Un grupo de estudiantes interpuso una demanda de amparo ante la Corte Superior de Justicia de Lima contra el Poder Ejecutivo, exigiendo la anulación de la Resolución Jefatural N.° 033-2026-MINEDU/VMGI-PRONABEC. La medida legal busca frenar la reducción drástica de plazas en el programa nacional Beca 18, una decisión que, según los afectados, limita el acceso a la educación superior de miles de jóvenes en el país.

La representante estudiantil, Carolina Jayo Palomino, detalló que el Estado anunció inicialmente 20 000 becas integrales para el presente año; sin embargo, la cifra se redujo a solo 5 184 plazas, lo que representa un recorte de 14 816 cupos. Ante esta situación, la Asociación de Estudiantes y la organización IUS MATRIA QORI solicitaron el financiamiento total de las vacantes originalmente prometidas, argumentando que la medida vulnera el derecho fundamental a la educación.

El recorte afecta principalmente a sectores vulnerables, incluyendo a estudiantes en situación de pobreza, beneficiarios de Beca REPARED, jóvenes del VRAEM y Huallaga, así como integrantes de comunidades campesinas y nativas. Los demandantes denunciaron que, hasta la fecha, el Ministerio de Educación y los directivos de Pronabec no emitieron respuesta alguna ni comunicación oficial sobre el motivo de esta disminución presupuestal.

Los estudiantes informaron que el siguiente paso en su estrategia legal es la difusión nacional del caso para lograr visibilidad y ser escuchados por las autoridades competentes. La demanda busca específicamente la nulidad de la resolución jefatural que formalizó el recorte y la restitución inmediata de todas las oportunidades educativas suprimidas, las cuales constituyen la única posibilidad real de formación profesional para los sectores más desfavorecidos del territorio nacional.

La Contraloría General de la República determinó presunta responsabilidad penal y administrativa en 10 funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), incluyendo a su exjefe, debido a graves irregularidades detectadas durante la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026. El informe reveló que diversas acciones indebidas provocaron demoras críticas y la afectación del derecho al sufragio de 55 261 electores en Lima Metropolitana.

Según el Informe de Control Específico n.° 8536-2026-CG/JUSPE-SCE, funcionarios de la institución favorecieron al postor encargado del servicio de transporte de material electoral. Para lograrlo, manipularon los términos de referencia omitiendo la cuantificación real de vehículos necesarios y aplicaron criterios técnicos arbitrarios para asignar un puntaje mayor al proveedor ganador. Esta adjudicación, realizada por un monto de S/ 6 368 332.75, se concretó a pesar de que la oferta resultó superior en precio y que el servicio fue cubierto en un 92% por vehículos de terceros, contraviniendo los requerimientos iniciales.

La crisis operativa alcanzó niveles críticos cuando funcionarios de las áreas de informática y gestión electoral permitieron el traslado inoportuno de equipos informáticos, sin planificar adecuadamente la cobertura de la demanda. El 11 de abril, una reprogramación improvisada de 43 rutas, con tiempos de entrega técnicamente inviables, derivó en la no instalación de 187 mesas de sufragio. Además, las autoridades aprobaron prestaciones adicionales injustificadas por S/ 650 205.94, que incluyeron un incremento del 900% en los precios unitarios de ciertos servicios de transporte respecto al contrato original.

Ante estos hallazgos, la Contraloría recomendó al titular de la ONPE iniciar el deslinde de responsabilidades contra los servidores comprometidos. Asimismo, instó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios a formalizar las acciones penales correspondientes, y solicitó a la Junta Nacional de Justicia intervenir para determinar las sanciones pertinentes por este perjuicio a la transparencia del proceso electoral.

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó los resultados correspondientes a las Elecciones Generales 2026. La máxima entidad electoral confirmó el inicio del balotaje presidencial tras certificar que ninguna de las organizaciones políticas participantes alcanzó la mayoría absoluta de los sufragios requerida por la normativa vigente.

La audiencia pública de proclamación se desarrolló en la sede institucional ubicada en el distrito limeño de Jesús María. El acto contó con la dirección del presidente del organismo electoral, Roberto Burneo Bermejo, quien suscribió el acta de cómputo al 100 % de los votos válidos junto a los demás integrantes del tribunal. La ceremonia congregó a diversas autoridades nacionales, representantes partidarios y misiones de observación internacional, entre las que destacó la jefatura de la Unión Europea liderada por Alexander Gray, además del Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.

La resolución definitiva determinó que la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, consolidó su pase a la siguiente etapa al registrar 2.877.678 votos válidos, cifra que equivale al 17,192 % de las preferencias. Por su parte, el postulante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, aseguró la segunda posición oficial de la contienda con un total de 2.015.114 votos válidos, alcanzando el 12,039 % del respaldo ciudadano.

El dictamen del JNE ratificó la irreversibilidad matemática frente al tercer lugar ocupado por Rafael López Aliaga, representante de Renovación Popular, quien acumuló 1.993.905 votos. Ante los cuestionamientos presentados por dicha agrupación política mediante reclamos contra la legalidad del proceso, las autoridades del sistema electoral recordaron la rigurosidad y transparencia del escrutinio general. El procedimiento de fiscalización incluyó la transmisión pública de más de 2.300 audiencias y la evaluación minuciosa de unas 68.000 actas observadas que resolvieron los jurados especiales.

El cronograma electoral establece que la segunda vuelta se desarrollará el próximo domingo 7 de junio de 2026. Ambas fórmulas presidenciales iniciarán formalmente la campaña final con miras a asumir la conducción del gobierno peruano para el periodo constitucional de cinco años fijado hasta el 2031.