cerró el pasado 14 de octubre de 2025, por lo que figuran en la lista de electores con la anotación correspondiente para ejercer su derecho al voto.

A pesar de que el padrón cerró meses atrás, el organismo notificó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) las actualizaciones de datos realizadas hasta el 27 de febrero de 2026. Según las estadísticas oficiales, de los 103 827 ciudadanos que poseían DNI de menor de edad al cierre del padrón, un total de 33 624 personas ya renovaron su documento con la fotografía actualizada de adulto.

Facilidades para el recojo del DNI y atención especial

Para garantizar la participación ciudadana, el Reniec implementó un plan de atención exclusiva los fines de semana en diversas agencias de Lima y regiones. Esta medida se mantendrá vigente hasta el día de los comicios. Los jóvenes desde los 17 años pueden tramitar su DNI azul o electrónico, lo que no solo les permite votar, sino asegurar el pleno ejercicio de sus derechos civiles y trámites legales.

Las autoridades instaron a los usuarios a verificar el estado de su trámite en el portal institucional antes de acudir a las oficinas. El Reniec publicó la lista de sedes operativas cada viernes para organizar la entrega masiva de documentos. Quienes realizaron la gestión vía web o presencial deben confirmar que el proceso figure al 100 % listo para el recojo en la agencia seleccionada.

El Poder Ejecutivo aprobó un proyecto de ley que dispone el incremento del 50 % en la asignación económica para el personal del Servicio Militar Acuartelado. Esta medida, ratificada en sesión del Consejo de Ministros, buscó reconocer el compromiso y la disciplina de más de 45 mil jóvenes que integran las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Defensa, persigue mejorar las condiciones de vida de los reclutas y fortalecer las capacidades operativas de las instituciones castrenses. Según el proyecto, el reajuste entrará en vigencia a partir de junio de 2026, representando el primer incremento significativo en esta subvención desde el año 2012.

Impacto en la defensa y el bienestar social

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, calificó la propuesta como un hecho histórico que corrigió una deuda pendiente de más de una década. El premier afirmó que la asignación no percibió actualizaciones a pesar del impacto inflacionario, por lo que esta decisión devolvió dignidad a los ciudadanos que sirven a la patria, muchos de ellos provenientes de sectores vulnerables.

Además del beneficio económico directo, la norma pretendió optimizar los procesos de captación de nuevos contingentes y asegurar la permanencia del personal especializado. El Gobierno del presidente José María Balcázar destacó que la medida fortaleció el rol de los jóvenes en la defensa nacional, el apoyo al orden interno y la atención de emergencias climáticas o sociales.

El documento oficial será remitido al Congreso de la República para su debate y eventual aprobación. Con esta propuesta, el Estado reafirmó su intención de consolidar el servicio militar como una política de gestión pública que prioriza la equidad y el reconocimiento concreto a la vocación de servicio en el Perú.