La gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez Ayala, exhortó al presidente de la República a observar la autógrafa de la Ley N.° 11658. La autoridad regional consideró que la decisión del Ejecutivo resulta determinante para preservar la paz social y evitar un conflicto territorial con Tacna que afecte al sur del país.

Ante el descontento de la población, la sociedad civil moqueguana anunció el inicio de un paro indefinido a partir de este martes. La titular de la región señaló que el gobierno central tiene la oportunidad de mitigar la tensión política si adopta una postura que priorice la estabilidad social.

Delegación de autoridades viaja al Congreso de la República

Como parte de las acciones institucionales, una comitiva integrada por la gobernadora regional y los alcaldes de las tres provincias de Moquegua se trasladará este martes a la capital de la república. La concentración de las autoridades se programó para las 8:00 a. m. en la sede del poder legislativo.

El objetivo principal de este viaje es solicitar una audiencia con la Presidencia del Parlamento para exponer formalmente la posición técnica y legal de la región. Las autoridades provinciales buscan frenar la aplicación del polémico dispositivo legal que vulnera la actual demarcación territorial.

Cuestionan falta de convocatoria de la PCM y el Parlamento

Gutiérrez Ayala criticó duramente el procedimiento legislativo debido a que el Gobierno Regional de Moquegua quedó excluido de las mesas de trabajo técnico. La Comisión de Descentralización del Congreso y la Secretaría de Demarcación Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros omitieron convocar a los representantes moqueguanos.

Esta exclusión administrativa ocurrió a pesar de que durante el año 2025 la administración regional presentó una oposición formal y documentada contra la iniciativa legislativa. Sin embargo, el proyecto continuó su trámite regular en las comisiones hasta recibir la aprobación final por parte del Pleno del Congreso.

Impacto técnico en Quebrada Honda y distribución del canon minero

En el aspecto técnico, la gobernadora aclaró que actualmente no existe una ley que establezca los límites definitivos entre Moquegua y Tacna, sino que se emplean referencias cartográficas. La modificación de los puntos de inicio de la demarcación afectaría directamente a sectores como Quebrada Honda, ubicado en el distrito de Torata.

Finalmente, la autoridad advirtió que esta controversia alterará la distribución futura del canon y las regalías provenientes de la actividad minera en la zona. Esta variación afectará los recursos económicos generados por los proyectos mineros de Toquepala, Cuajone y Quellaveco, lo que perjudicaría el presupuesto para obras públicas regionales.

Una delegación de funcionarios, autoridades locales y comuneros realizó este domingo un acto de afirmación cívica en la comunidad de Quebrada Honda. Los asistentes izaron la bandera y cantaron el himno regional como un símbolo de resistencia y unidad para consolidar la defensa del territorio moqueguano frente a las intenciones de modificación de los límites geográficos.

La movilización civil y política surgió como un rechazo directo hacia el proyecto Ley N.° 11658/2024-PE. Según los dirigentes comunales y los ciudadanos que asistieron a la convocatoria, esta iniciativa legislativa representa una amenaza directa contra la integridad territorial y los derechos históricos de la región.

Autoridades regionales respaldan reclamo de comunidades

El equipo del Gobierno Regional de Moquegua lideró la actividad democrática a través de su vicegobernador regional, quien estuvo acompañado por los consejeros regionales. Asimismo, los representantes de la Municipalidad Distrital de Torata y de la Municipalidad Distrital de Samegua institucionalizaron el respaldo a los reclamos de la población afectada.

Las autoridades y los líderes comunales coincidieron en la necesidad de articular acciones conjuntas entre los diferentes niveles de gobierno. Durante las intervenciones, los portavoces exigieron el respeto irrestricto a las delimitaciones vigentes y pidieron unánimemente el archivo de la propuesta del Poder Ejecutivo.

Acciones pacíficas y marco legal ante el Congreso

El llamado general de la jornada se centró en mantener la cohesión de las instituciones públicas y la sociedad civil organizada. Los participantes destacaron que el proceso de resistencia y la defensa del territorio moqueguano se sustentarán firmemente mediante mecanismos pacíficos, canales democráticos y argumentos técnicos dentro del marco legal.

La jornada cívica culminó con una declaración conjunta de los sectores sociales y políticos locales. El pronunciamiento reafirmó el compromiso de preservar la soberanía interna y de impedir la aplicación de cualquier medida normativa que vulnere el patrimonio geográfico o afecte el desarrollo socioeconómico de la población.

La condena a más de 33 años a la banda Los Raqueteros de Alto Ilo fue dictada por el Poder Judicial tras la acusación del Ministerio Público, que logró una sentencia de 33 años y 9 meses de prisión efectiva contra cuatro integrantes de esta organización criminal. El fallo se emitió el 27 de junio de 2026 en la provincia de Ilo.

Los sentenciados fueron identificados como Yordi Ríos García (21), Rafael Broitner Martínez Melchor (48), Kent Roger Guerra Vela (33) y Catherine Flores Pérez (40), hallados culpables de robo agravado con uso de arma de fuego.

Banda replicaba modalidad delictiva violenta

Según la investigación, la organización buscaba implementar en Ilo el denominado “raqueteo”, una modalidad de asalto rápido y coordinado mediante vehículos.

Los delincuentes seleccionaban a sus víctimas al paso y las interceptaban en segundos, utilizando armas de fuego para reducirlas y sustraer sus pertenencias.

Captura en flagrancia y pruebas clave

La Policía Nacional del Perú logró la captura de los implicados cuando se desplazaban en un vehículo Toyota Yaris de placa B9J-019.

Durante la intervención, se incautó un arma de fuego, además de celulares, billeteras y dinero en efectivo. Estos elementos fueron determinantes en el proceso judicial.

Fiscalía sustentó acusación con pruebas contundentes

El fiscal Hugo Ajahuana Condori, del Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ilo, presentó pruebas como peritajes técnicos, registros de cámaras de seguridad y testimonios.

Los hechos se remontan al 16 de agosto de 2025, cuando la banda asaltó a tres personas para robarles dinero y objetos personales.

Reparación civil y ejecución inmediata de la pena

El juzgado ordenó la ejecución inmediata de la condena, pese a posibles apelaciones. Además, dispuso el pago de S/ 3,500 como reparación civil a favor de los agraviados.

También se determinó el decomiso definitivo de los bienes incautados durante la intervención policial.

Con este fallo, el Ministerio Público y las autoridades buscan reforzar la lucha contra la delincuencia organizada en la región y evitar la expansión de nuevas modalidades delictivas.