El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) fortaleció su estrategia «Nacer con Identidad» mediante la instalación de 170 Oficinas Registrales Auxiliares (ORA) en hospitales del Ministerio de Salud (Minsa) y de EsSalud. Esta iniciativa busca asegurar que los padres de familia inscriban el nacimiento de sus hijos y tramiten el primer Documento Nacional de Identidad (DNI) sin abandonar el centro hospitalario, facilitando el acceso inmediato a programas sociales y servicios de salud.

La cobertura institucional alcanzó a los 24 departamentos del territorio nacional y la Provincia Constitucional del Callao. Además de las oficinas fijas, la entidad implementó registros itinerantes a través de la Dirección de Restitución de la Identidad y Apoyo Social (DRIAS) en otros 47 establecimientos de salud que presentan una alta incidencia de maternidad pero que no cuentan con una oficina permanente.

Los servicios ofrecidos en estas unidades incluyen la inscripción gratuita del acta de nacimiento y el trámite sin costo del primer DNI para menores de 16 años. Asimismo, la entidad procesó la inscripción gratuita de defunciones por muerte natural. El objetivo central de este despliegue consistió en eliminar las barreras de acceso a la identificación y garantizar que el 100% de los niños nacidos en territorio peruano cuenten con su documentación desde sus primeros días de vida.

La institución informó que, en caso de que el establecimiento de salud no cuente con una oficina del Reniec, los ciudadanos deben acudir a los centros de atención preferencial antes de los 15 días del nacimiento. Esta medida permite que los menores ejerzan plenamente sus derechos y participen en la vida social y económica del país desde el inicio de su existencia.

El candidato de Juntos por el Perú (JPP), Roberto Sánchez, consolidó su posición en el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Al 97.123 % de actas contabilizadas, el aspirante presidencial suma 1’965,378 votos válidos (12.049 %), superando por una diferencia de 29,322 sufragios a Rafael López Aliaga, quien alcanza 1’936,056 votos (11.869 %). Estos resultados parciales sitúan a Sánchez en la ruta hacia la segunda vuelta electoral programada para el próximo 7 de junio.

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, encabeza el escrutinio nacional con 2’791,616 votos, cifra que representa el 17.114 % del total procesado. Hasta el momento, la autoridad electoral contabilizó 92,766 actas, mientras que 2,669 documentos permanecen en los jurados electorales especiales debido a observaciones técnicas o impugnaciones que requieren una revisión legal para su integración definitiva al cómputo general.

Ante el avance del conteo, Sánchez manifestó su convicción de disputar el balotaje y exhortó a las autoridades electorales a mantener la celeridad en el procesamiento de las actas restantes. El candidato remarcó la importancia de respetar la voluntad popular expresada en las urnas y subrayó la responsabilidad de los organismos del sistema electoral para concluir el proceso con transparencia.

En el ámbito programático, el representante de Juntos por el Perú descartó la salida del país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Durante una reunión con la prensa extranjera, Sánchez afirmó que su gestión no denunciará el Pacto de San José ni impulsará la pena de muerte para combatir la inseguridad ciudadana. Por el contrario, propuso fortalecer la reforma del sistema de justicia y planteó la cadena perpetua como una alternativa frente a la criminalidad organizada.

Ricardo Jampier Acuña Quispe, de 20 años y único sobreviviente que se entregó tras el operativo militar en Huancavelica, cambió radicalmente su versión sobre los hechos ocurridos el pasado 25 de abril. El joven denunció que efectivos del Ejército lo obligaron, bajo amenaza de muerte, a firmar una confesión falsa donde admitía transportar armamento y sustancias ilícitas para justificar el ataque que dejó un saldo de cinco personas fallecidas.

En su nuevo testimonio, Acuña Quispe afirmó que los uniformados no estaban identificados y vestían ropa civil con capuchas, lo que generó pánico entre los ocho ocupantes del vehículo. «No pensábamos que eran militares; el conductor habría pensado que eran rateros», explicó el sobreviviente, justificando así el intento de fuga de la camioneta ante lo que creyeron era un asalto. Durante la intervención, la patrulla militar realizó aproximadamente 60 disparos contra el vehículo civil.

La defensa de las víctimas resaltó que, tras las diligencias en la escena, las autoridades no hallaron armas ni droga, lo que contradice la hipótesis inicial de un enfrentamiento con narcotraficantes. El abogado de los deudos calificó la primera declaración de Acuña como un «invento del Ejército» para encubrir una intervención arbitraria e ilegal. Por su parte, los familiares sostienen que los fallecidos eran jóvenes que retornaban de un evento deportivo.

Pese a que el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, informó que uno de los fallecidos era un ciudadano colombiano con antecedentes por tráfico de armas, las inconsistencias en el operativo mantienen la presión sobre la Fiscalía. El caso dio un giro crítico al revelarse que el joven sobreviviente solo se entregó cuando vio llegar a una patrulla debidamente uniformada, sintiéndose seguro tras haber permanecido oculto por temor a los atacantes iniciales.