Cada 31 de octubre, el Perú conmemora el Día Nacional de las Iglesias Cristianas Evangélicas, una fecha relevante para la libertad religiosa y la diversidad cultural del país.

El Estado peruano declaró formalmente este día mediante la promulgación de la Ley N° 30678 en el año 2017. Esta norma reconoce la trayectoria espiritual, moral y social de millones de ciudadanos evangélicos en el territorio nacional.

El origen histórico de la Reforma Protestante

La elección del 31 de octubre guarda una relación directa con el inicio de la Reforma Protestante en el año 1517. En esa fecha, el monje agustino Martín Lutero clavó sus 95 tesis en las puertas de la iglesia del castillo de Wittenberg, Alemania.

Aquel evento histórico cuestionó las prácticas eclesiásticas de la época y proclamó principios como la autoridad de las Sagradas Escrituras y la salvación por la sola fe en Jesucristo mediante la gracia divina.

El reconocimiento legal y el marco normativo en el Perú

En el Perú, el camino hacia el reconocimiento normativo requirió décadas de presencia y servicio social por parte de las congregaciones evangélicas. El Congreso de la República aprobó la Ley 30678 y el Poder Ejecutivo la promulgó en octubre de 2017.

Con esta decisión, la nación dio un paso firme en la consolidación del principio de laicidad y neutralidad estatal, garantizando el respeto de los derechos de todas las confesiones religiosas.

El impacto social y cultural en la sociedad peruana

Hoy, la conmemoración de esta fecha invita a reflexionar sobre los aportes del pueblo evangélico a la construcción de una patria más justa, solidaria y con valores fundamentados en la Palabra de Dios.

La fe evangélica continúa siendo un pilar para el fortalecimiento de la familia, la educación y el servicio al prójimo en todas las regiones del país.

La Contraloría General de la República proyecta cumplir una meta de 30 600 servicios de control para el año fiscal 2027, sobre la base de un presupuesto institucional asignado de S/ 988.7 millones. Así lo informó el vicecontralor de control gubernamental, Janes Rodríguez, durante su exposición ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso.

El funcionario precisó que la planificación del próximo año abarca 600 servicios de control previo, 21 000 de control simultáneo y 9 000 de control posterior. Los ámbitos prioritarios para el control gubernamental incluirán la gestión ante el Fenómeno de El Niño, la reactivación de obras públicas paralizadas, la seguridad ciudadana, el sistema penitenciario y los sectores de salud, educación y protección social.

Requerimiento de presupuesto adicional para 2027

A pesar de los recursos asignados, Rodríguez advirtió que el monto actual solo restituye de forma parcial la capacidad operativa de la entidad en el marco de la Ley n.° 30742. Ante esta situación, planteó la necesidad de aprobar una demanda adicional de S/ 163.4 millones para el ejercicio fiscal 2027.

La falta de este presupuesto complementario pondría en riesgo la continuidad del personal especializado, el funcionamiento de los Órganos de Control Institucional y la ejecución de inversiones en sistemas tecnológicos. Asimismo, afectaría el cumplimiento de mandatos judiciales laborales, obligaciones previsionales y la capacitación de los auditores.

Balance de las acciones ejecutadas en 2026

En cuanto al balance del presente periodo, el vicecontralor detalló que entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2026 se realizaron 30 137 servicios de control, lo que representa un avance del 105.5 % respecto a la meta fijada para este año. De esta cifra, 20 442 corresponden a la modalidad simultánea, permitiendo identificar 31 570 situaciones adversas en 3 003 entidades del sector público.

Finalmente, dentro de las acciones preventivas, se emitieron 259 informes sobre proyectos paralizados, impulsando la reanudación de 109 obras públicas valorizadas en S/ 4300 millones. Para el 2027, el organismo fiscalizador prevé intervenir en 260 obras con el objetivo de reactivar el 40 % de ellas en sectores clave como salud, educación, saneamiento y transporte.

La Academia de la Magistratura (AMAG) abrió la convocatoria nacional para participar en el examen de admisión al PROFA, correspondiente al 31.º Programa de Formación de Aspirantes. La evaluación presencial se realizará el próximo 22 de noviembre de 2026 en lassedes de Lima, Arequipa y Lambayeque.

Adelanto de fecha por contingencias climáticas

El presidente de la AMAG, Víctor Chanduví, explicó que la institución decidió adelantar la prueba a noviembre para prevenir inconvenientes en los desplazamientos terrestres ante las eventuales emergencias que podría causar el fenómeno El Niño en diversas regiones del país.

Asimismo, la autoridad precisó que aprobar este curso de capacitación otorga una bonificación en el puntaje a los postulantes que rinden evaluaciones de selección ante la Junta Nacional de Justicia.

Vacantes, modalidad virtual y plazos de inscripción

El concurso público ofrece un total de 120 vacantes. Las actividades académicas comenzarán en abril de 2027, con una duración aproximada de ocho meses bajo la modalidad 100% virtual mediante sesiones en vivo a cargo de docentes especializados.

Para completar el registro al examen de admisión al PROFA, los interesados deben generar previamente un código en el portal web institucional. El pago en la plataforma Págalo.pe estará habilitado hasta el viernes 23 de octubre, mientras que el abono en las ventanillas del Banco de la Nación vencerá el lunes 26 de octubre. La inscripción virtual en el sistema finalizará de manera definitiva el jueves 29 de octubre de 2026.

La convocatoria no exige laborar en el Poder Judicial ni en el Ministerio Público, por lo que también pueden postular abogados independientes que acrediten la experiencia profesional requerida.